Al llegar el momento de la vuelta al colegio o a los institutos no solo peligra nuestra salud sino también la solvencia del Estado de las Autonomías. Volvemos de manera precipitada y sin las suficientes garantías sanitarias.
Mostrando su verdadero talante la señora ministra de Educación, Isabel Celaá, emite sentencias adelantadas: absentismo es la acusación a los padres que puedan mostrarse reacios a enviar a sus hijos al colegio por miedo a la integridad de sus vidas, presencialidad su "café para todos", siempre acompañando sus mensajes con ese tono altanero, cuando no autoritario, mucho más crispante que tranquilizador.
Mientras la Sra. Celaá estaba de vacaciones, todos los miembros de las 17 autonomías españolas se devanaban la cabeza tratando de encontrar el mejor protocolo posible para la vuelta, trabajando con un poliedro de numerosas aristas, ninguna de ellas suficientemente convincente.
En el programa Sin Complejos, a cargo de D. Luis del Pino, emitido en la mañana del domingo 30 de agosto, nuestra compañera Marta Arce ha expuesto un interesante comparativo entre los protocolos con los que van a trabajar nuestras países vecinos, y no cabe duda de que ninguno de ellos presenta una fórmula magistral de garantía total, pero al menos en su mayoría han trabajado con menos improvisación y precipitación que nosotros. La suerte está echada.
Pobres profesores
Los sufridos docentes van a cargar con unas responsabilidades que en muchos casos pueden exceder a su capacidad de trabajo y de prevención de riesgos, y lo harán seguramente siendo el blanco de críticas y de censuras por parte de otros miembros de la comunidad educativa.
Cabe esperar que los profesores tengan entre ellos la suficiente cohesión para defenderse, sólo falta que por parte de sus representantes sindicales se desencadene la crispación de la huelga anunciada cuyas molestias e inconvenientes no sufrirán los liberados convocantes, sino los que "tocan tiza", como decíamos en mis tiempos en el argot profesional.
A la huelga de los sindicalistas a los que me resisto a llamar docentes, insisto porque muchos de ellos llevan años sin "tocar tiza", parece que puede unirse la que anuncian los miembros del llamado "sindicato de estudiantes", alguno de sus miembros dirigentes no sólo alejado por exceso de la edad escolar que dicen representar sino también poseedores de currículum cuya publicación resultaría interesante para poder valorar su verdadera pertenencia al mundo de los que realmente estudian.
Quienes desde su desconcierto tratan de establecer normas de convivencia escolar con distanciamiento mini-social, si se nos permite el término, parecen no conocer las dificultades reales que implica la llevada a la práctica de tales medidas, no sólo entre los niños, sino también entre los adolescentes: ignorar los problemas no contribuye a solucionarlos.
¿Qué hacemos entonces? En mi opinión enfrentarnos a este terrible problema sin autoritarismo ni rigidez, antes bien con la elasticidad necesaria para ir corrigiendo posibles errores a medida de la aparición de contagios, que parece imposible de evitar.
Parece muy acertada la inclusión en los centros de responsable de la vigilancia médica, pero para quienes reniegan del pasado sin conocerlo, quiero recordar que cuando un servidor se incorporó a la docencia tras superar las oposiciones a Cátedra de Instituto el año 1974, los centros públicos contaban con un gabinete médico estable : no todo tiempo pasado fue peor.
La responsabilidad de los padres
¿Podemos suponer que un juez lleve adelante una acusación de absentismo contra los padres que temporalmente se nieguen a llevar a sus hijos al colegio por temor al riesgo para su salud, o incluso para sus vidas, que pueda suponer la posibilidad de resultar contagiados? Parece que ya hay jurisprudencia en sentido contrario, basada en el respeto que su miedo podría merecer, no sólo distinto sino inverso de la situación de abandono de la patria potestad que su actitud implicaría según tal acusación.
Abundando en lo anterior, habría que recomendar la escolarización pero respetar a los discrepantes, porque no parece que haya prosperado, ni humana ni jurídicamente, la insólita afirmación todavía reciente, por parte de la Sra. Ministra de Educación, según la cual los hijos no son de los padres, sino del estado; tal confusión entre los conceptos de propiedad y de patria potestad por parte de la máxima autoridad del Ministerio de Educación debería haber implicado su inmediato cese: no fue así y así nos va.
La socialización de los niños es absolutamente indispensable y debe discurrir en paralelo a su formación académica, ello nos obliga a tomar riesgos en este momento crítico, pero riesgos que deben paliarse con estrictos protocolos anti-contagio que distan mucho de ofrecer garantías, tanto por su precipitación como por su posible déficit de recursos, general, por supuesto, no sólo en las Comunidades gobernadas por el Partido Popular.
Ante la incógnita que supone la evolución de la pandemia en España una vez superado el periodo veraniego y tras la vuelta al trabajo de los adultos, no parece descabellado que se hubiera retrasado el comienzo del curso, recordando en este sentido que durante décadas la fecha de la reincorporación a las aulas de niños y adolescentes se aproximaba al seis de octubre dedicándose septiembre a tareas preparatorias y exámenes de la llamada "convocatoria de septiembre" y no se venía abajo el mundo escolar por ello. En el momento actual, un retraso en el comienzo que compensara la pereza de muchas de nuestras autoridades ministeriales y autonómicas a la hora de ponerse a trabajar hace varios meses en la previsión, habría sido una medida de prudencia a todas luces encomiable.
Como verán los lectores vengo utilizando al hablar del alumnado la fórmula genérica, niños, alumnos, etcétera, soy profesor y creo innecesario aclarar mi más absoluto respeto al componente femenino del mismo: como docente sería especialmente grave que complicar la redacción con cantinelas y majaderías de corte feminista.