Hace unos días les comenté la sentencia de 22 de mayo de 2007 del juzgado de lo penal número 6 de Granada. Como recordarán, y si no se lo recuerdo yo, el juez absolvió a un mantero, por considerar que su conducta no era constitutiva de delito. El mantero infringía una decena de normas administrativas, empezando por las de prohibición de venta ambulante y las de horarios comerciales. Tampoco paga impuesto alguno, vulnera la prohibición de hacer rebajas fuera del periodo legalmente establecido con el regateo y, además, en Cataluña, el partido socialista le puede multar por no rotular el producto pirata en catalán. También vulnera las normas civiles de la ley de propiedad intelectual, como es normal. Pero de ahí a ir al talego hay un trecho, sobre todo si tenemos en cuenta que esta semana el empresario modelo del nacionalismo moderado se ha conformado con una pena de tres años en una de sus visitas habituales al juzgado.
Aunque esta sentencia me parezca correcta, el límite de la función de los jueces, de los aplicadores jurídicos que diría don Lorenzo Martín Retortillo, no está muy claro. La tentación de pasar de aplicar el derecho a ponerse a legislar, es, cada vez, mayor. Hay que ir al caso y comprobar si lo que está mal es la ley, si la ley deja margen al juez o si el juez se mete a creador.
A la cabeza de lo desconcertante está el Tribunal Constitucional. Seguramente porque la opinión pública tampoco tiene muy clara su función. El Constitucional no es poder judicial y no es la última instancia judicial. La ley lo define como el supremo intérprete de la constitución, aunque desde su inicio se haya dedicado a favorecer, por igual, a socialistas y nacionalistas.
En tanto no se resuelve el recurso contra el Estatut, no sea que perjudique a las expectativas electorales de Carmen Chacón, sus ilustrísimas han publicado dos sentencias curiosas. La primera es la número 235, de 7 de noviembre de 2007, que ha declarado que negar el genocidio no es delito, con gran aplauso de la clase jurídico-progresista-nacionalista de Barcelona. Es decir, la difusión de ideas que nieguen el holocausto ya no es delito en España, porque lo dice el Constitucional, pese a varios votos particulares contrarios y cargados de sentido común.
La otra, es más conocida y es la que se refiere a la Ley de Igualdad. La sentencia declara que prohibir la lista de Garachico, es decir, prohibir una lista compuesta exclusivamente por mujeres, es constitucional. Lo que más me impactó después de oír esta solemnidad, fue ver a las candidatas socialistas haciéndose la foto, celebrando la sentencia. En España las mujeres socialistas celebran que no se pueda presentar una lista compuesta solamente por mujeres. Me hirió, por la cosa local, ver a la diputada por Lérida, Tere Cunillera. Recientemente se ha publicado una recopilación de sus mejores aplausos; una culiaplaudiente, que en el Congreso está acomodada entre el bigote de López Garrido y la barbita de Fernández Marugán. Pues bien, ahí estuvo la compañera Tere, comportándose como Macario, el muñeco de José Luis Moreno, diciendo aquello de "¡qué contenta estoy!"
