Compatriotas, tenemos un problema. Nos gastamos miles de millones de dólares en seguridad, pero nuestro Gobierno ni siquiera puede hacer seguimientos y deportar a delincuentes extranjeros ya condenados. No hablo de los "recién llegados" que vienen con buenas intenciones porque sólo quieren " buscar oportunidades económicas haciendo los trabajos que nadie más hace". Son matones nacidos en el extranjero, agresores sexuales, asesinos y conductores ebrios reincidentes que están destruyendo el sueño americano.
Si nuestro sistema de inmigración y entrada no puede supervisar, detener y expulsar con eficacia a delincuentes extranjeros convictos –incluyendo los que cruzan ilegalmente la frontera, los que siguen aquí tras caducar su visado, los deportados fugitivos y los que tienen permiso de residencia pero han cometido graves delitos–, entonces ¿de qué sirve?
El terrible secuestro y asesinato de Zina Linnik, de 12 años, en Tacoma, Washington, el 4 de julio, es el ejemplo típico de la puerta giratoria del criminal extranjero. El acusado de secuestrar y matar a Linnik, Terapon Adháhn, que presuntamente la raptó en el patio de su propia casa, es un tailandés que reside legalmente aquí. Fue condenado por incesto en 1990. Adháhn había atacado sexualmente a una pariente de 16 años y se confesó culpable de una violación en segundo grado. Dos años más tarde fue condenado por intimidación con arma peligrosa.
La sección 1227(a)(2)(C), título 8, de la ley federal que se ocupa de la inmigración afirma: "Cualquier extranjero que en cualquier momento tras su admisión sea condenado bajo cualquier ley por utilizar, poseer, sostener o transportar cualquier arma, pieza o accesorio de un dispositivo destructivo o arma de fuego en violación de cualquier ley es deportable". Pero Adháhn no fue deportado. De hecho, como admitió Lorie Dankers, portavoz de Vigilancia y Control de Inmigración y Aduanas en Seattle: "Escapó de nuestra atención".
Lo mismo sucedió con el gángster inmigrante ilegal Mwenda Murithi, que fue detenido 27 veces sin que se le deportara antes de ser arrestado por la muerte a tiros de una inocente transeúnte de 13 años, Schanna Gayden, el mes pasado en Illinois.
Lo mismo sucedió con el delincuente inmigrante ilegal Ezequiel López, que tenía antecedentes que sumaban seis años de prisión sin que le deportaran, antes de ser detenido por el asesinato del ayudante del sheriff Frank Fabiano hace dos meses en Wisconsin.
Lo mismo sucedió con el inmigrante ilegal Juan Leonardo Quintero, que había sido deportado previamente tras cometer varios delitos, desde indecencia con un niño hasta conducir estando bebido, pero que encontró la manera de volver a Estados Unidos el pasado otoño y fue detenido después de que presuntamente disparara cuatro veces al policía de Houston Rodney Johnson en la cabeza durante un control rutinario de tráfico.
Y la lista sigue y sigue.
No son los "radicales anti-inmigrantes" los que están hartos del fracaso a la hora de expulsar y mantener fuera del país a los extranjeros que violan la ley. El tío de Zina Linnik, Anatoly Kalchik, señala que la suya era una familia de inmigrantes legales que obedecía todas las leyes, según el Seattle Post-Intelligencer:
El tío de Zina estaba furioso porque el sujeto no hubiera sido deportado tras ser declarado culpable en un crimen sexual. "Todos somos inmigrantes, pero venimos aquí legalmente", dijo Kalchik de su familia. Añadió que todos los adultos están limpios y no tienen antecedentes. "Si alguien es un agresor sexual, o cualquier otra clase de delincuente, no se le ha perdido nada en Estados Unidos", afirmó.
Los interventores y los funcionarios federales de inmigración han intentado avisar sobre este problema durante los últimos diez años. Pese a ello, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional informó el año pasado que de los alrededor de los 650.000 presos extranjeros que ese año había en las cárceles, la mitad son inmigrantes legalmente deportables que no serán expulsados porque la oficina de detención y deportación "carece de recursos para identificarlos, detenerlos y expulsarlos". Y esto es sólo el mejor cálculo que pueden hacer. A pesar de los mandatos federales, los acuerdos de cooperación y las incontables promesas políticas, aún no existe un sistema a nivel nacional que funcione con información básica sobre los extranjeros ilegales recluidos.
¿No tenemos ya suficientes delincuentes nacionales como para sufrir una amenaza añadida a la seguridad pública, la de los criminales extranjeros conocidos y condenados que salen de las cárceles para desaparecer y cometer más delitos?
El congresista demócrata David Price, de Carolina del Norte, está impulsando una ley que exige comprobaciones mensuales de las prisiones por parte del Departamento de Seguridad Nacional para hacer un seguimiento de los extranjeros ilegales encarcelados, aumentar el presupuesto para las deportaciones de delincuentes extranjeros y expandir un programa conocido como 287(g) para incentivar la cooperación de más funcionarios locales y estatales con las autoridades federales a la hora de ayudar a identificar y deportar de sus ciudades a delincuentes extranjeros.
¿Por qué no estamos haciendo todo esto ya? ¿Cuántas vidas inocentes más se perderán o serán arruinadas antes de que lo hagamos?
