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La Argentina de la zanahoria y el garrote

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No hay dudas de que el poder político seduce y atrae por lo que representa. Por ello, quienes lo ejercen no quieren perderlo y están dispuestos a conceder favores, olvidar traiciones y hacer promesas que no siempre cumplirán con tal de conservarlo.

La lógica de la perpetuidad en el poder movilizó a políticos y gobernantes argentinos de todos los tiempos y los hizo reformar constituciones o celebrar acuerdos con amigos y enemigos con tal de mantenerse en el poder, muchas veces usando los fondos del Estado para solventar aparatos políticos.

Hasta que, a finales de 2001, hastiados de estos movimientos que parecían tramados por oscuros monjes a puertas cerradas, los ciudadanos reclamaron un cambio en la dirigencia y en la manera de hacer política. Se sucedieron gobiernos de transición que modificaron dramáticamente el curso de la economía del país, pero que no comprometieron en esas reformas a la corporación política.

Cuando Néstor Kirchner fue electo presidente, prometió llevar a cabo la reforma política que los ciudadanos exigían y así justificó su confrontación con los dirigentes de los años 90 y la corrupción que marcó gran parte de la década pasada. Pero a tres meses de iniciado su mandato, la gestión del gobierno en ese sentido ya no parece tan clara.

En un año electoral como este, el presidente que encarnó la renovación política, tal vez acosado por su baja representación de origen, apoya a gobernadores que buscan repetir sus mandatos por tercera o cuarta vez consecutiva y que no han cambiado su metodología “clientelista” de canjear recursos económicos por votos.

Estos gobernadores peronistas, como Gildo Insfrán en Formosa, Carlos Rovira en Misiones, Eduardo Fellner en Jujuy o la familia Juárez en Santiago del Estero, por citar algunos, reforman constituciones, mantienen poderes judiciales adictos y no hacen mayor esfuerzo en mejorar sus administraciones, recostados siempre en la ayuda del gobierno federal, que no sirve para sacar de la pobreza y el atraso a sus pueblos.

Es decir, la conducta política de los gobernadores que el presidente Kirchner apoya y promueve no difiere de la de otros gobernadores que aún se definen como “menemistas” y que no son aliados del gobierno nacional. Es el caso de Juan Carlos Romero en Salta, quien también busca su reelección a gobernador este año o el del gobernador Rubén Marín en La Pampa que busca un lugar como senador.

Tampoco el apoyo al peronismo de Santa Fe que está en el poder desde hace 20 años o a la reelección de Aníbal Ibarra en la ciudad de Buenos Aires (que no cumplió con la prometida eliminación de las listas sábanas y la ley de comunas) parecen concordar con las promesas renovadoras de Kirchner.

De hecho, el gobierno federal se ha cuidado muy bien de hablar de dos cuestiones que pueden dañar su “armado” político y que son muy sensibles a las relaciones con las provincias: la reforma al régimen de coparticipación federal y la reforma política. El debate sobre ambos temas fue postergado y virtualmente eliminado de la agenda del gobierno, seguramente hasta que pasen las elecciones en las provincias.

No hay hombres nuevos en la política actual, no hay nueva metodología y la lógica de construcción del poder político del presidente no es más que la vieja lógica de construcción de poder político de los líderes peronistas históricos, un poco con “zanahoria y garrote” pero sin hacer un juzgamiento ético o republicano sobre el pasado y el presente de los aliados o sobre la metodología para prevalecer en el poder.

Si esta línea de acción se mantiene, los gobernadores seguramente saldrán fortalecidos y el presidente Kirchner podría encontrarse mucho más condicionado de lo que él mismo supone para conservar el viejo régimen que nutre y mantiene los liderazgos de siempre.

En definitiva, como dice la Biblia: “Por sus frutos los conoceréis”, ya hemos probado los frutos amargos de nuestro actual sistema político.

María del Carmen Bourdin es periodista argentina, directora ejecutiva de la Asociación Sur.

© AIPE

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