Es oficial: Baltasar Garzón, "el hombre que veía amanecer", dicta resoluciones injustas a sabiendas. No hay margen para la duda: el otrora superjuez se dedicaba a grabar y escuchar las conversaciones de imputados con sus abogados defensores; unos abogados que nada tenían que ver –tal es la injuria que han tenido que soportar– con los hechos de sus defendidos. Por eso el señor Garzón ya no podrá ser juez en muchos años: un alivio para cualquier amigo del Derecho y de la libertad.
En efecto: si algo hay sagrado en la Justicia, es el derecho de defensa. Sin él, todo el edificio del Estado de Derecho se viene abajo. Si los ciudadanos no tienen la seguridad de que las conversaciones con sus abogados son privadas, protegidas por una absoluta reserva, su confianza en ellos desaparece y entonces quedan en la más kafkiana soledad frente al aparato punitivo del Estado. Sin secreto de las comunicaciones, el derecho a la defensa no pasa de ser mera apariencia de derecho, fantasmagoría sin sustancia o realidad alguna.
Los abogados son los sacerdotes de este derecho, sin el cual sólo sirven de coartada al poderoso, de engañosa apariencia legitimadora de la arbitrariedad. Era, pues, la integridad de la abogacía lo que estaba, en última instancia, en tela de juicio. Una sentencia absolutoria habría erosionado sensiblemente la configuración jurídica del derecho de defensa. De ahí la importancia y gravedad del asunto.
Singularmente censurable ha sido, por ello, el proceder del Ministerio Fiscal. No en una, sino en tres ocasiones, faltó a su deber de acusar ante unos hechos que presentaban notorio carácter delictuoso. La primera, al recurrir el auto de admisión a trámite de la querella presentada por los abogados. La segunda, al interesar el sobreseimiento libre del acusado. La tercera, concluido el acto del juicio, al pedir la absolución.
Y no podemos acallar en nuestro interior las dudas sobre si la actuación de Ministerio Fiscal, sometido a jerarquía, habría sido distinta de ser otro el acusado –figura relevante de la ideología entonces en el gobierno– y de ser otro el contexto en que se ordenaron las escuchas inconstitucionales –la trama Gürtel, un caso que afectaba entonces al partido de la oposición–. No nos libramos de esas dudas porque no nos explicamos la contumaz negativa del Fiscal a cumplir con su deber más elemental.
¡Y quieren que sea el Fiscal el encargado de instruir los procesos!
La cuestión no es baladí. El pacto social que nos permite convivir en paz es simple: los ciudadanos renunciamos a ejercer nuestro derecho a hacer justicia –Locke: “every man hath a right to punish the offender, and be executioner of the law of nature”– a cambio de que el Estado lo haga por nosotros. Si el Estado nos falla en esto, todo lo demás es accesorio y deja de justificarse su existencia; el pacto social está roto.
Aquí han sido los propios ciudadanos injuriados quienes han tenido que llevar la carga de la acusación hasta el final. Si por el Ministerio Fiscal hubiera sido, hoy Garzón seguiría en su Juzgado. De nuevo, hemos estado solos.
Para Garzón, ya degradado públicamente de su condición de magistrado, lo peor está por venir. Con ser grave este caso, más lo son los que tiene por delante.
Es, en efecto, más grave, a nuestro sentir, aventurarse a convocar los espantosos fantasmas de nuestra Guerra Civil, que prudentes iniciativas legislativas habían pretendido en su momento conjurar: y no para sepultar en el olvido memorias que en muchas familias españolas de ambos bandos aún alientan dolorosamente, sino para dar fe de la genuina reconciliación nacional que está en la raíz de nuestro presente existir como nación.
Y más sombría aún se antojaría esa investigación si, más que producto de irreflexivo apasionamiento, se demostrara al final mera cortina de humo, deliberada estrategia de agit-prop propia de quien se ve cercado por una imputación que deja en melindre de leguleyo el caso de las escuchas ilegales.
Nos referimos, claro está, a los dineros obtenidos por el Sr. Garzón, sólo temporalmente fuera de su Juzgado, en respuesta a su solicitud de fondos a grandes empresas que, casualmente, tenían o corrían riesgo de tener causas abiertas en ese mismo Juzgado. “Querido Emilio”, decía Garzón con la amigable cordialidad que suele afectar todo buen sablista; pero luego matizaba sutilmente esa cordialidad –la neutralizaba, se atrevería a pensar alguno– con la firma al pie del título del solicitante: Magistrado-Juez titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional.
Lluís Pasqual Estevill, ejercitado en ese modo de proceder, está ahora mismo en prisión por cohecho y extorsión. Como Garzón, fue en su día espejo de jueces, modelo de instructor justiciero, favorito de honorables mandatarios.
¿Tendremos que lamentar que no sea una hiriente, pero aislada excepción?
El Sr. De Benito Llopis-Llombart es doctor en Derecho, profesor del IE Law School y abogado.