Hace pocos días, el presidente del Perú, Alejandro Toledo, decidió instaurar el estado de emergencia en todo el territorio durante 30 días como manera de hacer frente a las innumerables huelgas que azotan el país y paralizan los procesos económicos. La decisión ha sido aplaudida por muchos, pero también criticada por no pocos políticos peruanos que ven el momento como una buena oportunidad para conseguir adeptos.
Con el estado de emergencia (contemplado en la Constitución peruana en caso de perturbación de la paz o el orden público, de catástrofe o de graves circunstancias) se han suspendido momentáneamente algunas garantías constitucionales. Es la segunda vez que esto ocurre desde que Toledo asumió el poder. La primera fue durante las manifestaciones de Arequipa en junio de 2002 contra la privatización de dos empresas energéticas (por cierto, el ex alcalde de dicha ciudad, principal responsable de la violencia registrada aquellos días, sigue muy tranquilo en su casa). Los que realmente verán sus derechos recortados son los huelguistas que promueven los disturbios y la violencia. Para la ciudadanía en general, en particular para la del interior del país, ya se les había privado su derecho del alimento al bloquear los manifestantes más de 30 carreteras en todo el país. Gracias a esta decisión, este aspecto se verá en parte solucionado.
Las principales huelgas del país fueron convocadas por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep) y por la Junta Nacional de Usuarios de Riego, es decir, por los agricultores. En total, más de un millón y medio de personas protestando en las calles. Los mismos que hace apenas dos años no se atrevían a salir de sus centros de trabajo ya que Fujimori tenía una manera mucho más efectiva de disuasión: su socio Montesinos. Con una sola llamada, su asesor se encargaba de apagar cualquier foco de protesta sin necesidad de establecer el estado de emergencia (un buen ejemplo es el caso del asesinado dirigente sindical Pedro Huilca). Ahora que sí pueden protestar por sus derechos, aprovechan.
Pero no son los únicos que aprovechan. El APRA de Alan García se ha mostrado en contra de la decisión de Toledo olvidando que durante su desastroso mandato entre 1985 y 1990 se declaró el estado de emergencia 17 veces y se contaron casi 3.500 huelgas de diversos sectores. Es el mismo juego de siempre, esta vez a tres bandas. Alan García afirma tajantemente que apoyará la gobernabilidad del país pero por otro lado se muestra contrario a la decisión del presidente, tal vez la única salida que le quedaba, e incita con sus declaraciones a los responsables de las huelgas a seguir protestando.
En estas circunstancias, aparecen los “genios” de siempre. Las peticiones de los maestros, por ejemplo, podrían parecer ridículas vistas desde un país desarrollado. Estos piden un aumento de sueldo inferior a los 100 dólares mientras el Gobierno sólo se muestra dispuesto a dar poco menos de 30. Los “eruditos” creen que la mejor solución para restablecer el orden en el país es solicitar nuevos préstamos para financiar esos aumentos. Claro, son éstos mismos los que después van por el mundo llorando sus penas y pidiendo la condonación de la deuda. Para otros, se debería buscar el dinero desde la misma emisión monetaria del país, algo que no podría ocurrir con un gobierno que, pese a quien le pese, ha perseguido la seriedad fiscal y económica. Además de ser una solución falsa apenas momentánea.
Declarar el estado de emergencia es una decisión difícil pero totalmente legítima en un momento en el que el país necesita a gritos recobrar la calma. Este estado de emergencia ayudará a que los inversores no se asusten y sigan llegando al país al imponerse el principio de autoridad. La posición del APRA no puede sorprender a nadie. La misma demagogia y el mismo oportunismo que nos había demostrado durante su olvidable lustro en el poder. Alan García es el mismo y lo único bueno que nos ha dejado estos días es que nos ha probado que no han aprendido de sus errores que dejaron al Perú en la bancarrota.
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