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Legislación y pobreza

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En el año nuevo conviene reflexionar sobre la causa fundamental de nuestros problemas políticos y económicos, considerando que la endémica pobreza latinoamericana, hoy acompañada de tanta violencia, tiene causas más profundas y complejas que un simple error de modelo económico. Sugiero que la causa de tanta miseria la encontramos en el ámbito del derecho, que nuestros males son el resultado natural y previsible de gobiernos de hombres mediocres.

En las universidades olvidaron el derecho natural y ha prevalecido desde hace años el derecho positivo. Para los que no están familiarizados con el tema, quienes creen en el derecho natural sostienen que las personas tienen ciertos derechos que son innatos y anteriores a cualquier poder legislativo, sea democrático o monárquico. En cambio, los positivistas sostienen que todo el derecho lo determina quien detenta el poder, sea una masa mayoritaria, una oligarquía política o un rey.

Según los defensores del derecho natural, la esclavitud viola la justicia, pero según aquellos que creen en el derecho positivo, la esclavitud no es una violación de derechos si está autorizada democráticamente por ley, como fue el caso en Estados Unidos. Pero ¿puede considerarse legítima una disposición –aunque legal y democrática– que prive a las personas del derecho a la propiedad privada de su propia persona? Legal también podría ser la prohibición de ir a misa los domingos, como sucedió en México, pero ¿sería legítimo privar a la gente del derecho a practicar su religión? Unas preguntas más actuales: ¿será legítimo un decreto que prohíbe a la gente trabajar por menos de un salario mínimo aunque el resultado (ignorado por quienes detentan el poder) sea mayor desempleo debido a que la mayoría de empleadores, al ser también pobres, no puedan pagarlo? ¿Será legítimo privar a la gente de su derecho de dar o tomar dinero prestado en condiciones mutua y voluntariamente aceptadas?

En derecho positivo, todo lo que se legaliza es ley. Bajo ese criterio, quienes gobiernan son nuestros dueños porque pueden disponer, sin más límite que su prudencia, de nuestras personas y de nuestras propiedades, dejándonos hacer algunas cosas y prohibiendo otras por considerarlas inconvenientes según las teorías económicas que prevalecen o que se ponen de moda. La gente así actúa por permiso, bajo un marco de leyes casuísticas.

El surgimiento del derecho natural desde la Edad Media trajo consigo la abolición del poder totalitario y absoluto de los monarcas y eventualmente abrió el camino a la democracia moderna, sobre la base que las personas tienen derechos inalienables para cuya protección establecen gobiernos. Esos derechos no son concedidos graciosamente por quienes gobiernan sino superiores a ellos y reconocidos en las constituciones que establecen. La gente actúa por derecho dentro del marco de leyes generales y abstractas, no casuísticas ni aplicadas específicamente a los amigos o enemigos del régimen.

No es casualidad que las naciones que han sido más fieles al derecho natural (aunque en ninguna parte se respeta completamente) han prosperado. En esos países se liberaron las iniciativas e inventivas de la gente y por eso surgieron las maravillas que hoy llevan bienestar a todo el mundo, pobre o rico, a través de adelantos científicos y prácticos, médicos y tecnológicos, y que han permitido a buena parte de la humanidad disfrutar de un bienestar jamás soñado. El resto de la humanidad, que sufre distintos grados de pobreza y violencia, trata de imitar los efectos del progreso sin entender sus causas, bajo sistemas de derecho positivo. Es decir, según las ideas de ingenieros sociales que determinan lo que está permitido y lo que está prohibido.

Manuel F. Ayau es ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, y antiguo presidente de la Sociedad Mont Pelerin.

© AIPE

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