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La excarcelación de Galindo

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Cuando el Constitucional buscó la excarcelación de la Mesa Nacional de HB no se encontró con tantas facilidades como las que tiene ahora para conceder el amparo parcial a los condenados por el asesinato de Lasa y Zabala. Los dos procesos judiciales vienen a confirmar que las causas con relevancia pública se resuelven con criterios más cercanos a la oportunidad política que a la racionalidad jurídica.

Después de dos sentencias condenatorias durísimas para Enrique Rodríguez Galindo, Julen Elgorriaga, Enrique Dorado y Felipe Bayo ahora, gracias al fiscal y al abogado del Estado, el Constitucional dispone de sólidos argumentos para conceder amparos parciales. Curiosamente, esas razones las ha maquinado el Ministerio Público, el mismo que en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo solicitó duras penas para Galindo y sus hombres. Habría que preguntar a los fiscales de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo y Jesús Santos qué opinan del principio de unidad jerárquica.

Habría que preguntar también al fiscal del Constitucional, Juan Cesáreo Ortiz Úrculo, por qué se opuso a la admisión del recurso de amparo si poco después iba a informar a favor del amparo parcial. En aras de ese principio de unidad jerárquica, no se entiende el cambio de postura del acusador público, salvo que, como ya ocurrió con la Mesa Nacional de HB, el Gobierno haya considerado que Galindo no debe pasar mucho más tiempo en prisión. En el año 96, el PP debilitaba al PSOE aireando los procesos de los GAL. Han pasado seis años desde entonces y ahora hay mucha gente –hay clamor popular, según algunos– que solicita la excarcelación de Enrique Rodríguez Galindo, el hombre que detuvo más comandos de ETA.

El informe de Ortiz Úrculo es un gran favor al Gobierno. El ejecutivo no se atrevería a indultar a una persona condenada por dos asesinatos, pero sí podría conceder el perdón si finalmente la sentencia de Galindo se redujera a una simple detención ilegal, como pretende el fiscal. Además, si finalmente el Constitucional asume el criterio de Ortiz Úrculo y del abogado del Estado, ni siquiera será necesaria la vía del indulto porque los hechos delictivos reconocidos estarán prescritos.

La detención ilegal de Lasa y Zabala se produjo en el año 83, pero a efectos de prescripción se considera el año 96, fecha en la que el juez Javier Gómez de Liaño reactivó el sumario. Para eludir la prescripción de este delito, los jueces de la Audiencia Nacional tuvieron en cuenta su conexión con un delito más grave, el del asesinato; pero si ahora el Constitucional echa por tierra el delito de asesinato, la detención ilegal por sí sola habrá prescrito. Conclusión, ni asesinato, ni secuestro. El Gobierno presenciará las excarcelaciones desde la barrera, sin mancharse las manos. Es la grandeza del Derecho.

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