Pido permiso al titular de los derechos de autor y, de antemano, le agradezco que me deje utilizar la siguiente frase: son las siete de la tarde del jueves, uno de mayo, y Marcelino Iglesias sigue siendo presidente de Aragón.
Dicho esto, leía hace unos días que alguien acusaba a Daniel Sirera de haber engañado a Mariano Rajoy con el asunto de las multas. En realidad, decían, las multas son por rotular sólo en castellano si no se acompaña del catalán y no por rotular en castellano. Esa fue la respuesta de nacionalistas y nacionalistas del PSC durante las elecciones cuando se hizo público, por ejemplo, el caso Nebot. Sin embargo, antes del nueve de marzo, Zapatero dijo que estaba "más de acuerdo" con las multas y fin de la discusión. Es decir, las multas existen y al señor presidente le parece muy bien. No estar atentos a la SER no tiene perdón.
Por tanto, hoy en día, la cuestión se centra en si estamos de acuerdo o no con sancionar a un particular o a una empresa por rotular sólo en castellano en algún lugar de España. Yo creo que es, cómo lo diría, inconstitucional. Y si existe alguna ley autonómica que ampara eso, también es inconstitucional.
Hace unos días se hizo público un caso que lleva las cosas al extremo. Correos es una sociedad anónima estatal. Pues bien, en 2005 recibió la visita de los amiguitos de la Agencia Catalana del Consumo, que le impusieron una sanción de 30.000 € por rotular sólo en castellano los siguientes indicativos:
- Para retirar la correspondencia al final del vestíbulo
- Rogamos presenten su DNI para la recogida de cualquier objeto
- Recuerde consignar correctamente el código postal y la población de destino
- Envío de dinero
- Ahorro postal garantizado
- Cuenta postal
- Recarga de móviles
Además, la sanción se amplió posteriormente, ya que algunos impresos, como burofaxes o giros postales, estaban redactados sólo en castellano.
La sanción está recurrida y, si mi información no me falla, pendiente de sentencia. Con lo cual, aunque el Gobierno de Aznar no recurriera en su día la ley de política lingüística ni la normativa en materia de consumo de Cataluña, la puerta está abierta para que un heroico juez de lo contencioso-administrativo o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, si la multa acaba en apelación, planteé la cuestión de inconstitucionalidad; aunque visto como está el Constitucional es posible que no sea éste el mejor momento para hacerlo.
Pese a ser una sociedad anónima, quién está defendiendo a Correos es la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno. Es decir, los abogados del Estado están litigando en nombre de Correos contra la Generalitat, para que un juez le quite una multa, multa que al señor presidente del Gobierno le parece muy bien y con la que está "más de acuerdo". Y además, en la medida que Correos es una sociedad estatal, antes que una multa se podía haber pedido a Carmen Chacón que intercediera y doblara los rótulos, digo yo.
Para que vea Don Mariano, que no lo engañamos.
