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Maite Nolla

Jardiland extremo

Ya no hay que escuchar las propuestas de los indignados, como dijo antes de compungirse toda ella la señora Chacón; ahora, los socialistas requieren a la policía para que utilice la porra con los acampados, como forma de comunicación no verbal.

Al menos en Lérida –supongo que en la Puerta del Sol la situación debe ser parecida–, el movimiento revolucionario había derivado en una especie de Jardiland extremo o en una versión hardcore de Leroy Merlin. Es como si unos okupas hubieran tomado al asalto la zona de jardín del Ikea de Zaragoza con todas sus consecuencias. Digo había, porque aquí se ha procedido ya al desahucio exprés. Visto que aquello no ha servido de nada, que el tratamiento desproporcionado e inmerecido del fenómeno a lo mejor lo que hizo es acabar de convencer a los que ya estaban hasta el píloro de Zapatero, los alcaldes empiezan a ver un problema de suciedad en lo que era un movimiento político heterogéneo y al que había que estar atentos. Y en esto, tengo que decirles que mi alcalde encabeza el ránking de los hipócritas que dieron cuerda al tema hasta que dejó de hacerles gracia.

El caso es que el alcalde de Lérida dice ahora que en las plazas no se puede vivir ni acampar; desde el pasado domingo, claro, y con una mayoría absoluta debajo del brazo. Ahora al señor alcalde le molesta que una plaza recién inaugurada esté hecha unos zorros; hasta el domingo le dio igual. El alcalde hizo la vista gorda con el movimiento, hasta el punto de que el cierre de campaña socialista se celebró apenas a cien metros de donde estaban los indignados, bajo la sospecha de una entente. ¿Imaginan que el cierre de campaña del PP en Madrid se hubiera hecho en Callao? Les hubieran tirado hasta las papeleras. El problema es que los comerciantes y hosteleros de la zona están ya hasta el gorro del asunto y aquí los mossos han entrado haciendo pocas preguntas. Ya no hay que escuchar las propuestas de los indignados, como dijo antes de compungirse toda ella la señora Chacón; ahora, los socialistas requieren a la policía para que utilice la porra con los acampados, como forma de comunicación no verbal.

El señor alcalde tiene toda la razón, por mucho que hasta ahora haya sido presunto cómplice, en el sentido técnico-jurídico del término. La invasión de las Quechuay de las 2seconds se ha convertido en una agresión permanente y en una forma de hacer daño a personas que no tienen ninguna obligación de soportar el cierre de sus negocios por la estupidez de los políticos. Cierto que hasta el domingo fue maldad y silencio. Por eso, desde el primer día, desde el famoso 15-M, el Estado y los ayuntamientos cómplices, como el de Lérida o el de Madrid, son responsables de cada céntimo que hayan perdido y que pierdan los señores que tienen un bar, una tienda o un hotel, ahora ocultos bajo una capa de carteles, toldos e indignados. Y vale ya.

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