La crisis económica de la Argentina genera torrentes de comentarios, últimamente relacionados con las gestiones del gobierno ante el Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de obtener ayuda adicional. En Buenos Aires muchos creen que esa ayuda comenzaría a despejar las expectativas negativas que mantienen a la economía y al ánimo de los argentinos en una depresión absoluta.
No resulta agradable frustrar una dosis de optimismo, pero lo cierto es que si uno mira hacia delante, vemos nubarrones que no presagian nada bueno. Estos tienen que ver con la voluntad de funcionarios y de políticos en llevar adelante el duro ajuste de las cuentas públicas, algo que resulta necesario para restablecer la confianza.
Uno de los principales problemas que demoran esa recuperación es que tanto los inversores como los consumidores ya no creen en meras promesas y aguardan para ver los hechos. Pues la Argentina ha prometido ya muchas veces que va equilibrar sus cuentas fiscales y así reducir el crecimiento de una deuda externa que aparece ya como impagable. Pero una y otra vez ha incumplido esas promesas, a pesar de enormes paquetes de “blindaje” y monumentales canjes de deuda.
Ahora hay que ver para creer y así todos se encuentran a la espera de que la Argentina cumpla con la última promesa, presentada con la etiqueta de “déficit cero”, es decir, que el estado argentino gastará solamente lo que le ingresa, incluyendo allí el pago de los intereses de su deuda externa.
Como no se hizo ningún ajuste del gasto durante años y éste se duplicó en los últimos diez años, ahora los recortes necesarios golpean con dureza a muchos sectores. Ese golpe es más duro cuando el gobierno decide reducir los salarios de los empleados públicos y los montos de las jubilaciones por igual, sin discriminar entre el pobre jubilado y el policía o el asistente del político, el que recibe una jubilación de privilegio o recibe un subsidio sin ninguna justificación.
Tal ajuste, entonces, requiere de una voluntad firme por parte del gobierno. Pero cuando escuchamos lo que ciertos miembros de ese mismo gobierno dicen, no podemos más que poner en duda que esa voluntad exista.
Se encuentra ya a consideración el presupuesto fiscal para el año 2002, manteniéndose el déficit cero. El ministerio del Interior maneja una partida de fondos que puede distribuir a discreción entre los gobiernos provinciales. La misma llegó a alcanzar los 400 millones de dólares, pero se redujo a 70 millones este año y el ministerio de Economía propone eliminarla por completo. De más está decir que esa discrecionalidad ha sido utilizada con evidentes fines políticos, premiando a amigos y castigando a rivales. Ante esta circunstancia, el secretario de Provincias del ministerio del Interior dice que “de concretarse esta medida, las provincias tendrán problemas para enfrentar emergencias o eventuales desequilibrios financieros”.
Pero no son solamente las provincias las que confrontan tales desequilibrios sino que el estado nacional está en un dramático estado de “emergencia”, causado precisamente por el despilfarro público de cuentas como esas. ¿O no tomó nota el funcionario de la magnitud de la crisis?
El ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, piensa que “para 2002 hay que hacer una inversión del uno por ciento del presupuesto, en $ 3.000 millones para planes sociales, educación y salud”. Pues, en primer lugar, hay un problema de matemáticas, ya que esa cifra es un uno por cierto del PIB, no del presupuesto. Además, parece no registrar que para obtener un “déficit cero” en el año 2002 y asumiendo que la recaudación impositiva se mantenga estable con relación a lo estimado originalmente para este año, el gasto habrá de ser reducido en 6.500 millones de dólares ¿Alguna idea de donde sacarlos?
No sorprende, entonces, la falta de confianza. El barco se hunde y algunos tripulantes ni cuenta se han dado.
Martín Krause es corresponsal de la agencia de prensa AIPE .
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