Toda sociedad necesita reglas fundamentales para gobernarse. Esas normas surgen de costumbres y convenios que se plasman en las constituciones. Los ciudadanos confeccionan esas reglas en su calidad de mandantes para que el gobierno, en su calidad de mandatario, ejerza el poder. Son los pueblos los que organizan gobiernos para proteger sus derechos y así buscar satisfacer sus propios intereses en paz.
La disyuntiva es si la función prioritaria de esos gobiernos es la preservación de reglas del juego, basadas en principios éticos, dejando a cada quien cuidar sus intereses con la consiguiente obligación de respetar los resultados de la buena conducta (y castigar la mala), aunque los resultados no siempre agraden. O bien, si su función es la de satisfacer prioritariamente los múltiples y variados intereses de todos.
Los conflictos entre derechos e intereses son un asunto de prioridades. Por ejemplo, puede ser de interés para la comunidad expropiar un terreno para construir un supermercado, pero si el propietario del terreno quiere usar su propiedad con otro propósito, ¿qué ha de primar, el derecho del ciudadano o el interés de la comunidad?
En ambos casos la decisión implica un coste social, ya sea prescindir del beneficio del supermercado o prescindir del beneficio que representa para la comunidad respetar el derecho de propiedad. Y, considerando la extensa utilidad que para la sociedad tiene el respeto al derecho de propiedad, prescindir del mismo tiene un coste inconmensurable. Históricamente, los gobiernos fueron creados precisamente para proteger derechos que la gente aceptaba como naturales, como el derecho a disponer de lo legítimamente adquirido.
La respuesta al dilema de la función del gobierno depende de si se reconoce la importancia de respetar las reglas del juego o de si sólo se deben respetar cuando los resultados se consideran buenos. La decisión estará sesgada por falta de realismo si suponemos que la élite política, que llamamos gobierno, está integrado por abnegadas personas que anteponen los intereses de la sociedad a sus propios intereses y que tienen la capacidad y los conocimientos necesarios.
Tenemos que escoger entre dos sistemas que son mutuamente excluyentes: uno implica subordinar intereses a los derechos y el otro subordinar derechos a intereses, asumiendo los costes y beneficios de la "solución" que se adopte, para luego vivir con sus consecuencias.
Varias falacias dificultan la elección. Una es la deificación del gobierno, atribuyéndole facultades que no posee para satisfacer los intereses de la sociedad. Y la otra que no es fácil comprender cómo surge un orden económico espontáneo, como el lenguaje o el dinero, cuando el gobierno no se encarga de satisfacer intereses, sino de hacer respetar los iguales derechos de todas las personas. Necesariamente hay que escoger y vivir con las consecuencias. Ningún sistema es perfecto.