Si Sánchez creía que la pantomima del viernes, dando por rotas unas negociaciones con el independentismo catalán que aun no están rotas, iba a servir para desincentivar la participación de los ciudadanos en la manifestación de hoy domingo, ahora ya sabe que se equivocaba. Por mucha agua que la Delegación del Gobierno le quiera echar al vino de las cifras reales, ahí están las imágenes que reflejan la verdad. Negar la evidencia es hacerse trampas en el solitario.
No tengo dudas de que, a partir de ahora, el Gobierno tratará de utilizar el éxito de la Oposición para meterle el miedo en el cuerpo a los independentistas catalanes. Con el triunfo de la derecha tatuado en la calle, unas elecciones inmediatas solo pueden conducir —dirán— a la aplicación fulminante del 155. La pelota queda en su tejado. Si no hay Presupuestos llegarán los represores. De ahí que haya comenzado a esgrimirse ya, como un espantajo, la amenaza del super domingo.
A la espera de lo que decidan hacer finalmente los políticos catalanes —hasta la votación presupuestaria del miércoles cualquier cosa puede pasar— la presión psicológica irá en aumento. La partida no ha terminado. Y el final previsible tiene mala pinta. Para darse cuenta de ello basta con repasar los acontecimientos recientes que nos han traído hasta aquí.
Los independentistas veían con asombro, y con indisimulado fastidio, que Calvo y Batet llegaran mucho más lejos en las conversaciones privadas que en las declaraciones públicas. Cada vez que la prensa les preguntaba cómo iba la cosa, las damas del banco azul sacaban a pasear las célebres líneas rojas. "Nada fuera de la Constitución", decían. "Del referéndum no se habla". Pero no era cierto. Artadi y Aragonés reportaban ante los suyos versiones muy distintas a las que pregonaba el Gobierno a micrófono abierto. Los más radicales, atentos al testimonio de Moncloa, perdían la paciencia y miraban a Torra con desprecio. ¿En qué había quedado su aguerrida promesa de llevar el procés a la cima del éxito? Los caudillos de los CDR clamaban contra la traición de los suyos.
De ahí surgió la demanda del mediador. Las conversaciones bilaterales necesitaban un fedatario público. Y ya puestos, de nacionalidad extranjera. Alguien, ni español ni catalán, que pusiera al mismo nivel a las partes en litigio. Un vocero independiente. Ya era hora de publicitar la verdad: la idea de un referéndum estaba sobre la mesa. Carmen Calvo le había dado hilo a esa cometa. En los documentos de trabajo que intercambiaron las partes hay pruebas irrefutables de que el Gobierno estaba dispuesto a que pudiera hablarse del derecho de autodeterminación. De otro modo, el apoyo a Sánchez se volatilizaría. Ni presupuestos ni estabilidad. Fin de la coyunda.
El Gobierno tiró de las bridas cuanto pudo, que fue más bien poco. ¿Hablar de autodeterminación? Digamos mejor hablar de todo con total libertad. Es lo mismo pero acojona menos ¿Mediador? Es preferible llamarle relator. Ojo con las palabras que pueden buscarnos un lío ¿Extranjero? Eso, ni de broma. Se nos caería el mundo encima. Catalán y va que chuta. A partir de ahí hubo un infructuoso cruce de nombres y el toma y daca, como dijo Isabel Celaá tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del día 1, acabó en un punto ciego. "Ambas partes se han dado un tiempo para repensar. No es bueno dejarse llevar por las emociones". Pero tampoco era verdad. La portavoz confundía los deseos con los hechos.
El independentismo no tenía nada que repensar. Si Sánchez quería aprobar los presupuestos tenía que pagar el precio estipulado: gesto de la fiscalía, mediador internacional y mesa de diálogo para alcanzar el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Ese era el trato. Joan Tardá, después de presentar el lunes por la mañana en el Congreso una enmienda de devolución de las cuentas del Estado, lo dejó muy claro. Para que su partido la retirara, el Gobierno ya sabía lo que tenía que hacer.
