La palabra "ajustar" significa "apretar una cosa de suerte que sus varias partes vengan justo con otra cosa o entre sí". En el ámbito de la economía moderna, lo que tiene que calzar justo son los ingresos y egresos del Estado, pero la palabra es interpretada como "ajuste de cinturón". Esa interpretación es correcta, pero el ajuste no es el mismo si se da por el lado de los ingresos del Estado que por sus gastos.
Si lo que hay que resolver es un déficit del presupuesto público, no hay otra alternativa que aumentar los ingresos o reducir los gastos. Cuando se ajustan los gastos, y depende de cómo se haga, habrá alguna pérdida o reducción de ingresos por parte de los empleados públicos o se reducirá o cancelará algún subsidio, mientras que la mayoría de la población no se verá afectada. Por el contrario, cuando se aumentan los ingresos, vía incremento de los impuestos, suele recaer esa carga sobre la mayoría de la población, mientras que ni los empleados públicos ni los programas subsidiados resultan especialmente afectados. Ambas acciones suelen generar resistencia, pero los empleados públicos y quienes reciben subsidios tienen un interés más concentrado y están mejor organizados para defender lo suyo, mientras que los contribuyentes son mucho más numerosos y no están organizados como tales.
Los productores están representados en sus organizaciones respectivas y suelen ser bastante activos en la defensa de su actividad particular. En ese caso, también existe un interés concentrado que los moviliza y ayuda a su organización. El contribuyente general es el que se encuentra más indefenso y se expresa solamente cada varios años, por medio de su voto en las elecciones. Esta expresión, además, no es perfecta, ya que cuando vota se le está pidiendo que opine sobre una gran cantidad de temas, no solamente sobre la presión impositiva. En tal sentido, su mensaje es muy débil.
Por todas estas razones, si el Estado tiene que ajustar, ¿dónde le conviene más hacerlo? Pues la respuesta política a esta pregunta es que le conviene no molestar a los grupos mejor organizados, los que pueden causar problemas y disturbios de gran visibilidad. Convendrá hacer recaer el peso del ajuste en aquellos que menos posibilidades tienen de protestar e, incluso, tratar de hacerlo sin que se den cuenta.
Esta simple lección política es la que no consideró bien el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Losada. Se le ocurrió reducir gastos que afectaban a algunos en particular e implementar un nuevo impuesto a los ingresos que, si bien era extendido, golpeó a la policía, grupo que tiene la particular característica de estar armado.
Resultado: treinta y tres muertos y un gobierno en ruinas. Obviamente, Sánchez de Losada no se fijó cómo maniobran los políticos argentinos. Si hubiera observado a la Argentina durante el año pasado, habría encontrado formas de lograr resultados sin confrontar graves problemas. Cuando la clase política argentina se vio ante el mismo dilema de "ajustar" porque los ingresos y los egresos no calzaban y nadie quería financiar ese faltante, se le ocurrió aplicar el sistema de "muerte por inyección letal". En términos económicos esto tiene otro nombre: devaluación de la moneda. Esta significó el más grande impuestazo que jamás se haya aplicado. Los ingresos no caen, en términos nominales, pero como la recaudación aumenta por el mero crecimiento de los precios locales y de los impuestos al comercio exterior que se cobran en dólares, la situación financiera del Estado mejora. Claro, se baten récords de pobreza, con porcentajes cercanos al 50%, pero nadie se da mucha cuenta del por qué.
Antes, cuando López Murphy anunció su ajuste, los jóvenes estudiantes cortaron todas las calles de la capital. Cuando se aplicaba el "déficit cero", los empleados públicos protagonizaban un conflicto tras otro. La devaluación redujo los salarios reales a la mitad (y no sólo de los empleados públicos sino de todos), pero nadie levantó la voz. ¿Dónde están los estudiantes y los empleados públicos ahora? Quizás están apoyando el nuevo "modelo". Sánchez de Losada y el FMI deberían ver que los hábiles políticos argentinos tienen formas de descuartizar con anestesia. Eso sí, operan despiadadamente a todos y quienes más pierden son los más pobres.
Martín Krause es profesor de Economía y corresponsal de la agencia © AIPE en Buenos Aires.
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