¿Qué pasa cuando una persona no cumple con la ley? Algunos, no todos, van presos o reciben multas. ¿Qué pasa cuando el gobierno no cumple con una ley? Recibe un préstamo del Fondo Monetario Internacional.
En 1994, la Argentina reformó su constitución y esa reforma estableció la obligatoriedad del Congreso de sancionar una nueva ley estableciendo las relaciones fiscales entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, sistema que se conoce con el nombre de “coparticipación federal de impuestos”. A la fecha eso no ha sucedido y esto formará parte del nuevo acuerdo con el FMI.
En la jerga de la política económica, el mecanismo vigente en la Argentina para el cobro de ciertos impuestos nacionales y su posterior reparto entre las provincias es considerado un sistema con “restricciones presupuestarias blandas”. Eso quiere decir que no le impone disciplina fiscal a las provincias, lo cual termina generando problemas al gobierno nacional y a la estabilidad de la economía. Esa disciplina es “blanda” porque los gobernadores no son responsables de recaudar pero sí de gastar su asignación de los impuestos nacionales. Así, mientras más problemas tengan, más ayuda reciben del gobierno nacional.
Las provincias presentan el mismo problema de “riesgo moral” que los organismos internacionales de crédito: si las malas conductas fiscales son luego “rescatadas” por el gobierno nacional, se termina incentivando tales conductas y se generan más problemas. Como los mercados descuentan que se va a producir ese salvamento, la situación fiscal de las provincias afecta directamente a la capacidad crediticia del gobierno nacional.
Es necesario, entonces, pasar de las “restricciones presupuestarias blandas” a “restricciones presupuestarias duras” y de esto se trata el nuevo debate. Existen dos formas de implementar esas duras restricciones. Una de ellas, predominante en la Argentina de hoy y sostenida por un buen número de economistas, descansa sobre el control del gobierno nacional. Este trata de imponer la disciplina fiscal en las provincias intentando controlar sus políticas fiscales. Esto no es fácil en un país donde subsiste una tradición federal, ya que las provincias se resisten y el gobierno nacional no puede imponer sus criterios mediante órdenes. Puede, eso sí, tentar a las provincias con “pactos” que ofrezcan refinanciaciones de deudas a cambio de compromisos a reducir o eliminar sus déficit fiscales, con lo cual el gobierno nacional termina actuando como un “FMI” local frente a las provincias.
Estos pactos requieren luego de control sobre su cumplimiento e, igual que le sucede al Fondo, de la decisión de denunciar el incumplimiento y dejar caer a alguna provincia o volver en su ayuda, en un proceso de nunca acabar. El problema de esta alternativa es que reduce a meras palabras el federalismo y avasalla la autonomía de las provincias, aunque sus gobernadores la prefieran por la posibilidad de que el control se relaje.
La segunda es la disciplina que el mercado impone. Esta es la que sufre actualmente el gobierno nacional. Cuando no hay nadie que quiera prestar dinero, entonces la disciplina del “déficit cero” es impuesta de facto. Lo mismo podría suceder en el caso de las provincias, pues los mercados de capitales también se le cerraron a las provincias. La ventaja de esta alternativa es que respeta los principios del federalismo, ya que no hay intromisión ni controles del gobierno federal, a la vez que genera un saludable grado de competencia entre las provincias para atraer recursos.
Y si la competencia es la que nos brinda mejores autos, televisores y alimentos, tal vez nos comience a brindar mejores gobiernos también.
Martín Krause es corresponsal en Buenos Aires de la agencia de prensa © AIPE .
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