Vivek Ramaswamy, emprendedor, y Jed Rubenfeld, constitucionalista de referencia que se las tiene tiesas en los tribunales con gigantes como Google y Facebook, han publicado en el Wall Street Journal este “Save the Constitution from Big Tech” (‘Salvemos a la Constitución de las Big Tech’) en el que denuncian la piafante impunidad de unas corporaciones que de hecho ejercen de fuerza de choque que permite al Poder llegar a donde no le dejaron los Padres Fundadores.
Por lo común se dice que las compañías tecnológicas son libres para regular sus contenidos porque son privadas y la Primera Enmienda sólo protege contra la censura gubernamental. Se trata de una idea equivocada. De acuerdo con la doctrina legal al uso, Google, Facebook y Twitter deberían ser tratadas como actores estatales. Mediante una combinación de disposiciones inductivas y amenazas regulatorias, el Congreso ha cooptado a Silicon Valley para que haga entre bambalinas lo que, por mor de la Constitución, el Estado no puede conseguir directamente.
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(...) los congresistas demócratas han amenazado explícitamente en repetidas ocasiones a los gigantes de las redes sociales para que censuren los discursos que desaprueban. (...) El neoyorquino Jerrold Nadler [dijo el año pasado]: “Veamos qué pasa si simplemente les presionamos”.
Tales amenazas han funcionado. (...) No es casualidad que los gigantes tecnológicos hayan dado sus pasos más agresivos contra Trump justo cuando los demócratas están a punto de hacerse con el control de la Casa Blanca y el Senado.Nuestros Legisladores [los Padres Fundadores que elaboraron la Constitución norteamericana] tenían una comprensión profunda de la necesidad de que en el gobierno haya equilibrio de poderes [checks and balances]. Lo que no pudieron prever fue el auge de un nuevo Leviatán que tuviera el poder no contrapesado de emitir juicios políticos extraconstitucionales al amparo de la propiedad privada.
La democracia americana está sometida a asedio por la plutocracia política de Silicon Valley. (...) Hemos pasado de un sistema federal con tres poderes a un solo poder que tiene oficinas en Silicon Valley. Pero Jack Dorsey y Mark Zuckerberg no han de rendir cuentas democráticas.
Los norteamericanos del común entienden la Primera Enmienda mejor que las elites. Los usuarios de Facebook, Twitter y Google que dicen que estos violan sus derechos constitucionales tienen razón. Los agraviados deberían demandar a esas compañías para proteger la voz de todos los estadounidenses… y nuestra democracia constitucional.
En su demoledor “America’s New Corporate Tyranny” (‘La nueva tiranía corporativa en EEUU’), Michael Lind, profesor de la Universidad de Texas en Austin y autor de The New Class War: Saving Democracy from the Managerial Elite (‘La nueva guerra de clases: salvar a la democracia de la élite gerencial’), acusa a las grandes corporaciones de privar a la ciudadanía de sus derechos y libertades y de “destruir” la nación americana, que estaría sometida a dos Constituciones: la de los Fundadores y la de esa banda de Fundidores de la República. “La Constitución política funciona razonablemente bien”, afirma; en cambio, la Constitución corporativa es “el anárquico reino de una tiranía descontrolada”.
El sistema de pesos y contrapesos de la Constitución política americana no es perfecto, pero se ha reivindicado durante los cuatro tempestuosos años de la Presidencia Trump. Donald Trump perdió el poder en unas elecciones libres y limpias. Numerosos tribunales y altos funcionarios e incluso su propio vicepresidente han rechazado sus denuncias de que le robaron los comicios. Va a ser sometido a impeachment por segunda vez, y sus violentos seguidores que irrumpieron en el Capitolio el pasado 6 de enero han sido detenidos [...] Si nuestra Constitución política es la propia de una democracia con defectos pero funcional, no puede decirse lo mismo de nuestra Constitución corporativa. En ella, los gigantes oligopólicos que son esenciales para el comercio, las comunicaciones y las finanzas operan en muchos casos sin más regulaciones que las que ellos mismos se imponen.
[...] Si a las empresas se les prohíbe anunciar sus bienes y servicios en las plataformas electrónicas (...); si los autores de libros controvertidos pueden ser vetados por las distribuidoras físicas y virtuales; si a las organizaciones políticas se les impide realizar transacciones electrónicas o tener cuentas bancarias; si a quienes sostienen opiniones equivocadas se les puede despojar de su seguro médico; si se puede privar de la tarjeta de crédito a quien votó como no debía en las últimas elecciones o puso algo incendiario en las redes sociales, entonces los Estados Unidos son una tiranía, por mucho que los tribunales funcionen y las elecciones sean libres.
Levin explica que en EEUU es doctrina asentada (por el Tribunal Supremo, desde 1876) que, “cuando se destina al servicio público, la propiedad privada es objeto de regulación pública”; y que esta doctrina es la que impide a las compañías ferroviarias, telefónicas, hoteleras u hosteleras excluir de su servicio a la inmensa mayoría (de productos y personas). Por eso pide que se aplique este rasero no discriminatorio a todo el mundo e- o digital; salvo, precisamente, a las redes sociales, para las que pide el mismo restrictivo trato que reciben lo que en los hechos dice que son: medios de comunicación con una marcadísima línea editorial.
La solución al poder arbitrario de las corporaciones en la nueva infraestructura industrial es, pues, simple y clara. Defínase a las plataformas online de vídeo y opinión como editores convencionales, sujetos a las regulaciones usuales que tratan de impedir la diseminación de libelos, blasfemias, obscenidades, el robo de propiedad intelectual, etc; y al resto de las grandes tecnológicas defínaselas como proveedores de bienes y servicios de interés público.
Desde los antípodas, Claire Lehmann, directora de la imprescindible Quillette, coincide en que a la Banda Big Tech hay que someterla a regulación (como se sometió a las compañías ferroviarias yanquis en el s. XIX, compara), pero cree que es un “error” pensar que se mueven en un “marco ético coherente”, sino que obedecen a impulsos políticos y sociales a la hora de censurar (ad hoc) y que el poder que tienen entre manos se les ha ido de las ídem. Así que su sometimiento a una legislación antimonopolio les “ayudaría” a “adoptar decisiones con transparencia” y a sacudirse el yugo de la masa/élite enfurecida.
A Lehmann no le compraría la mercancía Joy Pullman, directora de la apretada revista liberal-conservadora The Federalist, que advierte de que la BBT tiene el pavoroso plan de instaurar en EEUU un sistema de vigilancia social como el que rige en la China del neoMao, Xi Jinping, lo que le habría llevado a desatar una caza de brujas antiderechista para que florezcan mil flores chivatas que conviertan las empresas, las universidades y en definitiva todas las instituciones públicas y privadas norteamericanas en un erial rojo social warrior, negro BLM y orwellianamente woke.
Parece que los oligarcas globales han decidido no sólo coludirse con el control totalitario que ejerce Pekín sobre su sociedad, sino exportar ese control social a países antaño libres como Estados Unidos.
Puestos a comprar, la Pullman le compraría a la Lehmann el formidable (‘que infunde asombro y miedo’) libro de Allum Bokhari #DELETED: Big Tech's Battle to Erase the Trump Movement and Steal the Election (‘#ELIMINADO: la batalla de las Big Tech para erradicar el movimiento pro Trump y amañar las elecciones’), publicado el 22 de septiembre de 2020 –es decir, un mes y medio antes del estupefaciente 3 de noviembre de 2020– y del que ha dado cumplida cuenta Kyle Sammin en la propia Federalist:
Hasta hace poco, la preocupación por el poder de las grandes corporaciones era cosa de la izquierda. Lógico. Tradicionalmente, los conservadores han sido defensores del mercado, y las grandes corporaciones han solido quedarse al margen de las guerras culturales. Reflejaban la cultura americana en vez de moldearla. El big government fue siempre la mayor amenaza para nuestra libertad.
