La Segunda Transición autonómica que ha originado la aprobación del Estatuto catalán y su posterior ratificación por parte del Tribunal Constitucional pone de manifiesto, si cabe con más fuerza, algunos de los graves defectos que soporta el diseño estatal español. No obstante, esta vuelta de tuerca, que a todas luces debería abrir un nuevo proceso constituyente, intensificará en el futuro la insostenibilidad de las cuentas regionales y el consiguiente despilfarro autonómico, tal y como ya hemos analizado. Sin embargo, el actual sistema arropa un tercer problema estructural aún más importante: la indeseada fragmentación del mercado nacional.
La amalgama de competencias que aglutinan en sus manos las respectivas comunidades autónomas han desembocado en un intenso intervencionismo público generalizado sobre diversas y amplias materias que, a modo de compartimentos burocráticos diferenciados, dificultan el desarrollo libre y natural de la actividad económica y, por tanto, del crecimiento. El caso de los fabricantes de tragaperras es tan sólo uno de los múltiples ejemplos que sirven para evidenciar el galimatías regulatorio que existe actualmente en España. Este sector ha de destinar un volumen sustancial de recursos para sortear con éxito el sinfín de trámites, licencias y regulaciones a los que están sometidos sus máquinas. Pero lo mismo sucede en el comercio (véase la obligación de rotular en catalán), las cadenas de distribución, el sector inmobiliario, las grandes superficies, sector servicios, industria, etc.
El empresario ha de enfrentarse constantemente a una compleja y voluminosa red de procesos burocráticos, tanto a nivel regional como nacional, para desarrollar su actividad, lo cual, como es lógico, desincentiva, y mucho, el fundamental espíritu emprendedor. No es casualidad que la mayoría de los jóvenes aspiren a ser funcionarios. En España es muy difícil hacer negocios gracias a nuestros queridos políticos. Crear una empresa se convierte aquí en un proceso arduo, caro y tedioso, al igual que en muchos países del Tercer Mundo, mientras que en Singapur o Hong Kong, por ejemplo, legalizar una sociedad no lleva más de un día y, además, a coste cero.
Así, resulta evidente que, más allá de la ineficiencia estática (redistribución y gestión de recursos disponibles), el principal problema que sufre la estructura estatal española radica en su falta de eficiencia dinámica. ¿Y esto qué significa? Pues que lo importante en Economía no es tanto administrar con diligencia una casa o empresa (eficiencia estática) sino saber cómo incrementar la hacienda actuando empresarialmente y comerciando con ella (eficiencia dinámica).
Y es que la función empresarial (acción humana), tal y como enfatizaba Ludwig von Mises en su Tratado de Economía, no consiste en asignar de forma óptima unos determinados recursos disponibles sino en buscar, descubrir y darse cuenta de nuevas oportunidades de negocio capaces de generar beneficio. Es decir, la clave radica en propiciar las condiciones socioeconómicas adecuadas para incentivar con fuerza la creatividad empresarial.
Pare un momento y pregúntense lo siguiente: ¿Quién ha hecho grande a Estados Unidos en el último siglo? Sin duda, un inmenso ejército de empresarios dispuestos a satisfacer necesidades ajenas (oportunidades de negocio) con el fin de lograr beneficios (crecimiento económico); ¿a qué se debe el espectacular desarrollo chino en los últimos años? A la relativa apertura económica que ha experimentado su régimen al permitir, aunque de forma aún muy limitada, el disfrute de la propiedad privada a sus ciudadanos; ¿por qué no ha surgido durante décadas ningún Bill Gates en Cuba o Corea del Norte? Supongo que ya sabrán la respuesta.
De este modo, para lograr una creciente eficiencia dinámica es necesario orientar la política económica hacia la configuración de un marco institucional que respete al cien por cien la propiedad privada, potencie los intercambios comerciales de carácter voluntario, garantice el cumplimiento de los contratos y, en resumen, favorezca la actividad empresarial en toda su variedad y riqueza de matices.
En este sentido, el levantamiento de barreras administrativas entre regiones impide y dificulta el intercambio comercial, de ahí la importancia de la unidad de mercado. Además, el intenso intervencionismo que ejercen los poderes públicos, a todos los niveles, tan sólo tiende a generar pobreza y miseria. Da igual que éste sea impuesto a nivel central (régimen chino o cubano) o regional, ya que la clave no es quién detenta el poder sino cómo se detenta. Por ello, en el actual sistema autonómico, los gobiernos regionales que apuesten por una mayor eficiencia dinámica tenderán, sin duda, a registrar mayores tasas de crecimiento y menor paro (Madrid), mientras que las menos eficientes tan sólo generarán pobreza y estancamiento... ¿Adivinan cuáles?