En los últimos tres años, el gobierno de Estados Unidos ha despojado de visas a cuatro generales colombianos, estampando en sus expedientes alegatos sobre sus nexos con terroristas, es decir, de colaborar con los paramilitares. Uno de estos generales se había retirado seis años antes que su visa fuese cancelada, pero los otros tres fueron relevados de sus cargos por presiones de Washington.
Estos generales habían sido declarados inocentes por tribunales colombianos y la manera como fueron “condenados” por Washington revela un habilidoso bajo mundo de falsedades, diseñado para destruir a los militares. No es difícil comprender lo que está sucediendo, pero ello requiere encarar los hechos y no sólo tratar de dedicarse a impresionar a los demás con la defensa de los derechos humanos. También está de por medio la importancia estratégica de Colombia en una zona inestable. Venezuela está ahora dirigida por un admirador de Fidel Castro, Hugo Chávez, y los militares colombianos dicen haber confiscado armas a los guerrilleros con marcas del ejército venezolano.
Los dos grupos terroristas más poderosos, FARC y ELN, llevan décadas tratando de convertir la democracia colombiana en una dictadura marxista. Como nueva y efectiva táctica están ahora lanzando una “guerra judicial” contra los militares más competentes. Tienen amplios fondos provenientes del narcotráfico y de los secuestros, ejercen dominio sobre funcionarios corruptos y campesinos aterrados en las zonas que controlan, además de la simpatía de organizaciones no gubernamentales (ONG) izquierdistas. Disfrazados de defensores de derechos humanos acusan a oficiales de crímenes de guerra ante los tribunales. No es coincidencia que estos generales y demás oficiales de menor rango que actualmente se defienden de tales acusaciones son los militares más exitosos en eliminación y captura de subversivos.
La anunciada política de Washington es mantenerse al margen del conflicto civil colombiano. Pero no sucede así. La Ley Leahy, que lleva el nombre del senador demócrata de Vermont, exige que se suspenda toda ayuda militar a unidades extranjeras sobre las que haya “alegatos creíbles” de violaciones de derechos humanos. Pero la política de Washington está muy lejos de ser neutral, ya que escudriña a los militares mientras ignora a los guerrilleros, quienes alegremente aportan tantos “alegatos creíbles” a los tribunales como pueden.
Una vez involucrado, Washington no ha asignado recursos ni tiempo ni voluntad política. Por el contrario, con un mínimo de personal en la oficina de derechos humanos de la embajada en Bogotá, el Departamento de Estado se confía en los testimonios de las ONG. Y a pesar que muchos de estos grupos apoyan abiertamente los objetivos políticos de las guerrillas y reciclan falsas declaraciones juradas como si fuesen ciertas, Washington no cuestiona su veracidad. A los generales Washington nunca les dio la oportunidad de defenderse, pero las acusaciones de las ONG sí forman parte de las actas del Congreso. Nadie niega que hayan habido abusos por parte de militares, pero la insistencia en manchar a oficiales competentes como colaboradores de los paramilitares amenaza con acabar lo que queda del orden y las leyes en Colombia.
También hay que tomar en cuenta el papel jugado por el soborno y la intimidación en los juicios. En el famoso caso del oficial Rodrigo Quiñones, acusado de planear 57 asesinatos, se determinó que los acusadores trabajaban para un cartel de la droga. Un testigo clave del fiscal se retractó, revelando cómo los funcionarios lo habían manipulado.
Aun después de colapsado totalmente, el caso contra el coronel Quiñones fue citado en su contra por Human Rights Watch en un testimonio ante el Congreso de Estados Unidos en septiembre del año pasado e incluido en el Informe del Año 2001 de Amnistía Internacional. Parte del texto es exactamente el mismo y los mismos alegatos aparecieron en la prensa de EE.UU. “La verdad” -afirma un colombiano- “no es importante, sólo crear el escándalo”.
Otro ejemplo de la guerra judicial es el caso contra el general Rito Alejo del Río, uno de los cuatro a quienes se les revocó la visa. En Colombia, el general Del Río tiene fama por haber logrado pacificar la región nórdica de Urabá. El cuenta que antes de su llegada allá, en diciembre de 1995, ocurrió “la más horrible y siniestra masacre de toda Colombia”. El lugar era un verdadero campo de la muerte, el sector agrícola estaba quebrado y no se habían pagado los sueldos por más de un año.
El general, luego de analizar la situación, concluyó que el problema era la falta de movilidad del ejército. Movilizó a sus tropas y a los pocos meses empezaron a controlar el área, a capturar a guerrilleros y a pelear contra ellos. Inició una política de reunirse con los trabajadores, líderes sindicales, hacendados y con ex guerrilleros que se habían convertido en un partido político pacífico. Así fue como el general se enteró que el ejército había perdido toda credibilidad: “estaban furiosos con nosotros por no protegerlos”.
Los secuestros, extorsiones, asaltos, ejecuciones y masacres son cosas del pasado en Urabá. Las exportaciones de bananos se han disparado y los trabajadores reciben sus salarios. El candidato presidencial colombiano Alvaro Uribe, quien era entonces el gobernador del departamento de Antioquia, mantiene que Del Río fue un excelente general.
Pero a pesar de los hechos y de su inmensa popularidad en la región, el general es persona no grata para Estados Unidos debido a que un coronel, con un dudoso historial, lo denunció como colaborador de los paramilitares. El general dice que se trata de un coronel “totalmente inepto” y las peores masacres de la región ocurrieron cada vez que el coronel había sido dejado a cargo en 1995. También acusa al coronel de tener vínculos con la guerrilla y que una vez acusó a otro soldado de ser simpatizante de los paramilitares solo por el hecho de portar un crucifijo alrededor de su cuello.
A pesar del ambiente de terror, algunos colombianos están pidiendo que Estados Unidos investigue lo que consideran es el desmantelamiento sistemático del mando militar por parte de una red de funcionarios corruptos y por terroristas que han logrado acceso a los tribunales. Las fuerzas armadas es la institución más respetada por los colombianos y merecen una averiguación imparcial.
© AIPE
Mary Anastasia O´Grady es editora de la columna “Las Américas” del Wall Street Journal, diario donde fue publicado originalmente este artículo y autorizó la traducción de AIPE.
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