Ajeno a lo que estaba pasando entre bastidores —él y todos los barones de su partido—, Guillermo Fernández Vara, presidente extremeño y otrora escudero de Susana Díaz en la oposición al sanchismo, vio el cielo abierto cuando el portavoz de ERC anunció la presentación de la enmienda. "¿Dónde están aquellos que decían que había un pacto secreto?", se apresuró a preguntar en voz alta. Estaba feliz porque la aparente ruptura catalana le quitaba un gran peso de encima. No podía sospechar que tendría que comerse sus palabras dos horas más tarde.
Por inverosímil que pudiera parecerle —a él y a sus pares, insisto—, el Gobierno se descolgó a mediodía del lunes con la asombrosa confesión de que aceptaba pagar parte del precio exigido por los separatistas catalanes. Sí al relator. "¿Mediador?", preguntó la prensa. "Facilitador", balbució Carmen Calvo mientras llevaba un soplido de aire a su flequillo. Sus palabras retumbaron como el primer trueno de una gran tormenta.
Los editoriales de la prensa de volvieron incandescentes, la oposición hablaba de felonía mientras amenazaba con encaramarse a la moción de censura y los secretarios regionales del PSOE pedían que se reuniera con urgencia el consejo territorial del partido. "Aprobar un presupuesto no justifica poner en cuestión la decencia", bramó Lambán. "Tengo muchas ganas de decir lo que pienso", tronó García Page. "No entiendo nada", rectificó apesadumbrado Fernández Vara. "Es un disparate", sentenció Alfonso Guerra. "Es un ataque muy peligroso a la democracia", dijo Felipe González.
Sánchez se dio cuenta de que no podía seguir dándole munición a todos sus enemigos —en el interior del PSOE y en las bancadas opositoras— y a pesar de que Pablo Iglesias le aconsejó el miércoles que aguantara el tipo, decidió plantarse. No retiraba la apuesta, pero se negaba a elevarla. A partir de ahí, que los catalanes decidieran si querían subirse al único tren que podía llevarles más lejos que nunca o preferían quedarse en tierra. La prueba de que la apuesta seguía en pie fue el documento que distribuyó Carmen Calvo, el viernes a mediodía, entre los periodistas que cubrían la rueda de prensa posterior al consejo de ministros.
La propuesta gubernamental —lo más parecido que he leído nunca a la confesión de un crimen— ratificaba la decisión monclovita de acceder a cinco de las seis peticiones del separatismo catalán:
1. Mesa de diálogo al margen del cauce institucional, es decir, a espaldas del Parlamento.
2. Con relator independiente.
3. Compuesta por una representación paritaria de los partidos catalanes y estatales.
4. Abierta a que cada participante pueda plantear sus propuestas con toda libertad, es decir sin exclusiones.
5. En el marco de la seguridad jurídica (fórmula abstrusa ideada ex profeso para omitir la referencia a la Constitución).
Las dos únicas peticiones independentistas rechazadas por Sánchez fueron las del gesto de la fiscalía y la inclusión del derecho de autodeterminación —así expresado— en el catálogo de las deliberaciones. Le primera, porque no estaba en su mano. La segunda, porque la daba por subsumida en el acuerdo alcanzado por Calvo y Artadi de que pudiera hablarse de todo (todo significa todo) con total libertad. Pero los separatistas no se conformaban con medias palabras ni victorias interpretables. Buscaban un triunfo por goleada. Explícito. Inapelable. Ese desacuerdo fue, a la postre, el motivo de la ruptura. De esa forma, la anécdota sobrepujó a la categoría.
¿Alguien puede creer que por esa riña de matiz el Gobierno salva la cara? La manifestación de hoy domingo deja muy claro que no. La traición está consumada en lo fundamental, y si no llega a materializarse será porque la avaricia separatista rompa el saco del botín, no porque la virtud del Gobierno rechace la felonía. De aquí al miércoles, ERC y PDeCat tendrán que sopesar si alargan la legislatura o la cercenan. No creo que lo hayan decidido todavía. Pero me temo lo peor. Y mientras Sánchez siga en el poder, la Nación corre máximo peligro.