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Ante la quiebra, más gasto público

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El presidente Néstor Kirchner pretende convertir al Estado en un agente central de la vida social, económica y política del país: “Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona…”, afirmó Kirchner el día de su asunción, inaugurando un discurso populista que en su primera semana de gobierno tradujo en hechos concretos al recorrer provincias en conflicto como Entre Ríos y Santa Fé entregando subsidios.

Y aunque queda claro que el presidente argentino quiere un Estado más fuerte e intervencionista, no se sabe cómo financiará el gasto público que esa creciente intervención estatal originará. Seguramente no bastará con el modesto superávit fiscal que alcanzó el presupuesto este año, en el orden del 2%, pero tampoco se sabe si Kirchner aumentará impuestos, pedirá más créditos externos o emitirá moneda. Sin dudas, todas estas son opciones de financiamiento del gasto estatal muy peligrosas para el futuro del país.

El caso más paradigmático es el ambicioso plan de obras públicas que Kirchner defendió diciendo: "Tenemos que volver a planificar y ejecutar obra pública en la República Argentina para desmentir con hechos el discurso único del neoliberalismo que las estigmatizó como gasto público improductivo”. La realización de obras públicas creará 100.000 puestos de trabajo transitorios pero le costará al país 6.000 millones de pesos para construir viviendas; 724 millones para infraestructura vial e hídrica y alrededor de 200 millones para obras municipales. El ministro de economía Roberto Lavagna aseguró que el tesoro dispone de 6.000 millones de pesos para obras públicas. Por lo que el resto vendrá de préstamos del BID y del Banco Mundial que aumentarán la deuda argentina.

Pero los planes que Kirchner tiene para el Estado no se limitan sólo a obras públicas sino que aseguró que el Estado intervendrá activamente en áreas como educación, salud, asistencia social y previsión social.

Desde el gobierno afirman que en materia de educación el Estado nacional recuperará un rol principal en la elaboración y planificación de contenidos educativos y en los sistemas de formación y evaluación docente. Se construirán nuevas escuelas y se crearán más puestos de trabajo en esa área.

En cuanto a la salud, el gobierno implementará un seguro de salud materno-infantil que dará cobertura a cinco millones de personas de bajos recursos y aseguran que en el nuevo Sistema Nacional de Salud, los ejes serán los hospitales públicos.

Respecto de la previsión social, Kirchner quiere reformar el actual sistema privado de jubilaciones y establecer un sistema mixto con fondos públicos y privados.

Todo parece indicar que la asistencia social pública será uno de los ejes de la política distribucionista del gobierno de Kirchner. Continuarán los subsidios “Jefes y Jefas de Hogar” que actualmente llegan a 2 millones de personas y habrá que ver si el gobierno cede a las presiones de las organizaciones piqueteras que pretenden aumentar el monto de ese subsidio de 150 a 300 pesos (alrededor de 100 dólares). Actualmente, el Estado argentino destina alrededor de 3.000 millones de pesos para esos planes sociales.

Si decimos que “populista” es aquel que promete cosas que no puede hacer, en el caso de Kirchner está actuando como tal o efectivamente está convencido de que puede llevar adelante un gobierno con ese esquema de política económica basado en el gasto público. Lo cierto es que ambas posibilidades son peligrosas porque Argentina no está en condiciones de encarar medidas poco realistas.

Una prueba de fuego será cuando el gobierno argentino en septiembre busque reprogramar los 6.000 millones de dólares que vencen este año con los tres organismos de préstamo (FMI, Banco Mundial y BID). Otro escollo se presentará en el mes de diciembre, la fecha tope que se puso el gobierno para elaborar una propuesta definitiva de pago a los acreedores privados que tienen bonos de la deuda argentina por unos 60.000 millones de dólares.

Actualmente, el mayor desafío enfrentado por el presidente Kirchner es la realidad de un Estado quebrado, que no ha cumplido con sus obligaciones externas ni internas y que sólo inspira desconfianza.

María del Carmen Bourdin es periodista argentina, directora ejecutiva de la Fundación del Sur.

© AIPE

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