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¿Igualdad de qué?

En el mundo imperfecto en que vivimos, la justicia depende de que las reglas sean iguales para todos. De lo contrario, el resultado es la arbitrariedad de la ley y la expoliación de unos a otros, sin posibilidad de paz ni de prosperidad.

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La disyuntiva es si debemos lograr la igualdad ante la ley o la igualdad de resultados.

Siendo que toda la gente es distinta y actúa de manera diferente ante las mismas circunstancias, no nos debe extrañar que si todos están sujetos a las mismas normas, los resultados serán desiguales. Las diferencias entre las personas son inmensas por una combinación de numerosas causas, como diferencias de edad, de lugares de residencia de los padres, diferentes parientes y amigos, diferente educación y conocimientos, diferentes aptitudes intelectuales y talentos, diferentes gustos, diferentes cualidades físicas, diferentes prioridades, diferentes ambiciones e infinidad de otras diferencias visibles o escondidas de la colectividad humana.

Como no se pueden esperar resultados iguales cuando las personas se rigen por las mismas normas de conducta, confrontamos el dilema de si queremos resultados iguales para todos necesariamente tendríamos que tratar a todos de manera desigual. Un sencillo ejemplo: si queremos que en una carrera de 100 metros todos lleguen a la meta al mismo tiempo, tendríamos que darle ventaja a los gordos y lentos, a la vez que de alguna manera frenamos a los de piernas largas. La conclusión es que para poder lograr igualdad de resultados, obligatoriamente tenemos que dar un tratamiento desigual a las personas.

Y lo peor del caso es que como no sabemos realmente quiénes sacarán ventaja sino hasta después de terminada la carrera, los ajustes habría que hacerlos retroactivamente. Es decir, hay que modificar los resultados después de que todos observaron las mismas reglas.

Esto deja claro que cuando se desea que prevalezca la igualdad ante la ley, tenemos obligatoriamente que abandonar la aspiración de igualdad de resultados. Por ejemplo, supongamos que las normas de Ley que se aplican a todos consisten en tres principios que todos deben observar:

1)      Respeto a la integridad física de las demás personas.

2)      No apropiarse de lo que otros han adquirido legítimamente y

3)      Respetar los compromisos y contratos efectuados.

Así, los resultados de la labor de la gente serán siempre desiguales por las razones apuntadas arriba. Si comparamos el bienestar y la riqueza, unos se harán ricos y otros no, aunque la experiencia de las naciones donde se ha respetado históricamente la igualdad ante la ley, la pobreza disminuye y aumenta año a año el nivel de vida de su gente.

Entonces, para lograr igualdad habría que quitarle a los más productivos, más laboriosos o afortunados para redistribuirlo entre otros menos afortunados, menos productivos o más flojos. Pero si las reglas dictaminan lo que cada quien logra con su trabajo es suyo, la población entera producirá más. Por el contrario, si se fija un tope de beneficio y la diferencia es redistribuida, la producción total decae dramáticamente. ¿Quién se va a esforzar en producir lo que sabe que le van a quitar?

Pero lo más serio del asunto tiene que ver con la convivencia social porque nadie se puede sentir justamente tratado si la ley se aplica en forma diferente. La base de la justicia es la igualdad de tratamiento.

En el mundo imperfecto en que vivimos, la justicia depende de que las reglas sean iguales para todos. De lo contrario, el resultado es la arbitrariedad de la ley y la expoliación de unos a otros, sin posibilidad de paz ni de prosperidad.
© AIPE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel F. Ayau Cordón es Ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, fue presidente de la Sociedad Mont Pelerin.

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