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Maite Nolla

El milagro de P Punto

Tanto el PP como el PSOE alfombraron durante años una legislación a su medida. Crearon hasta un impuesto propio que no era un impuesto y que se sigue sosteniendo pese a que hace años que debía haber sido declarado ilegal.

Maite Nolla
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Uno de los pocos elementos que quedaban de vertebración de España se está derrumbando. La entidad de gestión más poderosa y más odiada, esa especie de agencia tributaria para los asuntos culturales, puede estar viviendo el principio de su desaparición, al menos tal y como la hemos conocido hasta ahora; eso sí, para satisfacción de mucha gente a la que le aplicaron la apisonadora gracias a la colaboración de todos nuestros queridos poderes públicos. De todas formas, en este asunto les recomiendo precaución en las valoraciones porque no sería la primera vez que vemos grandes despliegues policiales, con maleteros llenos de cajas de cartón y ordenadores, para que meses después los jueces deriven los asuntos caminito del archivo o de la nada. Y los que cuajan, duran tanto que los perjudicados tienen la sensación, muy real, no sólo de que han sido estafados, sino de que al estafador la cosa le ha salido muy barata. Al menos aquí –de momento– no consta que la policía se haya incautado de bolsas con sangre, aunque no sería de extrañar.

Al margen de lo que realmente haya pasado y de lo que se descubra que se hacía con el dinero que se cobraba, el verdadero problema de la SGAE es que toda su actividad recaudatoria era legal. Tanto el PP como el PSOE alfombraron durante años una legislación a su medida. Crearon hasta un impuesto propio que no era un impuesto y que se sigue sosteniendo pese a que hace años que debía haber sido declarado ilegal. Las entidades de gestión eran medio públicas cuando les convenía y medio privadas cuando les daba la gana. La persecución de peluquerías, bares, bodas, comuniones, actos benéficos, ayuntamientos o peñas no se hacía de forma impune: se hacía porque era legal. Acudir a un bar a pedir un pago anual por no se sabe qué, a cambio de evitar un juicio carísimo y con todas las de perder, se hacía porque lo permitía la Ley. Y en la duda, los jueces de toda España daban sistemáticamente la razón a la SGAE en todo tipo de procedimientos. Así, resulta que teníamos una legislación civil y penal desproporcionada, seguramente inconstitucional y ciertamente contraria a la legislación europea, y una interpretación judicial de la misma siempre favorable a estas entidades y a sus intereses. Sólo un heroico juez de Granada y algún que otro despistado consideraban fuera de lugar que un mantero pagara con un año de cárcel lo que no debería ser más que una infracción administrativa. Otra cosa es que a partir de la famosa sentencia sobre el canon indiscriminado haya cambiado algo; pero no tanto por su propia voluntad, sino obligados por lo que dicen en Europa.

Por eso, no piensen ustedes que la eventual desaparición de la SGAE va a ser poco menos que un milagro obrado por "Alfredo P punto". Mientras el sistema siga vigente, otros vendrán que ocuparán su lugar; y si no, al tiempo.


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