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Contra la educación estatal

Desde que los políticos se involucraron en la educación, se aceptó como dogma ideológico indiscutible que enseñar es una función legítima del Gobierno y no de los padres de familia.

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Una de las más prioridades más importantes para las familias es la educación, pero a menudo se considera una herejía cuestionar si el Gobierno debe o no asumir la responsabilidad de educar a la juventud. Sin embargo, negarse a revisar las premisas de algo tan importante no es de personas inteligentes; peor aún es rehusar el análisis por razones ideológicas.

Desde que los políticos se involucraron en la educación, se aceptó como dogma ideológico indiscutible que enseñar es una función legítima del Gobierno y no de los padres de familia. No me refiero a educar a jóvenes cuyos padres son pobres. Me refiero a erigir a políticos y funcionarios públicos en rectores coercitivos de la educación, inclusive la educación de jóvenes cuyos padres rechazan tal injerencia en la formación de sus hijos. Sin duda, el genuino deseo de ver a todo ciudadano preparado para el futuro impidió un análisis ponderado de las consecuencias directas e indirectas, a corto y largo plazo, de privar a los padres del derecho de escoger libremente la educación de sus hijos.

La educación no debe ser un asunto ideológico. Las preguntas pertinentes son:

  1. ¿Tienen o no los padres de familia el derecho de educar a sus hijos según su propio criterio y por cuenta propia?
  2. ¿Acaso está justificado el uso de la fuerza pública para impedir que los padres contraten libremente a educadores para sus hijos? ¿Acaso el ejercicio de ese derecho y libertad viola derechos de los demás ciudadanos?

Para negarse a respetar el derecho de los padres a educar a sus hijos se aduce que los colegios privados los explotarían y engañarían. ¿Acaso ocurre eso en la provisión de alimentos, que es aún más vital y urgente? Si hubiese más libertad de contratación, habría muchos más colegios, y en un ambiente de competencia los colegios malos desaparecerían y los buenos crecerían. Si a un padre no le satisface la educación que su hijo recibe en un colegio, podría inscribirlo en otro o en una escuela pública.

Se argumenta que el Gobierno controla la calidad, pero la calidad no es la mejor ni los programas son los más convenientes ni mejor adaptados a la actualidad. Fueron los colegios públicos los últimos en comenzar a enseñar informática. Muchos aún no enseñan inglés, aunque eso beneficie a los jóvenes y lo deseen los padres. La historia que se enseña en las escuelas es la versión oficial del magisterio, del Gobierno, lo mismo que en los países socialistas.

Respecto a la supuesta calidad de la burocracia educativa basta observar que la gran mayoría de los legisladores y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos mandan a sus hijos a escuelas privadas. Dudo que sea diferente en América Latina.

© AIPE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel F. Ayau Cordón es Ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, fue presidente de la Sociedad Mont Pelerin.

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