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Lo más grave del caso de la Manada

Lo peor del caso de la Manada no es la sentencia, sino la peligrosa irracionalidad que se está abriendo hueco tanto a nivel social como político.

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Ya hay sentencia, y con ella se ha desatado una oleada de indignación popular, sustentada sobre montañas de demagogia y analfabetismo jurídico, que amenaza con llevarse por delante los principios básicos del Estado de Derecho y hasta la esencia misma de la Justicia, que se debe regir siempre por la imparcialidad, la verificación de los hechos y el estricto cumplimiento de la ley. La Audiencia Provincial de Navarra condenó a los cinco jóvenes de la Manada a nueve años de prisión y una indemnización de 50.000 euros por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento y no por agresión sexual, que implica la existencia de violencia e intimidación.

El tribunal da por probado que los condenados obtuvieron el consentimiento de la víctima prevaliéndose de una situación de superioridad manifiesta que coartó su libertad, tal y como recoge el artículo 181.3 del Código Penal, agravado al haberse producido acceso carnal, y cuyas penas oscilan entre 4 y 10 años de prisión, de modo que se ha aplicado la pena máxima que estipula la ley por este tipo de delitos. No es materia de esta columna cuestionar el contenido de la sentencia, a diferencia de lo que sí ha hecho la inmensa mayoría de políticos, comentaristas y público en general, sin haberse leído siquiera el texto ni poseer unos conocimientos mínimos de Derecho. La ignorancia es atrevida y en este caso, si cabe, mucho más, ya que está respaldada por la ideología de género, cuyos postulados gozan, hoy por hoy, de carta blanca. Pobre del que ose resistirse a la dictadura de lo políticamente correcto impuesta por el feminismo patrio, por mucho que se sustente en soflamas y falacias de todo tipo.

La sentencia será recurrida y, por tanto, habrá que esperar a la decisión definitiva de los estamentos judiciales, pero vaya por delante que, tras meses de investigación y otros tantos de juicio, tres magistrados, tres de tres, no observan agresión, que sí abuso, y uno de ellos ni siquiera ese supuesto, abogando directamente por la absolución. De hecho, algunos juristas avanzan que el voto particular del juez díscolo siembra tal cúmulo de dudas razonables que, en última instancia, podría propiciar incluso la puesta en libertad de los acusados. Los jueces, en todo caso, decidirán.

Y es que lo más grave de la sentencia no es la sentencia en sí, sino lo que ha sucedido en las últimas horas en las calles y platós de media España tras conocerse el veredicto. El grado de insensatez, irresponsabilidad y salvajismo al que estamos asistiendo es propio de países tercermundistas, en donde lo que prima es la ley de la selva, sin respeto alguno hacia los derechos y libertades básicos del individuo, ni hacia la separación de poderes ni la independencia de la Justicia. La virulencia, el odio y la ceguera colectiva que han inundado las redes sociales, con el apoyo más o menos cerrado de políticos y medios de comunicación, da, simplemente, vergüenza ajena, además de provocar una profunda inquietud sobre el futuro que le depara a España en caso de que se acaben imponiendo ciertas consignas.

Cómo si no calificar la siguiente barbaridad vomitada por el PSOE de Valencia: "Confirmada la sospecha. La sentencia a La Manada no recoge lo que sí ha hecho el veredicto social". ¿"Veredicto social"? Es decir, que juzgue el pueblo y, dado que éste ya ha decidido que son culpables, lo único que pueden hacer los jueces es ratificar esa condena. Y punto. Eso mismo es lo que sucedía en la antigua Roma, cuando los reos eran lanzados a los leones en función del griterío del público. Valiente muestra de cordura y civismo la que exhibe el PSOE.

El linchamiento público no es justicia, sino barbarie. Y eso es, precisamente, lo que pretendió la turba intentando asaltar por la fuerza la Audiencia Provincial de Navarra, acorralando al ministro de Justicia en Córdoba o abogando, abiertamente, por "quemar" las instituciones judiciales en Madrid.

O qué decir de la surrealista y abyecta petición que respaldan cientos de miles de personas consistente en exigir la "inhabilitación" de los jueces por no plegarse a la sentencia popular. ¿Qué tipo de democracia y Estado de Derecho defiende esta gente? ¿Qué aberrante concepción de la Justicia es la que tienen en mente? ¿Si me gusta la sentencia, bien, pero, en caso contrario, hay que cesar a los jueces de inmediato? Un pensamiento puramente dictatorial, sin duda.

Y prueba de ello es que los socialistas pretenden ahora instruir ideológicamente a los jueces mediante la realización de cursillos sobre violencia de género, inspirados, cómo no, en las tesis feministas, para así poder "emitir pronunciamientos justos", lo cual constituye un bochornoso adoctrinamiento político que nada tiene que ver con el sentido de Justicia.

Igualmente, llama mucho la atención que los mismos que hace poco ponían el grito en el cielo por "legislar en caliente" en función de la agenda mediática, como fue el caso de la prisión permanente revisable tras el asesinato del niño Gabriel, ahora no duden en cambiar la ley para equiparar los delitos de abuso y violación.

Y Podemos no es el único, Todos los partidos políticos abogan por modificar justo ahora los tipos relacionados con el delito sexual, sin pararse a reflexionar sobre la prolija jurisprudencia existente al respecto ni el contenido u orientación de debería guiar dicho cambio legislativo, cuyos efectos no serían menores. Es decir, como la sentencia no nos gusta, cambiemos la ley. Ésta y no otra es la pueril, triste y nefasta forma de gobernar que existe en España… A golpe de titular.

Nadie se ha parado a pensar mínimamente qué supondría calificar como agresión sexual delitos que hoy son considerados abuso ante la falta de violencia o consentimiento expreso. Llegados a ese extremo, es muy posible que los jueces opten por conceder un mayor número de absoluciones en caso de duda, dada la mayor gravedad de la pena a aplicar. Además, las burradas lanzadas a este respecto parecen no tener límites. Muchos dicen, por ejemplo, que "si la mujer no da un consentimiento afirmativo es agresión sexual". Paren un momento y reflexionen. ¿Son plenamente conscientes de lo que supondría semejante disparate? ¿Cómo dejar constancia de tal consentimiento? ¿Firmando un contrato, grabando un vídeo de forma previa?

Asimismo, otros no han dudado en señalar que la mera presencia de los cinco hombres, sin que haga falta nada más, constituye una intimidación, pero, entonces, ¿ha de considerarse todo sexo grupal un potencial delito de abuso o agresión? En definitiva, los dislates y sinsentidos inundan hoy las calles y las redes sociales, de ahí, precisamente, la importancia de no legislar en caliente, ni ahora ni nunca.

Por último, todos aquellos que respaldaron el lema "yo sí te creo" parecen no ser conscientes de que los integrantes de la Manada fueron condenados porque el tribunal creyó la versión que ofreció la víctima durante el juicio, cosa distinta es que dos de los tres jueces tipificaran los hechos denunciados como abuso y no como agresión. En un caso de estas características, donde una de las principales pruebas acusatorias radica en el testimonio de los implicados, la credibilidad de la víctima es clave, y ésta ha quedado demostrada en el juicio.

Sin embargo, hay quien va mucho más allá, como Podemos, y se descuelga con una auténtica aberración jurídica al proponer que las denunciantes "no tengan que acreditar su falta de consentimiento", de modo que su mera palabra valdría como prueba de cargo.

Son los denunciados, no la denunciante, los que tendrían que demostrar su inocencia y no al revés. La presunción de inocencia dejaría de existir y sería sustituida por la presunción de culpabilidad (eres culpable mientras no se demuestre lo contrario), tal y como ya sucede en los casos de violencia de género, donde la injusticia campa a sus anchas. Las denuncias falsas por violación, como la que afectó a cinco jóvenes de Málaga hace ahora cuatro años, correrían el riesgo de condenar a personas inocentes a duras penas de cárcel.

No, lo peor del caso de la Manada no es la sentencia, emitida tras un juicio que ha contado con todas las garantías procesales, y sobre la que, por supuesto, cabe recurso, sino la peligrosa irracionalidad que se está abriendo hueco tanto a nivel social como político.

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