Hace apenas un par de semanas se oía decir que el sistema bancario argentino era muy sólido. Es más, se sostenía que era uno de los sistemas más sólidos del mundo, dado que se cumplían aquí requisitos aún más rigurosos de los que predominan internacionalmente. Pero bastaron unos pocos días para que el sistema se colocara al borde del colapso, sumando una más a las instituciones que terminan seriamente deterioradas o prácticamente destruidas en la vorágine de la crisis argentina.
En la tarde del viernes 30 de noviembre, la perspectiva era el colapso generalizado de los bancos en su apertura del siguiente lunes, con lo cual quedaba demostrado que no hay solidez del sistema bancario que resista una corrida suficientemente grande, a menos que cuenten con un encaje del cien por cien de sus depósitos. En la práctica eso significaría que todo el dinero en cuenta corriente se mantiene en caja y los fondos recibidos a plazo se prestan en los mismos plazos en que se reciben o que los bancos cuenten con el respaldo suficiente que puedan obtener tanto sea necesario como aportes de capital, líneas de crédito o seguros.
Ante la desesperada situación de los bancos, el gobierno recurrió a profundas restricciones al derecho de propiedad, alterando la disponibilidad de los recursos por parte de sus propietarios. Muchos lo consideraron como algo inevitable para evitar la hemorragia que desangraba al sistema; pero en el fárrago de la discusión nos olvidamos que fueron ciertas decisiones gubernamentales anteriores las que abrieron las compuertas al pánico. Y es que la decisión del Banco Central de poner un techo a las tasas de interés hizo que los bancos no pudieran ofrecer intereses suficientemente atractivos a quienes buscaban irse del sistema.
El fenómeno resulta claro: si el techo impuesto a la tasa bancaria da como resultado que se puede obtener un rendimiento similar tanto en el banco A, que no brinda mucho confianza, como en el banco B, que parece mucho más fuerte, entonces obviamente el banco A comienza a perder depósitos. Estos bancos deben hacer frente a sus clientes en las ventanillas y piden préstamos a los bancos fuertes, tipo B. Pero resulta que esos mismos están sufriendo un proceso de salida de grandes depositantes, a quienes el riesgo país ahuyenta. Mantener a esos depositantes requeriría pagar tasas elevadas, pero eso no se les permitía. Resultado: todos pierden depósitos y las tasas de préstamos entre bancos se disparan a las nubes. Implementadas las nuevas medidas, incluso los bancos parecen aceptarlas como un mal menor: por lo menos se frena la estampida.
Como toda medida que restringe la salida, si bien puede que ésta reduzca su velocidad, lo que se cierra por completo es la entrada; nadie va ahora a llevar sus ahorros al sistema bancario. El panorama, entonces, luce de la siguiente forma: la hemorragia continuará, aunque más lentamente, pero el "stock" de sangre será cada vez menor. La anemia del sistema llevará a su lenta agonía, por lo que la promesa de que estas restricciones sólo durarán 90 días es de muy sospechoso cumplimiento, teniendo en cuenta, además, que el decreto presidencial no establece ninguna fecha sino que tan sólo dice que el Banco Central podrá "disminuir las restricciones... cuando los saldos de los depósitos totales del sistema financiero aumenten respecto de los niveles de cierre del día 30 de septiembre de 2001 y las tasas de interés a las que se realicen las diferentes transacciones sean, a su juicio, normales". Dadas las condiciones de desconfianza que nuestro gobierno genera, incluyendo estas mismas medidas que golpean a ahorristas y depositantes, esto bien puede ser mucho más lejano... o nunca.
Cualquier sociedad en la cual el poder se apropia de los recursos de otros a su voluntad convierte a la convivencia pacífica en la selva. En tales circunstancias, pensar en progreso, inversión, crecimiento, puestos de trabajo es vano e inútil, la cooperación social sucumbe y sin esa cooperación se pierden los beneficios de la división del trabajo y de la vida en sociedad. El resultado es la pobreza y la economía subterránea.
Siempre habrá una emergencia que justifique la violación del derecho de propiedad. Esto puede ocurrir no solamente con la expropiación sino también con la abusiva exacción fiscal o con las limitaciones al uso y disposición de los bienes. Suele presentarse el argumento de que esa violación de este derecho es necesaria para salvar algún valor de mayor importancia, pero entonces se pierde de vista que aquel era el valor más importante a proteger. No es que hay que violarlo por la emergencia; la emergencia es que sea violado.
Martín Krause es corresponsal de la agencia de prensa AIPE en Buenos Aires y profesor de Economía.
!-->