Los políticos le dicen a la gente sólo lo que la gente quiere escuchar. Hasta el nuevo ministro argentino de Economía, Domingo Cavallo, graduado ahora en la academia de la experiencia política, cuando se le pregunta qué tasa tendrá el impuesto a las cuentas corrientes (diario Clarín, 25/3/01) responde que “ni el Presidente ni yo vamos a entrar en esos detalles. No somos economistas (¡!). Y le digo a la gente que habrá reactivación y nuevos empleos...”
El mismo día, le preguntaron periodistas de La Nación si habrá que renegociar las metas con el Fondo Monetario Internacional. La respuesta de Cavallo fue que “lo del Fondo es una cuestión que interesa a los financistas, pero no a la gente en general. No es un tema del nivel del Presidente, ni siquiera del ministro de Economía. Lo van a negociar los técnicos”.
Cavallo llega hasta decir que “la Argentina tiene una buena clase política” (Clarín, 27/3/01) o que comprende lo que sienten los senadores al ser perseguidos por la justicia. Si estas dos cosas son así, cuesta entender cómo es que terminamos en problemas; como si la gente se asustara y manifestara contra los ajustes de personal en la Biblioteca del Congreso, donde no cabrían todos los que cobran como empleados si fueran el mismo día a trabajar.
Estamos aquí ante una encrucijada; si es cierto lo de Cavallo y no se le puede decir a la gente la verdad de la dramática situación fiscal argentina, entonces ante la inevitabilidad de la bancarrota estatal quedan dos alternativas: o el fracaso o el engaño. A López Murphy –ministro anterior que duró dos semanas– le tocó la primera, Cavallo deberá en algún punto, cuando el ajuste del gasto sea inevitable, plantearse la segunda.
No sería la primera vez que esto sucede; recordemos que Mario Vargas Llosa perdió una elección por decir abiertamente que era necesario aplicar una política de shock y quien lo derrotó, Alberto Fujimori, la aplicó apenas fue elegido.
Sin embargo, quedan dudas acerca de si esas cosas no se le pueden decir a la gente, o es que no se le pueden decir a los políticos. Estos parecen aferrarse a privilegios con uñas y dientes; no aceptan los recortes de López Murphy y le entregan poderes administrativos a Cavallo, con la restricción de no tocar los privilegios.
Supuestamente el ajuste de López Murphy no era aceptable para la gente, pero el impuesto a los cheques y transferencias en cuentas corriente sí lo es. Los estudiantes salen a las calles y cortan las avenidas, pero los cuentacorrentistas y los consumidores no. También sería bienvenida la eliminación de los aranceles para los bienes de capital, mientras se aumentan al máximo posible los aranceles a los bienes de consumo.
El ajuste de López Murphy buscaba reducir el gasto en 2.000 millones de dólares; el nuevo impuesto de Cavallo podría succionar del sector privado entre 3.000 y 6.000 millones de dólares, incluso mucho más. El aumento de los aranceles a los bienes de consumo es un impuesto directo a los consumidores, entre los que se destacan los de menores ingresos. La explicación es muy simple: supongamos que antes se pagaba un arancel del 20% que el fisco recaudaba y un bien cuyo costo CIF era de $ 10 terminaba costando $ 12. El producto local podía venderse a un precio similar o cercano para competir con el importado.
Ahora se eleva el arancel al 35%, con lo que el producto importado pasa a costar $ 13,50, y esos $ 3,50 van al fisco. Pero el productor local no tiene que seguir cobrando $ 12, puede subir su precio hasta un poco menos de $ 13,50 y aun así competir con ventaja. En este caso la diferencia del arancel no va al fisco sino que queda en manos del productor local. Es el equivalente a otro impuesto con destino privado, de ahí que normalmente se le llame subsidio.
Estas dos medidas que afectan al bolsillo particular son aprobadas por los políticos en pocas horas; ninguno duda cuando se trata del dinero de los demás. Eso sí, los poderes para recortar los programas preferidos por los políticos y para reducir burocracia son resistidos hasta último momento y limitados a la posibilidad de reorganizaciones administrativas sin despidos ni reducciones de salarios. Curioso: en el sector privado sí puede haber despidos y reducciones como lo muestra la tasa de desempleo y la caída de los salarios reales, pero en el sector público, no.
© AIPE
Martín Krause es corresponsal en Buenos Aires de la agencia de prensa AIPE.
En Internacional
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro