Debo comenzar esta reflexión con un recuerdo a los que sufren y con mi reconocimiento a los miles de españoles que nos cuidan y derrochan solidaridad. También dejando claras cuáles son las prioridades comunes en este momento: salvar vidas, apoyar sin límites a los que nos cuidan, proteger a los más vulnerables y sentar las bases para reactivar la economía, que es garantía de nuestro Estado de Bienestar.
España es un Estado social y democrático de Derecho. No hay excusa para afrontar la gestión de esta crisis sanitaria renunciando a alguno de los puntales de nuestro marco constitucional.
En este momento, como en cualquier gestión de una crisis, las Administraciones y los Poderes del Estado han de cumplir su función con máxima implicación, coordinación y diligencia. Afortunadamente, en el siglo XXI el auxilio de las tecnologías de la comunicación permite conciliar el ejercicio eficiente de las funciones públicas con las restricciones de movilidad por razones sanitarias si se hace con inteligencia, transparencia y dedicación.
No puedo estar más de acuerdo con las recientes palabras de la presidenta de las Cortes Generales:
En momentos como éste, las instituciones públicas son nuestro instrumento más poderoso como sociedad (…) No podemos permitirnos sustituirlas ni renunciar a ellas.
Porque eso es evidente, apelo a sus propias palabras para desbloquear el Congreso, garante de que nuestro Estado siga siendo democrático y de Derecho. Es contrario a la Constitución que se supriman de raíz sus funciones: legislativa, propositiva y de control al Gobierno.
El presidente Casado ha demostrado que tenemos claras las prioridades y la lealtad con los españoles, a los que representamos, de los que somos su voz: primero son ellos, su salud y su bienestar. Pero también queremos un futuro en libertad, sin que nuestros derechos sean cercenados.
¿Justificarían ustedes a un cirujano que para afrontar la gangrena en un dedo amputara ambas piernas? Creo escuchar un clamor diciendo que no. ¿Por qué el Gobierno no escucha a quienes alertan sobre la limitación extrema de derechos, cuando no de su supresión? Las libertades de expresión, información, opinión, política, de circulación o de empresa y el derecho de reunión o a la intimidad se han visto profundamente afectados.
Las Cortes representan al pueblo español y son inviolables (art.66 CE), por eso no puede disolverse el Congreso mientras estén proclamados los estados de alarma, excepción y sitio. Del mismo modo, no queda modificado el principio de responsabilidad del Gobierno (art. 116.6 CE). La mesa del Congreso, pues, Sra. Presidenta, no puede paralizar ahora las funciones de la Cámara, ni la participación de los ciudadanos a través de sus representantes libremente elegidos (art.23 CE).
También apelo al Gobierno a mantener abiertos todos los instrumentos de participación política que, desde la responsabilidad de la oposición que ya ha demostrado el Grupo Popular, no sólo impiden que se deteriore la calidad democrática, sino que permiten canalizar las demandas ciudadanas y la consideración, desde el debate, de distintas alternativas a la solución de los problemas.
La coordinación, unidad de acción, inmediatez y transparencia son imprescindibles en una crisis tan dramática como la que estamos viviendo. La opacidad gubernamental y la falta de verdadera información, pues vivimos una suerte de maquillaje escénico a través de monólogos diarios controlados sin réplica ni concreción, son intolerables. Se sortea a la Prensa y también al Congreso.
El Gobierno no está cumpliendo con su responsabilidad en el mantenimiento de un estado extraordinario, como el de alarma, que no admite generalidades, sólo concreciones; y no permite la eliminación de derechos y libertades. Informar y pedir autorización al Congreso no es un mero trámite formal, es esencial para la legitimación de un Gobierno al que temporalmente se le atribuyen amplias atribuciones, nunca cheques en blanco, sin dejación de funciones por otras instituciones, y sin eliminación de los Poderes del Estado, que deben seguir cumpliendo los controles y equilibrios (checks and balances) de las democracias plenas.
Se alzan voces que denuncian que nos encontramos irregularmente ante un estado de excepción de facto, y es muy probable. La Ley Orgánica 4/1981 es bastante precisa en su definición y alcance.
Declarar un estado de excepción no es bueno ni malo. Ninguno de los estados del art. 116 CE son deseables, pero están justificados constitucionalmente cuando se dan las condiciones, extremando las cautelas para declararlos y mantenerlos. Lo inaceptable es el disimulo, el engaño, actuar sin los controles y límites constitucional y legalmente previstos en los estados de alarma y excepción. Nos preocupa que el Gobierno esté actuando como si no tuviera que responder ante nadie. Pareciera que en estado de alarma puede hacer tanto como quiera y por cualquier instrumento normativo, cuando no es así. La situación de salud pública es muy grave, extrema, y a ella deben acomodarse las medidas, pero debe darse confianza y seguridad.
La reacción del Gobierno fue tardía hasta que, superado por la realidad, decidió que era imprescindible declarar el estado de alarma. A partir de ahí, se lanzó a regular, sin planificación, orden ni consulta previa a las CCAA; sin hablar con el líder de la oposición y los grupos políticos; con normas de cualquier rango que inciden gravemente sobre nuestros derechos y libertades, generando una extraordinaria inseguridad jurídica, con marcados sesgos ideológicos.
Pedimos que el Ejecutivo haga cuanto sea necesario para atender a los españoles en esta gravísima situación; y, como dijo Pablo Casado, no está solo en este trance, pero no cabe acompañarlo a ciegas hasta el precipicio. No es admisible la opacidad, el abuso de poder, el bloqueo del Congreso, o que actúe como una apisonadora de derechos y libertades. Ahora, más que nunca, el Gobierno tiene que ser gestor. Son los ciudadanos los que le legitiman para desarrollar su función, y esa legitimidad la reciben de las Cortes Generales.
María Jesús Moro Almaraz, profesora de Derecho, portavoz adjunta en la Comisión Constitucional del Congreso.