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Estatut

Ahora la ley no actúa

En el resto de España deben tener ustedes una mezcla de sentimientos con lo que les llega de Cataluña. Deben estar entre hartos, fritos, asombrados, asustados y con ganas de crear un grupo en Facebook de apoyo a Boadella para dar a Cataluña la independencia con sólo enviar un sms. Los que vivimos aquí ya estamos acostumbrados. Curiosamente, el mejor ejemplo de la descomposición de la clase política catalana no son las declaraciones de Artur Mas, o las de Jordi Pujol, o las de Joan Herrera o la nueva legalidad que quiere crear Joan Puigcercós. El mejor ejemplo de que los políticos que nos han caído en suerte funcionan con un fusible averiado, es ver a Manuela de Madre apoyando al juez que ha metido en la cárcel a su sucesor en la alcaldía de Santa Coloma y que, hasta hace dos días, era el segundo de su señor esposo en la diputación de Barcelona. Al pobre Bartu le tiene que haber sentado regular. Garzón fue responsable de la imagen del alcalde de Santa Coloma esposado recogiendo una bolsa de basura; Manuela de Madre estaba en primera fila aplaudiendo a los trasnochados que apoyan a Garzón. 

Entiendo que son más importantes las declaraciones de Artur Mas, aunque hasta eso podamos discutirlo. Para empezar, ni siquiera es una idea original suya. En octubre del año pasado, Joan Ridao ya registró una solicitud similar. Entonces pasó desapercibida, pero ya dijo Ridao que quería sustraer al Constitucional del enjuiciamiento de los estatutos de especial singularidad, como el vasco y el catalán. Sirva este artículo como denuncia y que la SGAE le pase la factura a CiU. Pero es que además de estar copiada, la propuesta del señor Mas no es muy diferente de la teoría sobre la presunción de constitucionalidad que creó el ministro Caamaño y que, al menos, suena un poco más suave que lo de acabar con las atribuciones del Constitucional. "Es constitucional lo que hemos aprobado nosotros" es más amable que "no podéis revisar lo que hemos aprobado nosotros", aunque sea lo mismo. 

El problema al señor Mas le viene cuando se mete a elucubrar sobre la prevalencia entre la ley y la voluntad del pueblo. Dar prevalencia a la voluntad de un pueblo, parte de otro, sin contar con ese otro y por encima de la ley, es una propuesta que Artur Mas no puede sostener. Por ejemplo, la ley permite regularizar las deudas tributarias a los que han recurrido a los paraísos fiscales para pagar menos impuestos. Sin duda, la voluntad popular hubiera llevado al defraudador a la cárcel y si hubiera tenido un hijo consejero de Economía, a éste al paro. 

Las leyes amparan, protegen y garantizan que los políticos como el señor Mas puedan hacer de la política un medio de vida. La ley les otorga unos privilegios que están muy por encima de su productividad, en muchos casos limitada al propio beneficio. De verdad, no les conviene abrir algunos melones. No quieran saber cuál es la voluntad popular.


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