Con una versión menos virulenta que la de su amigo Hugo Chávez, el matrimonio Kirchner avanza por caminos similares. A menudo, los gobernantes creen que su mala suerte en las urnas electorales se debe al maltrato que reciben de la prensa y que otra sería su suerte si logran controlar a los medios. Esto explica los ataques a la prensa argentina, luego de la derrota electoral de julio que demostró que más del 70% de los argentinos no elegirían a ninguno de los personajes del matrimonio presidencial.
Entonces aplican la vieja estrategia futbolística de que "no hay mejor defensa que un buen ataque" y allí van los Kirchners tras el control de los medios de comunicación. La justificación es que la ley actual fue impuesta bajo la dictadura militar y hay que controlar los "monopolios".
Es curioso que esa ley no la derogara Raúl Alfonsín, un abanderado de las libertades cívicas y políticas, aunque no de las económicas. La ley tuvo algunas modificaciones durante los gobiernos democráticos, pero ninguna que cambiara su esencia. Además, el lenguaje es confuso porque acusan de ejercer "monopolios" a grupos empresariales grandes que poseen algún periódico, estaciones de televisión y radios, pero que compiten entre sí.
El gobierno argentino, que perdió las elecciones legislativas, no va a lograr que se apruebe una ley como la que ahora promueve con la nueva composición del Congreso. Pero como las elecciones se adelantaron de octubre a julio, se apuran para aprovechar una mayoría perecedera, con la fecha de su defunción anunciada para el 10 de diciembre.
Apurando y maltratando a todos los procesos legislativos y al sentido común, que resalta la conveniencia de esperar, el gobierno avanza y la Cámara de Diputados acaba de dar media sanción a su proyecto, que será apurado en el Senado.
El proyecto demuestra la esencia intervencionista de la ideología kirchnerista. Se ponen límites al número de licencias de radio, televisoras y cable que una empresa pueda tener, se impide la propiedad extranjera, no se puede tener un canal de aire y otro de cable, y quienes excedan esos límites tendrán que vender sus empresas en el plazo de un año.
El Estado se reserva todas las frecuencias que estime necesarias y asigna un tercio del total a las ONG. El resto queda para los medios privados, dependiendo de cuántas quiera el Estado para sí. Hay todo tipo de cláusulas sobre "producción nacional": la publicidad debe producirse localmente, como también el 60% de la producción en TV y 70% de la radio.
Para obtener una licencia, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual tomará en cuenta las propuestas de contenidos del candidato, por lo que se abre la puerta al control de contenidos por parte de ese organismo. Y, como siempre, la amenaza velada de que la licencia no sea renovada funciona como una mordaza virtual, o como en Venezuela, real y efectiva.
En el caso argentino, el intento de controlar y regular a la prensa tiene un gran impacto. Esta delegación de poderes del Congreso al poder ejecutivo lo convierte, al comienzo, en un mero trámite, pero posteriormente todo se decidirá con decretos presidenciales "de necesidad y urgencia", que incluso pueden derogar leyes vigentes. Desde la reinstauración democrática, la justicia ha sufrido cambios en cada uno de los gobiernos, siempre con una Corte Suprema adicta y servil.
Eso acabó con la "división de poderes" y evita que los medios de comunicación critiquen e influyan en el poder concentrado. Si ahora los medios pierden toda su independencia, quedará solamente la opción de salir a protestar en las calles, como lo hicieron los productores agrícolas. Pero en las calles no se debate, se lucha.