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Una gran crueldad

Parece que cuesta entender que el desempleo es peor que un mal empleo. Ciertamente, las empresas formales y exitosas pagan salarios más altos que los salarios mínimos.

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¿Y qué va a hacer el gobierno para reponer todos los empleos que el salario mínimo está destruyendo no sólo en la industria sino en el campo y las ciudades?
 
Parece que cuesta entender que el desempleo es peor que un mal empleo. Ciertamente, las empresas formales y exitosas pagan salarios más altos que los salarios mínimos. Lamentablemente, quienes critican a los empresarios generalmente sólo dan empleo a su cocinera y, para colmo, probablemente no le pagan el salario mínimo. Es muy fácil criticar a quienes dan empleo.
 
Como las empresas formales y exitosas, las que pagan más del salario mínimo, no alcanzan para emplear a todos, no debe prohibirse dar empleo por menos del salario mínimo porque muchos patronos simplemente no lo podrían hacer por razones que no son imputables a ellos y el salario mínimo no es otra cosa que una prohibición de dar empleo pagando menos de lo estipulado, aunque el aporte del trabajo no lo valga. Nadie puede pagar más de lo que puede recobrar de sus clientes. Si éstos son pobres, cuesta más justificar mayores salarios. Lo lógico y sensato es no prohibir los malos empleos, en tanto se presenten mejores oportunidades.
 
Puesto que lo único que eleva los salarios es la demanda por más trabajadores en relación a la oferta, cualquiera comprenderá que toda medida que disminuye la demanda va a mantener los salarios bajos, a pesar de todas las leyes que promulgue el gobierno. Los salarios mínimos son contraproducentes porque no sólo disminuyen la demanda sino que aumentan la oferta de trabajadores. El efecto perverso es doble. Y los gobiernos son tan impotentes contra las leyes económicas como contra las leyes físicas o la ley de gravedad. Sólo los tontos o ignorantes no lo saben.
 
Nadie tiene obligación de emplear a nadie, pues eso significaría que hay dos clases de ciudadanos, unos que tienen la obligación de dar empleo y otros que no. Tampoco existe el derecho de exigirle al vecino que le dé empleo. Eso sería evidentemente absurdo, pues sería una flagrante violación al derecho de propiedad. Al fin y al cabo, la contratación consiste, fundamentalmente, en un intercambio de propiedad privada. "Yo te doy algo que es mío por algo que es tuyo", en este caso, te doy dinero que es mío porque lo adquirí legítimamente, a cambio del aporte de tu esfuerzo físico o mental que te pertenece. Ambos están en libertad de no aceptar el intercambio si no les conviene. Aceptarán si la propuesta constituye su mejor opción. Y, obviamente, quien la ofrece ni es culpable de que no existan mejores opciones ni puede impedir que otros las ofrezcan.
 
Por razones humanitarias, el gobierno debería suspender la aplicación del salario mínimo. La gente pobre necesita trabajo y no es caritativo prohibir oportunidades de empleo sin al mismo tiempo ofrecer mejores oportunidades. Equivale a condenar a la gente al desempleo o a la economía informal. Muchos estarían en posibilidad de ofrecer empleo pagando menos, pero se les prohíbe solamente porque a alguien le parece que el salario es muy bajo.
 
¿Quién no quisiera que los salarios fuesen más altos? Lo más que se puede hacer constructivamente es fomentar inversiones que requieran trabajadores. Por eso urge quitar el desalentador impuesto al rendimiento de las inversiones. Cada nueva inversión productiva puja todos los salarios del país para arriba. Los críticos del capital y de los patronos son los que más daño hacen a los trabajadores y estoy seguro que lo hacen sólo porque no se toman el tiempo en ponderar los efectos de lo que proponen.
 
© AIPE

Manuel F. Ayau Cordón es Ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, fue presidente de la Sociedad Mont Pelerin.

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