Ahora que el gigante mediático Twitter proscribe la cuenta personal del presidente de los Estados Unidos e incluso borra tuits de @POTUS, cuenta propiedad del Gobierno de los Estados Unidos, uno se ve obligado a preguntarse: ¿quién tiene más poder, Washington o Silicon Valley?
Aunque publicado en septiembre, el profético libro de Allum Bokhari (...) explica cómo la relación entre el poder corporativo y el pueblo americano ha cambiado para peor. A medida que las compañías Big Tech han crecido hasta dotarse de la fortaleza de un monopolio, han abandonado cualquier pretensión de neutralidad y ahora (...) tratan de determinar los resultados de las elecciones nacionales.
(...) ustedes no son los clientes de Facebook, Twitter y Google; ustedes y sus datos personales son sus productos. Sus clientes son los anunciantes a los que venden los datos. (...) No necesitan preocuparse por su opinión. De hecho, se sirven de su poder para ahormarla.
Bokhari [describe] las estrechas relaciones entre los líderes de las tecnológicas y el ala del Partido Demócrata concentrada en Nueva York, Los Ángeles y Silicon Valley. [...] Bokhari halló que, durante el mandato de Barack Obama, 55 empleados de Google se unieron a la Administración, y 197 empleados del Gobierno se unieron a Google.
¿Cómo aíslan a los enemigos ideológicos? (...) Primero trabajan con activistas de izquierdas para identificar a “desinformadores en serie y activistas de derechas”, como se les describe en un memorándum filtrado. El uso de vigilantes que validan sus propias concepciones les lleva a una más severa aplicación de las reglas sobre las cuentas derechistas.
Cuando se unen a una red social emergente, los baneados hacen lo que los libertarios dicen que deberían hacer. “¿No te gusta Twitter? Pues únete a otra red. ¡O lanza la tuya propia!”. Pero la historia de Gab, un competidor de Twitter, muestra el fallo del mercado que se produce en tal escenario. Como sus primeros grandes nombres fueron ultraderechistas baneados por Twitter, la red social en su conjunto fue tachada de guarida de trolls racistas, nada adecuada para la gente de bien.
Puertas giratorias, conchabeos entre el Gobierno y los guardianes de las esencias newtralizadoras, demonización de la derecha… Seguro que nada de esto les suena. Lo lejos que nos quedan los Estados Unidos de América, y ahora más con esta pandemia…
En fin, que dice y advierte y apresta Sammin:
Parte del problema es que, en el pasado, a la hora de temer el aplastamiento de la libertad de expresión sólo temíamos al Gobierno. Realmente, nadie más tenía poder para ello. En líneas generales, ganamos la batalla contra la censura estatal, pero las nuevas corporaciones se han vuelto tan poderosas que actualmente están más capacitadas que el Gobierno para silenciar voces. Se trata de un problema nuevo que requiere de soluciones nuevas, antes de que los oligarcas tecnológicos controlen todo el flujo informativo nacional.
Alfredo Ortiz, emprendedor y director de la liberal-conservadora Job Creators Network, cree que no hace falta inventar la rueda aquí, emprender nada, sino despojar a la BBT de los privilegios legales que le facilitan matonear con ostentosa impunidad y someterla a la disciplina regulatoria que pesa sobre las compañías telefónicas.
De la misma manera que AT&T [ponga usted Movistar, si le sirve para aclarar la idea] no puede denegar servicios a los usuarios por razones políticas, tampoco podrían hacerlo las empresas de alojamiento de webs.
“Los conservadores como yo dudamos al proclamar que el Gobierno es la solución a este problema”, confiesa Ortiz; para al cabo retrucar al que pretenda leerle la cartilla liberal:
Pero cuando las pequeñas empresas no pueden siquiera disponer de alojamiento web, ¿qué se supone que tienen que hacer? ¿Crear su propio Internet?
¿Eh!
Vienen tiempos recios y éste va a ser uno de los temas fundamentales de nuestra época. Ha irrumpido el Leviatán menos esperado y los liberales han de ver en lo que es, sacudirse el marasmo y no confundirse de amigos ni de enemigos en esta batalla en la que se dirime la supervivencia de su gran conquista: la Sociedad Abierta.