Yo les quería hablar de Bernardo Ortiz, un niño monísimo, que tiene apenas unos meses de vida, que ha nacido en España –Lérida es España, de momento–, es hijo de un español y las leyes españolas le otorgan la nacionalidad española. Es pequeñito, pero es español. Sin embargo, Bernadito no tiene derecho al cobro de los dos mil quinientos euros del famoso cheque bebé porque su madre es japonesa, aunque lleva residiendo legalmente en España más de un año.
Casualidades de la vida, me enteré de esto el viernes pasado, cuando su padre me lo explicó, y el domingo se publicaba en La Razón una reseña de la protesta de unos padres que se encuentran en la misma situación.
El origen está en la Ley 35/2007, de 15 de noviembre, que regula el cheque bebé. Si bien la exposición de motivos de la ley menciona un porrón de veces la importancia de la familia y del artículo 39 de la Constitución española, la ley es discriminatoria –algo que se ha puesto de moda en la España zapatera del catálogo de derechos y libertades de las cejas– y los niños españoles de padre español y madre extranjera, aunque ésta sea residente legal, no tienen derecho a cobrar el cheque.
Como les decía la exposición de motivos habla de:
La protección adecuada de la familia. De la familia como un elemento esencial de la sociedad. De incrementar el apoyo otorgado en nuestro país a la familia (...) dado que merece una protección prioritaria. De que la prestación trata de compensar los gastos ocasionados por la incorporación de un nuevo hijo a la unidad familiar y que viene a complementar, en el ámbito de apoyo a las familias y de facilitar una integración efectiva de las políticas de apoyo a las familias.
Mentira todo.
Para abreviar, decirles que la ley ayuda únicamente a las madres, españolas o extranjeras residentes éstas últimas en España de forma legal durante, al menos, dos años. Es decir, un niño español, nacido en España de padre español y madre extranjera, residente legalmente en España, pero durante un periodo inferior a dos años, no tiene derecho a los dos mil quinientos euros, a no ser que la madre muera, que no es plan.
Sin discutir la bondad de las ayudas –que sería otro tema–, lo que no pasa es la desigualdad y la injusticia consagrada por el Gobierno que más presume de lo contrario. Como no debería ser de otra manera, el derecho a los dos mil quinientos euros deberían tenerlo cualquiera de los dos padres por el nacimiento en España de un niño español; y respecto a los padres extranjeros, establecer un tiempo de residencia legal, pero nunca discriminar a los padres españoles que tengan niños españoles en España, que parece mentira tener que decirlo.
Es de suponer que la pobre Bibiana de esto no tiene ni idea, como de todo lo demás. Le iba a explicar, señora ministra, que la ley es inconstitucional y que usted, como ministra del ramo, es la primera responsable; pero da igual, que no quiero abrumarla. Hablando de algo que usted domina, si vuelve a comunicarse vía satélite con Nicole Kidman, dígale de mi parte que se ha pasado con la silicona.