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Tragar sapos

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El desacuerdo entre el PP y PSOE para renovar los cargos institucionales refleja hasta qué punto todos los protagonistas de este grandioso Pacto pueden tragarse sapos: los futuros vocales del CGPJ, los futuros magistrados del TC y los del Tribunal de Cuentas siguen en vilo, preguntando "por lo suyo", pero a ninguno su dignidad le pide dimitir de lo que nunca ostentó, más allá de conversaciones de mesa de camilla. Parece que el poder —en el caso de algunos— o el dinero — en el caso de otros— les ayuda a sobrellevar la incertidumbre y las críticas.

Si se trata de tragarse sapos, hay que mencionar el espectáculo que se prepara para el próximo jueves: todo un presidente del Supremo — eso sí, presidente en funciones— presentándose ante los diputados para dar a conocer su vitae. Como el opositor que comparece ante un tribunal, Delgado
Barrio tendrá que olvidarse por un momento de su "ilustre" pasado judicial y se habrá de presentarse ante los diputados como un jurista más, que aspira a una plaza en el Tribunal Constitucional. Junto a él comparecerá Roberto García Calvo que también tendrá que hacer el paripé de "venderse" ante quienes le han tildado de franquista y bestia negra. Al igual que ellos, José Antonio Alonso tendrá que explicar su historial profesional porque es un juez que ha sido elegido por el turno de juristas . Tres buenos sapos.

EL PP y PSOE tendrán además que idear la forma de llegar a un acuerdo para que parezca que aquí no ha habido perdedores: Rato no rectificará, como pretende el PSOE; pero dicen que la cura de humildad consistirá en que el viernes él mismo comparecerá después del Consejo de Ministros para dar a conocer el nombramiento de Jaime González, el del famoso chantaje del PSOE.

En resumen, tanto sapo mal digerido, tanto desacuerdo y tanto enfrentamiento evidencia que el poder judicial importa poco al poder legislativo. Y a su vez, el poder legislativo queda supeditado al poder ejecutivo. Al final parece que son cuatro (dos del PSOE y dos del PP) los que determinan el rumbo de las más altas instituciones del Estado. El daño ya está hecho.

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