En la actual discusión sobre el gasto público argentino predomina la opinión que el estado es muy ineficiente, pero se piensa que si esto se pudiera enderezar, buena parte de los problemas del país y de los contribuyentes quedarían resueltos. Pero ese debate no considera las consecuencias de la ineficiencia estatal. Veamos algunos ejemplos.
En una reciente noticia publicada por el diario La Nación se informa que los nuevos restaurantes establecidos en barrio Palermo de Buenos Aires “están cansados de pagar coimas, de tener que arreglar a la policía y a los inspectores municipales que semanalmente pasan a visitarlos” para cobrar. Entre tanto, el ministerio de Justicia informa que el número de delitos denunciados a la policía creció en los últimos 10 años en 89% y en 313% en la ciudad de Buenos Aires.
Abundan los gastos estatales de dudoso beneficio público. Es favorable que la Argentina mantenga cordiales relaciones internacionales, pero ¿cuánto hay que gastar para mantenerlas? Hay 189 países miembros de las Naciones Unidas incluyendo al último ingresado, Tuvalu. ¿Cuántas embajadas debería la Argentina tener? ¿Se justifica el gasto de mantener representaciones diplomáticas en Jamaica, Trinidad y Tobago, Vietnam o Zimbabwe? Otros gastos serían considerados como “lujos” en países prósperos y fiscalmente sólidos, pero, ¿puede permitírselo la Argentina con 16% de desocupados y un déficit fiscal de 7.000 millones de dólares?
Por otra parte, la investigación se ha convertido en el “chiche” de todo funcionario público. Por ejemplo, existe un Centro Argentino de Etnología Americana, también existe el Centro de Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultural. Y como si fuera poco, el Ministerio de Cultura y Educación cuenta con el Instituto Nacional de Antropología y del Pensamiento Latinoamericano, donde se realizan investigaciones tales como Antropología socio-cultural de Antofagasta, El Carnaval a fines del siglo XIX: la cuestión interétnica, Memoria colectiva e inundaciones en Olavarría, etc. Evidentemente que la investigación florece en el estado argentino, sólo que aún no se ha investigado cuál es su verdadera utilidad.
Cualquier cosa se justifica en tanto y en cuanto contenga el adjetivo “social”; entonces no hay que discutir costo ni fijar o medir los resultados. El papel que antes cumplían las empresas estatales en el presupuesto público lo ocupan hoy estos programas sociales y con los mismos grados de ineficiencia.
Argentina es el país de América Latina con mayor gasto social per cápita (índice=100, 1994/95), seguido de Uruguay (90) y luego Costa Rica (55). Todos los demás países gastan menos de la mitad de lo que gasta Argentina, con relación a su población.
Repasemos algunos ejemplos de la ineficiencia endémica de nuestro gobierno:
- La Biblioteca del Congreso tenía 24 empleados en 1937, hoy tiene 1.010.
- La Imprenta del Congreso tiene un presupuesto de 20 millones de dólares, utiliza una rotativa Goss del año 1923 y viejos linotipos que son piezas de museo.
- Las 37 universidades nacionales reciben ahora 1.800 millones de dólares cuando en 1990 recibían 300 millones. Atienden a 950.000 alumnos pero sólo egresan unos 35.000 por año. Cada graduado de universidad pública cuesta 48.700 dólares, lo que sería suficiente para becar a cada uno de ellos a una carrera y un postgrado en las mejores universidades privadas del país.
- En 1998, cada empleado público nacional costó un promedio de $2.018 al mes, en comparación con $1161 percibidos, en promedio, por cada trabajador del sector privado. Como los empleados del estado trabajaron menos tiempo (152 contra 177 horas al mes) el resultado fue que el costo por hora alcanzó $13,28 en la administración pública frente a $6,56 en el sector privado.
- Si bien en la Argentina hay unas 5.800 causas judiciales por cada 100.000 habitantes, en España hay 10.300 y en Estados Unidos 14.500. Pero en Argentina hay 16,3 empleados judiciales por cada juez versus 10,8 y 10,2 en los otros dos países y aquí el sistema judicial nos cuesta 0,69% del PIB versus 0,31% en Estados Unidos y 0,26% en España.
La complicada realidad fiscal actual impone que se revise detalladamente el objetivo de cada erogación del gobierno. El festín ya se está acabando.
© AIPE
Martín Krause es Corresponsal en Buenos Aires de la agencia de prensa AIPE.
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