El manejo de las políticas pesqueras suele dar dolores de cabeza y muchos países han experimentado serios problemas de depredación de los recursos. Sucedió en la Argentina en el caso de la merluza, mientras que en Canadá, en 1991, prácticamente desapareció el bacalao y se prohibió su pesca hasta el día de hoy. En 1996, el temor a que sucediera lo mismo con el salmón llevó al gobierno a restringir las áreas de pesca y a comprar el 40% de las licencias existentes. No las revocaron sino que pagaron por ellas.
Ahora, un estudio realizado por Laura Jones y Miriam Bixby, publicado por el Fraser Institute de Vancouver, Managing Fish: Ten Case Studies from Canada’s Pacific Coast, muestra las experiencias exitosas que han tenido en la costa del pacífico. Según las autoras, hasta mediados del siglo XX la pesca en Canadá era totalmente desregulada y no existían mayores problemas porque el volumen de pesca no afectaba la sustentabilidad del recurso. Pero eso cambió y la respuesta del gobierno fue limitar el ingreso a la actividad a través de restricciones a la entrega de licencias y al acortamiento de las temporadas de pesca. Esto, por supuesto, no cambió el incentivo a corto plazo de los pescadores –obtener la mayor cantidad de pesca posible antes que otro lo haga–, sino que lo desplazó a aumentar la capacidad de sus barcos para poder pescar más en menos tiempo. Y tales medidas ocasionan serios problemas: las temporadas de pesca reducidas generan una gran oferta del producto en un breve lapso de tiempo, lo que derrumba el precio en ese período, pero se sufre de baja oferta y altos precios el resto del año. También se afecta la calidad del producto porque se cuida menos el manejo de la pesca y se genera mayor peligro porque con una temporada corta los barcos pesqueros deben salir sin importar las condiciones climáticas, lo cual aumenta el riesgo de la actividad.
Por esos problemas, en varios casos se ha modificado el enfoque desde uno que pone restricciones en la labor de pesca a un control directo de la cantidad de peces capturados, asignando derechos de propiedad bajo la forma de cuotas individuales. El mecanismo funciona así: se establece un límite de captura global de la especie y luego se reparte entre los distintos pescadores, quienes se convierten en "propietarios" de esa cantidad asignada. Esto genera varios efectos positivos:
- Eliminan la sobrecapitalización e incrementan la rentabilidad de la actividad, permitiendo mantener costos bajos (ya no es necesario tener barcos cada vez más voraces).
- No hace falta apurarse para pescar, la temporada se extiende, aumenta el período de oferta y se obtienen mejores precios debido a que se vende un mayor porcentaje de pescado fresco.
- La actividad es más segura porque ya no hay que salir bajo cualquier condición
- Una vez que se asigna la cuota original (suele hacerse en base a la captura de años anteriores) se permite su venta y traspaso, lo que eleva la eficiencia del conjunto.
Las cuotas individuales se aplican con éxito en Islandia desde 1975 y más recientemente en Australia, Groenlandia, Holanda y Nueva Zelanda. En el caso del Canadá, funcionan con mucho éxito con el arenque, abalone y otros. En ocho de nueve de estos regímenes, los indicadores muestran una mejora en niveles de captura, muy cercanos o aún por debajo del límite total. En algunos casos, el exceso de captura alcanzó 180% del límite, en los años previos a la introducción de las cuotas. Además, implicaba la contratación de terceros para la supervisión y control, un servicio pagado por los mismos pescadores. En un caso, incluso, fueron los propios pescadores los que establecieron el sistema de cuotas, luego reconocido por el gobierno.
En definitiva se trata de evitar la tragedia de la "propiedad común", bajo la cual todos estamos incentivados a "sacar", pero nadie a cuidar lo que existe.
Martín Krause, rector de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE)