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Los cuatro golpes de Pedro Sánchez a los pilares de la democracia española

El Gobierno de Sánchez supondrá la mayor prueba de fuego de la democracia española tras el golpe del 23-F de 1981 y el pasado 1-O de 2017.

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Apenas han pasado cuatro meses desde que el Congreso elevó a los altares del poder a Pedro Sánchez a través de una moción de censura, algo inédito hasta el momento, y ya han sido cuatro los golpes que han recibido los pilares sobre los que se asienta la todavía joven democracia española. El deterioro que está sufriendo la calidad institucional del país bajo el actual mandato del PSOE carece de precedentes en los últimos 40 años, ya que la división de poderes, principio elemental de cualquier sistema democrático que se precie, nunca antes había recibido un ataque tan furibundo por parte del poder político en tan corto período de tiempo.

La ofensiva que ha lanzado Sánchez contra la arquitectura democrática de España se resume, básicamente, en los siguientes puntos:

1. La Transición ha muerto

La renovada obsesión del PSOE por sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos no tiene nada que ver con el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil ni con el espíritu de reconciliación nacional ni, mucho menos, con una supuesta demanda social que, desde luego, no existe. Hoy en día, la figura de Franco tan sólo interesa a los cuatro fachas que todavía quedan en España y, muy especialmente, a la sectaria y guerracivilista elite que milita en la izquierda política y mediática del país.

Socialistas y podemitas se agarran al recuerdo de Franco cual clavo ardiendo para tratar de compensar su arcaica y decadente deriva ideológica. Franquismo, feminismo y ecologismo son las tres banderas que blande hoy la progresía patria ante la profunda crisis programática que sufre la izquierda, en general, y la socialdemocracia europea, en particular.

El proyecto de ley que ha aprobado el Congreso, con la incomprensible abstención del PP, para desenterrar a Franco constituye, en primer lugar, un delito flagrante, ya que no hay exhumación posible sin la debida autorización de sus familiares. Lo que pretende el Gobierno, por tanto, es profanar una tumba, un auténtico atropello de derechos fundamentales, sin contar siquiera con la autorización de la orden religiosa propietaria del Valle.

Sin embargo, más allá del esperpento jurídico que supone esta iniciativa, lo grave es que su único propósito es enterrar la Transición, es decir, el verdadero espíritu de concordia y reconciliación entre españoles que tuvo lugar entre el fallecimiento de Franco, el 20 de noviembre de 1975, y el nacimiento de la Constitución, el 6 de diciembre del 78. Tres años en los que las dos Españas que un trágico día se mataron entre sí firmaron la paz y decidieron mirar hacia adelante. Reabrir estas viejas heridas, como ya intentó Zapatero con su aberrante Ley de Memoria Histórica, pone en cuestión los fundamentos del llamado régimen del 78, tan denostado por podemitas e independentistas, y, por tanto, la propia Constitución, cuya vigencia ha posibilitado el período de mayor estabilidad política y desarrollo económico de la historia reciente de España.

De ahí precisamente que la izquierda se esté descolgando ya con ideas tan amenazantes como la creación de una "Comisión de la Verdad" para imponer su particular visión de la historia al conjunto de la población o la derogación de la amnistía con el fin de criminalizar, única y exclusivamente, los delitos cometidos por el banco nacional, dejando así impunes y en el más absoluto olvido las atrocidades de los republicanos. Es Sánchez el que está resucitando la Guerra Civil que dejaron atrás los españoles.

2. Ataque al Senado

Y si la muerte de la Transición ya es preocupante per se, el intento por sortear los contrapesos a la acción de gobierno tan sólo acrecienta el peligro. La Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el anterior Ejecutivo del PP introdujo la capacidad de veto del Senado en la tramitación de las cuentas públicas a fin de incentivar el necesario equilibrio fiscal, tras los peligrosos excesos cometidos en el pasado. Está claro que, al igual que se introdujo, este freno puede ser derogado, pero para ello es necesario respetar los trámites parlamentarios.

El PSOE, sin embargo, ante la imposibilidad de conseguir su objetivo, optó por cometer un fraude de ley y, ni corto ni perezoso, registró a última hora una enmienda en el marco de un proyecto que nada tenía que ver con el techo presupuestario, como el del adoctrinamiento del Poder Judicial en ideología de género, contraviniendo así la jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucional.

Esta falta absoluta de respeto por la ley y sus procedimientos daña de forma muy sustancial el Estado de Derecho. Aunque la treta fue frenada, posteriormente, por la Mesa del Congreso, el hecho de que el PSOE tratara de imponer su voluntad al conjunto de la Cámara, pese a su clamorosa minoría, da buena cuenta de la falta de escrúpulos de Sánchez. El presidente está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder.

3. La Justicia es ignorada

Este alarmante desprecio a los representantes de la soberanía nacional se suma al igualmente grave ataque que está padeciendo la independencia y autonomía del Poder Judicial por parte del actual Ejecutivo. La figura del indulto gubernamental debería ser erradicada del ordenamiento jurídico, sin excepción, pero que los ministros se descuelguen con un posible perdón a los políticos procesados por el golpe separatista en Cataluña, antes incluso de ser juzgados, viola por completo la separación de poderes y desprecia el funcionamiento más elemental del Estado de Derecho.

4. La libertad de prensa peligra

Y. por último, pero no menos importante, cabe destacar el reciente ataque urdido contra la libertad de prensa, una de las principales herramientas de las que dispone la población para protegerse de los habituales abusos del poder político. El Gobierno pretende ahora regular la libertad de expresión de los medios de comunicación con la excusa de la proliferación de noticias falsas en las redes, lo cual supondría abrir la puerta de par en par al restablecimiento de la censura en España.

Los únicos límites legítimos a la libertad de expresión son las calumnias (imputación falsa de un delito) y las injurias muy graves. Punto, no hay más. Tanto los "delitos de odio" como el intervencionismo político para combatir las "fake news" son arbitrariedades que coartan tanto el derecho fundamental de los individuos a decir lo que piensan como la libertad de los medios a publicar la información que estimen conveniente.

Ningún presidente de la democracia española se ha atrevido a tanto en tan poco tiempo. El daño que está causando Sánchez a la estabilidad política y la calidad institucional de España, con la inestimable ayuda de sus socios nacionalistas y los antisistema de Podemos, es muy grave y, en última instancia, supondrá la mayor prueba de fuego de la democracia española tras el golpe del 23-F de 1981 y el pasado 1-O de 2017.

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