Más de medio millar de presos políticos y 500 muertos en las protestas. Decenas de miles de exiliados y refugiados en países vecinos, medios de comunicación cerrados y periodistas perseguidos. Y elecciones robadas, una Constitución violentada y el monopolio estatal de la fuerza repartido con las camisas pardas motorizadas de otra revolución antiimperialista de vocación redentora y eterna.
No es Venezuela ni su matriz colonizadora cubana, ni siquiera la Bolivia indigenista de Evo. Se trata de Nicaragua, donde un caudillo rojo concentra todo el poder a costa de la libertad y las leyes y no duda en masacrar al pueblo para perpetuar su secuestro del Estado.
La naturaleza totalitaria del sandinista Daniel Ortega se ha manifestado sin contemplaciones desde abril de 2018, cuando opositores, estudiantes y otros agentes de la sociedad civil empezaron a salir a la calle a manifestarse contra el régimen.
Con la policía y los exguerrilleros y militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que ha ido entrenando y armando desde su segunda llegada al poder en 2007, Ortega reprimió salvajemente las multitudinarias protestas contra el autoritarismo de su régimen.
Numerosos manifestantes, sobre todo estudiantes, fueron baleados y apaleados por los paramilitares y la Policía, que efectuó centenares de detenciones y disparó el número de presos políticos.
El centro neurálgico de la rebelión ciudadana contra Ortega fue Masaya, unos 30 kilómetros al sureste de Managua. Para protegerse de las arremetidas oficialistas, los vecinos fabricaron explosivos caseros y alzaron barricadas. Después de varias semanas de asedio, las fuerzas regulares e irregulares del sandinismo recuperaron a tiro limpio el control de la localidad.
La misma estrategia fue empleada por el régimen para sofocar la rebelión en los campos universitarios tomados por estudiantes que pedían libertad. Al lado de quienes se alzan contra el Gobierno dictatorial que los aplasta han estado de manera inequívoca los obispos nicaragüenses, a veces jugándose literalmente el tipo. Esta actitud les ha valido el calificativo de "golpistas" por parte de Ortega, que sin embargo sigue manteniendo una relación cordial con el papa Francisco.
En diciembre pasado, poco después de que Bergoglio pidiera la "reconciliación" entre quienes se oponen a la dictadura y los que mandan sus escuadrones a masacrarles, Rosario Murillo envió un cálido mensaje de agradecimiento al Papa.
Además de vicepresidenta y portavoz del Gobierno nicaragüense, la histriónica Murillo es la fiel esposa de Daniel Ortega. Murillo es escritora y poeta, estudió en Inglaterra y Suiza y es conocida por sus creencias New Age. Debido a su mala salud, Ortega ha delegado parte de las tareas ejecutivas en su mujer, que ha llamado "pelagatos", "amargados" y "almas llenas de miseria" a quienes rechazan el poder dinástico del matrimonio.
El capítulo más escandaloso de la vida de la hoy vicepresidenta tuvo lugar en 1998, cuando repudió a su hija Zoilamérica después de que esta acusara a su padrastro, el propio Ortega, de violarla repetidamente.
"Me ha avergonzado terriblemente que a una persona con un currículo intachable se le pretendiera destruir; y [que] fuese mi propia hija la que por esa obsesión y ese enamoramiento enfermizo con el poder quisiera destruirla", dijo entonces la mujer de Ortega. Según la comandante de la revolución sandinista Dora María Téllez, que después se pasó a la oposición, ese respaldo ante la acusación de Zoilamérica dio "un enorme poder [a Murillo] frente a Daniel, además de una gran cuenta por cobrar". "Es una factura carísima para Ortega", declaró en su día Téllez.
Aunque pronto desembocaron en expresiones de rechazo al régimen sandinista, las protestas de abril de 2018 se desencadenaron por el aumento de los impuestos y el recorte de las pensiones que decretó el Gobierno. En la línea de las recomendaciones del FMI, Ortega intentaba hacer frente al déficit en la Seguridad Social con un realismo económico poco habitual en Gobiernos de ideología comunista.
Que una medida económica liberal desate una rebelión contra un autócrata de izquierdas puede parecer paradójico, pero no lo es tanto si se atiende a las políticas que han caracterizado el segundo mandato de Ortega.
Daniel Ortega llegó al poder por primera vez en 1979, tras derrocar la guerrilla del FSLN patrocinada por Castro al dictador Anastasio Somoza. Nada más asumir el mando, el sandinismo puso en marcha la nacionalización de empresas y tierras y otras políticas de corte comunista que llevaron al Gobierno de Ronald Reagan a financiar y organizar la Contra, un grupo insurgente dedicado a combatir al régimen de Ortega y prevenir la expansión de la revolución a otros países de Centroamérica.
Ortega gobernó Nicaragua hasta 1990, cuando perdió las elecciones contra la candidata respaldada por Washington, Violeta Chamorro. Después de 16 años en la oposición, el dirigente sandinista ganó en 2006 las elecciones presidenciales.
De nuevo al mando, Ortega a comenzó un proceso concienzudo de concentración de poder que erosionó la democracia nicaragüense hasta destruirla con medidas como la eliminación del límite de dos mandatos presidenciales (2014) o la exclusión de la oposición de las elecciones presidenciales (2016).
Desde que asumiera la presidencia en 2007, Ortega compaginó este achique de espacios político con una ortodoxia económica que daba libertad y estabilidad a las empresas y atraía a inversores extranjeros. En la última década, la economía nicaragüense había crecido casi ininterrumpidamente, y el país se había convertido en un destino de moda entre los jubilados estadounidense por su relativa prosperidad y la aparente paz social.
Pero todo se desmoronó con la respuesta de Ortega a las protestas. Los empresarios, que hasta ahora se beneficiaban del boom económico y habían callado ante la deriva totalitaria del Gobierno, han dado la espalda al régimen y empiezan a pedir un cambio que alienta también Washington con sanciones y advertencias de que a los reductos comunistas en el continente les ha llegado la hora.
La represión indiscriminada y las expresiones de malestar en las calles continúan y han paralizado la actividad económica en todo el país. De crecer a casi un 5 por ciento, la economía nicaragüense ha pasado a menguar cerca de un 5 por ciento en 2018, y podría contraerse hasta en un 11 por ciento en 2019 si no se pone fin al clima de terror y arbitrariedad que Ortega ha desatado contra quienes le exigen que se marche.