Cuando Rajoy quiere hablar claro, aunque parezca increíble, lo borda. No le importa que esa claridad tan infrecuente en él se ponga al servicio de falsedades flagrantes. Pongamos un ejemplo: el pasado miércoles día 11, en la rueda de prensa conjunta con Mauricio Macri en Buenos Aires, valoró así las declaraciones de la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley, mostrándose satisfecha por la puesta en libertad de Puigdemont:
"El planteamiento del Gobierno alemán ha sido modélico y su comportamiento ha sido el propio de una nación europea de las clásicas y de primera".
Necesitaba que Merkel percibiera con claridad meridiana que el Gobierno español estaba dispuesto a meterse su orgullo en salva sea la parte con tal de no tocarle las narices a la nación que corta el bacalao en lo que va quedando de Europa y se abstuvo de hacer juegos de palabras que pudieran oscurecer su indignidad. Lo que dijo era mentira, por supuesto. Lo sabíamos los españoles, que estábamos al tanto de la protesta que le había trasmitido por vía telefónica el ministro Catalá a su homóloga teutona, y lo sabían los alemanes más sensatos, que aún se hacen cruces por la conducta pública de la titular de la cartera de Justicia de su país.
Recomiendo vivamente la lectura del artículo que firmaba el sábado en El Mundo Jürgen Donges, catedrático emérito de la Universidad de Colonia:
"El que la ministra Katarina Barley, en unas declaraciones públicas, haya expresado la posibilidad de que Puigdemont finalmente no será entregado a España y podrá disfrutar de las ventajas de residir en un país libre como Alemania, es inaceptable; supone una intromisión política en un asunto judicial e infringe así el principio fundamental de la separación de poderes en un Estado de Derecho. Además es un despropósito insinuar que España pudiera no ser un país libre".
El profesor Donges, con la libertad de espíritu que le confiere su doble condición de alemán y de catedrático universitario, defiende en ese artículo lo que el presidente del Gobierno se negó a defender por cálculo político.
Así es Rajoy: diáfano cuando quiere y opaco cuando le conviene, que suele ser casi siempre. En el caso Cifuentes, le conviene. Es su refugio cuando no sabe qué hacer. El partido está atento a la posición de su dedo pulgar. Que señale hacia arriba o hacia abajo no solo dirimirá el futuro político inmediato de la presidenta autonómica madrileña, también indicará qué bando interno del PP gana el pulso que se ha planteado en torno a la cuestión de obligarla a dimitir o defenderla a cualquier precio.
En este momento el partido está dividido en dos bloques. Hay un auténtico pulso de damas. El sector que pastorea María Dolores de Cospedal es partidario de resistir el órdago de Ciudadanos y el que controla Soraya Sáenz de Santamaría quiere que Cifuentes se vaya cuanto antes a su casa. Se podrá pensar, no sin razón, que éstos últimos -tal vez no ajenos del todo a la génesis del tiberio-, defienden su tesis movidos por intereses bastardos. Es posible. Pero eso no quita para que, en las actuales circunstancias, su razonamiento formal sea el más beneficioso para los intereses del PP.
Los seguidores de la secretaria general piensan que hay que obligar a Ciudadanos a pagar las consecuencias que le acarrearía el hecho de apoyar una moción de censura que ponga en manos del PSOE la presidencia madrileña. Sostienen que un partido que quiera merecer el aprecio del electorado tiene que dejarse chulear por Albert Rivera, por mucho que ese gesto de autoafirmación les arrebate el control de la comunidad autónoma madrileña a un año vista de las elecciones. Confían en recuperarlo en mayo de 2019. Humildemente, creo que se equivocan.
Es posible que a Ciudadanos le perjudicara convertirse en cómplice del derrocamiento injusto de una persona honrada, pero aún le perjudicaría más no hacer todo lo posible para apartar del poder a una mentirosa, sobre todo si puede esgrimir el argumento de que le brindó al PP la oportunidad de preservar el poder en manos de otra persona. Lo que hay detrás de esa actitud de Ciudadanos no es un chantaje. Cálculo político, puede. Optimización de la coyuntura, seguro. ¿Pero alguien puede censurar que un partido político se comporte como tal?
Lo que sí es censurable, en cambio, es la actitud de negar la evidencia. Todos los indicios indican que Cristina Cifuentes no ha dicho la verdad a la hora de defenderse. El juicio público no le favorece. Es posible, aunque no probable, que sea un juicio equivocado y que debamos arrepentirnos de haberlo emitido si llegara a demostrarse lo contrario. Pero hoy por hoy nada apunta en ese sentido. Más bien al contrario.
Si el PP quiere convertirse alguna vez en el partido que de verdad combate la corrupción y trata de erradicarla de su feudo no tiene más remedio que comportarse con escrupulosa ejemplaridad. No está el patio para disquisiciones de manga ancha. Si desoye el veredicto de la calle y se inclina por anteponer intereses de consumo partisano al ejercicio quirúrgico de acabar con la desfachatez no hará otra cosa que agrandar aún más la brecha abierta con su electorado.
Perderá los votos y la dignidad y encima no salvará la cabeza de la presidenta 'masterizada'. Su alternativa no es irse o quedarse, sino irse por las buenas o por las malas. Rajoy no tiene escapatoria.