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Manuel Llamas

La jugada de Salgado

España no es Grecia pero, por desgracia, sí guarda numerosas similitudes con Irlanda. La más destacada es, sin duda, el haber sufrido una burbuja inmobiliaria de dimensiones colosales a lo largo de los últimos años.

Manuel Llamas
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El Gobierno acaba de lanzar de forma oficial dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que el actual modelo de cajas de ahorros está condenado a desaparecer. La mala, por el contrario, es que antes de que esto suceda el sector afrontará una profunda reestructuración cuyo coste será sufragado, en gran medida, por el sufrido contribuyente. A estas dos noticias se suma, además, una tercera, ya habitual y recurrente entre los miembros del Ejecutivo socialista: nueva ocultación de la verdad a los españoles.

En primer lugar, la clave del anuncio realizado el lunes por la ministra de Economía, Elena Salgado, radica en que las cajas de ahorros que precisen acudir al Fondo de rescate bancario (Frob) para mantener su solvencia deberán convertirse en bancos. De este modo, la nacionalización "temporal" –durante un período máximo de cinco años– de estas entidades se traducirá finalmente en la privatización parcial o total de las mismas. Economía, forzada por el Banco de España, desiste así al menos en su intención inicial de salvar a las cajas con dinero público sin necesidad de contraprestación alguna, es decir, sin que políticos autonómicos y sindicatos tengan que ceder poder en estas entidades.

Asimismo, las cajas solventes que pretendan captar en el mercado el capital extra que precisan para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia, de uno u otro modo, tendrán que modificar su actual régimen jurídico para atraer inversores privados. Esto significa que dejarán de ser cajas para convertirse o bien en bancos (privatización parcial) o bien en fundaciones (privatización total). ¿Conclusión? Todo esto supone el inicio del fin de las cajas de ahorros tal y como las conocemos.

Pero a esta nota positiva cabe añadir una muy negativa. La necesaria reestructuración del sector costará dinero, y mucho, a los contribuyentes españoles. Y lo más grave es que el Gobierno insiste en ocultar el coste real que supondrá a las arcas públicas el rescate de las cajas insolventes. No obstante, los 20.000 millones de euros adicionales que como "máximo" aportará el Frob no cubren ni de lejos las necesidades reales de recapitalización de las cajas. Sobre este aspecto sobrevuelan numerosas estimaciones, pero ninguna tan baja –por no decir ridícula– como la lanzada por Salgado.

España no es Grecia pero, por desgracia, sí guarda numerosas similitudes con Irlanda. La más destacada es, sin duda, el haber sufrido una burbuja inmobiliaria de dimensiones colosales a lo largo de los últimos años. La cuestión es que el pinchazo del boom, aunque éste se produzca a ralentí gracias a la intervención pública, acabará traduciéndose en enormes pérdidas para bancos y cajas. De ahí, precisamente, que las estimaciones más sensatas oscilen entre los 80.000 y los 140.000 millones de euros en inyecciones extra.

Salgado, sin embargo, sabe perfectamente que una cifra superior a los 30.000 millones de euros por parte del Frob –deuda pública– supondría de inmediato una nueva rebaja del rating crediticio de España y, por tanto, una reforzada ronda de tensiones en los mercados de deuda, con el consiguiente encarecimiento de la financiación para el Estado. Por ello, este engaño debe ser interpretado desde una óptica política. Y es que el anuncio del Gobierno surge en medio de un debate mucho más trascendental: la ampliación del Fondo de rescate europeo y la posibilidad de que éste pueda emplearse para salvar entidades y comprar bonos de los países en dificultades. Así pues, la jugada de Salgado consiste, simplemente, en ganar de nuevo algo más de tiempo.

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