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Reestatización, otra cara de la crisis

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En un país serio, las reglas de juego económico son claras y estables. En un país como Argentina, las reglas de juego cambian todo el tiempo. La devaluación instrumentada por el gobierno de Eduardo Duhalde a comienzos del 2002 empobreció a los asalariados, aumentó la brecha entre ricos y pobres y destruyó fuentes de trabajo, provocando niveles de miseria nunca antes vistos en Argentina. También empobreció a las grandes empresas locales que durante la convertibilidad tomaron créditos en el exterior, dado que las tasas internacionales eran más bajas, pero con la devaluación del peso se tornaron impagables, por lo que tienen que liquidar sus activos.

Uno de esos casos es el del grupo de empresas petroleras, gasíferas y eléctricas de la familia Pérez Companc (Pecom Energía), el consorcio privado más importante de la Argentina, que también explota petróleo en Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Es el segundo productor petrolero argentino, con 95.000 barriles de crudo diarios.

El Grupo Pecom controla parte de los servicios de energía eléctrica y gas en el país, por lo que un 40% de sus ventas (2.700 millones de dólares al año) son en pesos. Con deuda en dólares que cubrir, debió salir a liquidar activos. Entonces aparece en escena la empresa brasileña Petrobras que ya tiene inversiones en Argentina (700 estaciones de servicio) y que ofreció comprar Pecom Energía por 1.125,1 millones de dólares, cifra baja, haciéndose cargo de los pasivos de la empresa.

La operación incluyó activos variados como concesiones petroleras en Argentina y otros países latinoamericanos, empresas petroquímicas, refinerías y estaciones de servicio, empresas generadoras de energía, sistemas de transmisión de energía, sistemas de transporte de gas y de distribución de energía eléctrica.

Entre esos activos están las empresas Transener que controla el 98% de la distribución eléctrica en Argentina; Edesur que provee electricidad a más de 2 millones de familias en la Capital Federal y Gran Buenos Aires; Genelba y Pichi Picun Leufu que generan el 7% de la energía consumida en Argentina y TGS que transporta más del 50% del gas en el país. Todas estas empresas fueron privatizadas durante el gobierno de Carlos Menem. Pero con la adquisición de Pecom por parte de Petrobras, estas empresas son nuevamente estatizadas, ya que el Estado brasileño posee 55,6% de las acciones de Petrobras.

Con la compra de los activos de Pecom Energía, la petrolera brasileña alcanzará una cuota del 9 por ciento del gas extraído y el 12,9 por ciento en el mercado argentino de combustibles, detrás de la española Repsol YPF, la anglo-holandesa Shell y la estadounidense Esso (ExxonMobil), en ese orden. No hay dudas de que por medio de esta operación el Estado brasileño se transformará en un jugador importante dentro de la vapuleada economía Argentina.

Esta adquisición expone, una vez más, la profundidad de la crisis argentina. Pecom es una empresa paradigmática en el país, ya que es la compañía privada más grande de capitales argentinos y aún hoy sigue siendo la empresa con mayor participación en el indicador accionario del mercado de valores de Buenos Aires.

Lo paradójico es que la devaluación que instrumentó Duhalde se hizo supuestamente para defender los intereses nacionales y los intereses de los empresarios argentinos. Pero no fue así. La aguda crisis argentina no se presenta sólo como una crisis del sector público sino que también involucra la trama económica del sector privado.

La salida de la crisis implicaría forjar un nuevo contrato social entre muchos sectores de la comunidad que suponga que ningún actor (en este caso el Estado) pueda estar en condiciones de alterar grave y dramáticamente las reglas de juego, alterando el equilibrio general de tal forma que el desarrollo económico del país no dependa de los medios de producción y pase a depender de la capacidad de esos actores de cambiar las reglas a su antojo y conveniencia.

María del Carmen Bourdin es periodista argentina y directora ejecutiva de la Fundación del Sur.

© AIPE

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