El camino que está siguiendo el gobierno de Zapatero para aprobar el matrimonio entre parejas del mismo sexo está dejando en evidencia el talante poco democrático de este gobierno. Lejos de abrir un debate social serio sobre la conveniencia de modificar la naturaleza de una institución jurídica milenaria, se han empeñado en tapar –cuando no manipular– informes, datos y encuestas que puedan ir en contra de sus pretensiones.
No hace falta tener una mente perversa para intuir que la aprobación del anteproyecto de ley el pasado 30 de diciembre –recordemos que el primero de enero no hay prensa nacional y la agenda política estaba colapsada por el Plan Ibarreche– sea un intento de pasar de puntillas sobre un tema clave en la articulación de la sociedad. Han ignorado los informes del Consejo de Estado y del CGPJ recurriendo a las ya conocidas “interpretaciones flexibles” de la ley y han inventado datos sobre el número de homosexuales en España. Incumpliendo sus promesas de promover una democracia más participativa tratan de ignorar el ejercicio de la vía constitucional de participación ciudadana a través de la Iniciativa Legislativa Popular y aceleran la tramitación de una ley para adelantarse y acallar la recopilación de miles de firmas que piden que se eviten experimentos sociales con el matrimonio y con la adopción de menores.