Cuando en mayo de este año Néstor Kirchner asumió la presidencia, la Argentina transitaba los coletazos de una de las peores crisis económicas, políticas y sociales de su historia. Aunque sin la gravedad de los dos años anteriores, el escenario social era muy complejo. El desempleo afectaba al 15,6% de la población (3,7 millones de personas) y 54,7% de los argentinos se encontraban en la pobreza. Es decir, alrededor de 20 millones de personas no podían comprar con sus salarios una canasta de alimentos valuada en 250 dólares. Otros 10 millones de argentinos (26,3%) eran considerados indigentes y sobrevivían con menos de un dólar al día.
Con la pobreza y el desempleo como los temas principales de la agenda del gobierno, el presidente Kirchner prometió reivindicar a los sectores de menores recursos mediante una política agresiva de contención social que tenía dos ejes: la asistencia social y la redistribución de ingresos.
Esa decisión política puso nuevamente en el centro de la escena a los piqueteros, grupos de manifestantes organizados que bloquean sistemáticamente las calles e impiden la libre circulación en las ciudades. En su relación con los piqueteros, el gobierno concedió más de lo que exigió y descartó el uso de la “mano dura” para frenar los excesos, asustado por el fantasma de la represión de diciembre del 2001, que terminó con la presidencia de De la Rúa, y la de mediados de 2002 que precipitó la salida de Eduardo Duhalde.
Ahora, todos los días hay “piquetes” que convierten a la Argentina en un país sitiado, donde no se puede transitar por las calles o trabajar libremente. Y parece que el gobierno no está midiendo los efectos sobre la economía de su excesiva permisividad con los piqueteros.
Actualmente, la economía avanza con fragilidad la senda de la recuperación. Su desempeño depende fundamentalmente de factores externos y coyunturales, tales como el alto precio de las materias primas en el mercado internacional, especialmente la soja de la cual Argentina es el primer exportador mundial, y la cesación de pagos respecto a los acreedores tanto internos como externos. Pero ¿es posible un crecimiento sostenido basado sólo en la coyuntura internacional y en no pagar lo que se debe? Claro que no. Para que la economía crezca deben reaparecer las inversiones y para ello el gobierno deberá garantizar a los inversores –locales y extranjeros– seguridad jurídica, orden político y respeto a los derechos constitucionales: al libre tránsito, a la propiedad privada, al comercio y al trabajo.
Pero las noticias e imágenes de la Argentina que recorren el mundo no contribuyen precisamente a generar un clima de confianza, requisito para que un inversor adquiera o reponga bienes de capital, para que invierta en proyectos a largo y mediano plazo en el país. Se trata, más bien, de imágenes de piqueteros con los rostros cubiertos y palos en las manos que cortan calles, queman fábricas e impiden el transporte de mercancías.
¿Acaso no se justifican los temores de los inversores ante una posible una repetición del 20 de diciembre de 2001? Ese día se violaron impunemente los derechos de propiedad en la Argentina. El control de los desórdenes y movilizaciones sociales, cuya violencia aumenta, será una prueba de fuego importante para el gobierno, al enfrentar a su propia base, ya que amplios sectores del movimiento piquetero son adherentes del gobierno.
La actitud del gobierno respecto a este tema no sólo será seguida muy de cerca por los inversores locales y extranjeros sino que definirá el rumbo de la Argentina en los próximos años.
© AIPE
María del Carmen Bourdin es periodista argentina, directora ejecutiva de la Asociación Sur.