La historia nos enseña y la lógica lo confirma que una organización social funciona eficientemente sólo si las leyes y reglamentos respetan el derecho de propiedad de los recursos y de los medios de producción, lo cual incluye el derecho a su libre y pacífico intercambio. Es así por tres razones.
Primero, los precios deben ser reales y no inventados o adulterados porque cumplen muchas funciones necesarias para la eficiencia. Por no tener precios reales es que fracasaron los sistemas de planificación económica ensayados en todo el mundo socialista en décadas pasadas. La explicación detallada de esta realidad se conoce como el problema del cálculo económico.
Un sistema de precios reales refleja la relativa escasez de los recursos, el estado de progreso del momento, las prioridades y poder adquisitivo de las personas. Pero los precios sólo pueden cumplir su función cuando se respeta el derecho de propiedad de los recursos y medios de producción. Es así porque precisamente los precios son el resultado de esos intercambios que llamamos mercado. Un sistema mixto puede funcionar copiando y alterando precios pero sólo de una manera muy pobre, porque la eficiencia económica del sistema exige precios reales para asignar la utilización de recursos.
Segundo, sólo en una economía de mercado se dan los incentivos virtuosos y necesarios para la prosperidad de todos. Sólo en la economía de mercado sucede que la única manera honrada de mejorar es mejorando a los demás. En el mercado no hay otra opción. En una economía de mercado –y solamente en ella– las personas se esfuerzan por interés propio, compitiendo unos con otros para satisfacer las prioridades de quienes pueden afectar su patrimonio personal, es decir, de los clientes y consumidores. En otros sistemas, también por interés propio, hay que complacer a quienes tienen el poder de afectar su patrimonio personal: el funcionario público.
Y tercero, un persistente problema que impide la eliminación de la pobreza es el afán de lograr mayor igualdad económica en base a la redistribución de ingresos, utilizando para ello el sistema impositivo. Es lo que recomiendan los burócratas internacionales, a quienes tanta atención se les presta. La política de usar el sistema impositivo para reducir pobreza y desigualdades resulta contraproducente, pues empobrece también a los pobres. La disyuntiva real es entre intentar reducir las desigualdades por la fuerza de la ley impositiva o reducir la pobreza misma. Lo uno excluye a lo otro y me temo que lo que suele prevalecer, motivado por la envidia y el resentimiento, es de tratar de reducir las desigualdades aunque se traduzca en mayor pobreza.
Lamentablemente esto no se comprende y, por lo tanto, es urgente insistir en que en una economía de mercado (sin privilegios otorgados por los gobiernos) solamente se puede hacer fortuna beneficiando a los demás. Tratar de disminuir diferencias resulta siempre en mayor y perdurable miseria y tiende a negar la distribución que la gente determinó cuando votó con su dinero, como consumidores, a favor de quienes más lo benefician con sus productos y servicios.
Realmente favorece el interés general de la ciudadanía que no se use la excusa del interés general para violar los derechos individuales. Si por decisión de una mayoría se violan los derechos individuales, la economía dejará de funcionar eficientemente. La prueba de ello la encontramos a lo largo de la historia universal, pero parece que no se aprende en las escuelas. Por eso, al considerar una nueva ley, la primera pregunta que debe hacerse todo legislador es: ¿cómo afecta este proyecto de ley a los derechos de los ciudadanos?