L. D. / EFE.- El juzgado de Primera Instancia número 3 de Sanlúcar la Mayor considera que Boliden “reúne los requisitos necesarios para ser declarada en estado legal de suspensión de pagos”, tal como solicitó la propia empresa el 2 de octubre del pasado año.
Boliden presentó suspensión de pagos ante las enormes pérdidas que arrastraba, “junto a los malos resultados obtenidos durante el primer semestre del año, que hacen imposible que puedan dar comienzo los trabajos de la tercera fase de la explotación de la mina, por lo que sólo e pueden completar las labores en curso.
Según el portavoz de Boliden, Alejandro de Antonio, la mina gastó 16.000 millones de pesetas por la rotura de la balsa minera que produjo el vertido tóxico y ha invertido un total de 60.000 millones en la explotación, mientras que las pérdidas de la compañía desde el 1 de enero de 1997 hasta junio de 2000 ascendieron a 19.664 millones de pesetas.
Alejandro de Antonio, explicó que la Junta General de Acreedores, convocada para el próximo 29 de octubre, tiene por objeto analizar el cobro de la deuda, el posible acuerdo entre los acreedores y ver los valores que la compañía puede aportar para responder por estas deudas.
Los principales acreedores de la empresa son, según el edicto, la Tesorería General de la Seguridad Social, CEPSA, General Química (Gequisa), Andaluza de Obras y Minerías y Harnischfeger como división financiera del grupo multinacional.
Bolidén ha asegurado, con motivo de la suspensión de pagos, que garantiza la continuación de su explotación hasta octubre de 2001, fecha a partir de la cual espera encontrar un comprador que aún no se ha concretado aunque ha entablado contactos con tres multinacionales interesadas.
Boliden presentó suspensión de pagos ante las enormes pérdidas que arrastraba, “junto a los malos resultados obtenidos durante el primer semestre del año, que hacen imposible que puedan dar comienzo los trabajos de la tercera fase de la explotación de la mina, por lo que sólo e pueden completar las labores en curso.
Según el portavoz de Boliden, Alejandro de Antonio, la mina gastó 16.000 millones de pesetas por la rotura de la balsa minera que produjo el vertido tóxico y ha invertido un total de 60.000 millones en la explotación, mientras que las pérdidas de la compañía desde el 1 de enero de 1997 hasta junio de 2000 ascendieron a 19.664 millones de pesetas.
Alejandro de Antonio, explicó que la Junta General de Acreedores, convocada para el próximo 29 de octubre, tiene por objeto analizar el cobro de la deuda, el posible acuerdo entre los acreedores y ver los valores que la compañía puede aportar para responder por estas deudas.
Los principales acreedores de la empresa son, según el edicto, la Tesorería General de la Seguridad Social, CEPSA, General Química (Gequisa), Andaluza de Obras y Minerías y Harnischfeger como división financiera del grupo multinacional.
Bolidén ha asegurado, con motivo de la suspensión de pagos, que garantiza la continuación de su explotación hasta octubre de 2001, fecha a partir de la cual espera encontrar un comprador que aún no se ha concretado aunque ha entablado contactos con tres multinacionales interesadas.