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Miguel Posada

Colombia avanza

Poco a poco, el Congreso colombiano se aproxima a la aprobación de las reformas propuestas por el gobierno y por el Fiscal General. Aunque, dada la urgencia de la agenda, el ritmo de trabajo parece desesperantemente lento, el proceso ha sido muy intenso si se compara con la parsimonia habitual de la legislatura. El tema que más ha llamado la atención de la opinión ha sido el referendo que planteará a los electores algunas reformas de carácter político, como la reducción del número de congresistas. Pero hay otros cuatro temas que son de mayor importancia: la reforma de la Fiscalía, la reforma tributaria, la reforma del régimen de pensiones y a las facultades al gobierno para reducir el tamaño del Estado.

Estas tres son críticas para la viabilidad económica de Colombia, pero todas “pisan callos”. Si se aprueba una reforma de las pensiones que resuelva la bomba de tiempo del pasivo del Estado y se aprueba la reforma tributaria, queda por ver si el gobierno logra, dotado de facultades para ello, las reducciones del aparato estatal que den viabilidad a las finanzas públicas. Las altas tasas de impuestos que impone la reforma tributaria son necesarias en el corto plazo, pero son un pesado lastre que afectará el crecimiento si se mantienen en forma indefinida. Varios gobiernos anteriores han fracasado en el intento de reducir el tamaño del Estado a una dimensión acorde con las posibilidades del país.

Toda persona que haya manejado grandes organizaciones sabe lo difícil que es reducir una burocracia. A veces esto requiere un esfuerzo de estudio y análisis que toma años, no meses como se piensa. Pero los resultados de ese esfuerzo serán los que finalmente nos lleven a ser un país viable, si los cambios son profundos, o que nos condenen a varias décadas de penuria y pobreza, si son superficiales. El problema de fondo es la necesidad de reducir lo que se concibe como funciones del Estado. La Constitución de 1991 concibió un Estado omnipresente que se ocupa de todo.

Ese modelo de Estado no se pudo sostener ni siquiera en Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. La economía de ese país se estancó en el intento de afianzar el Estado benefactor y para recuperar su dinamismo se requirieron las reformas de Margaret Thatcher. El gobierno laborista actual, con sabiduría, ha dejado en pie esas reformas, resistiendo la tentación de volver atrás, hacia el sueño socialista. El problema, entonces, está en el campo conceptual, más que en la fusión de unos cuantos ministerios o la eliminación de unas embajadas. Estos cambios son menores, como lo es la reducción que el presidente ordenó de la burocracia del palacio presidencial. Son convenientes, por supuesto, y dan un sano ejemplo, pero son insuficientes ante la magnitud del problema.

La importancia de la reforma de la Fiscalía escapa a la mayoría. Sin embargo, es un cambio de fondo. La nueva Fiscalía propuesta por el Fiscal General Luis Camilo Osorio ya no será el ente omnipotente que puede enviar a una persona a la cárcel por años mientras investiga con parsimonia. Ahora tendrá que presentar prontamente sus pruebas ante un juez para mantener a un sospechoso preso. Es una elemental garantía para evitar la detención arbitraria. Curiosamente no ha merecido el aplauso de las ONG de derechos humanos. Parece que estas, y entre ellas Human Rights Watch, que tanto dice preocuparse por los derechos humanos en Colombia, preferían aquella fiscalía que infiltrada por simpatizantes de la subversión podía mantener detenidos a militares por años, sin tener pruebas presentables ante un tribunal.

Si el Congreso aprueba las reformas propuestas por el presidente Uribe y el fiscal Osorio en las próximas semanas, logrará más que cualquier legislatura de los últimos 50 años y Colombia recuperará la esperanza de un futuro próspero y mejor justicia. Si a última hora triunfa el populismo, seguiremos un camino azaroso, tal como el que enfrentan nuestros vecinos. Colombia seguiría teniendo una bella Constitución, repleta de buenas intenciones y generadora de pésimos resultados.

Miguel Posada Samper es director del Centro de Análisis Sociopolíticos.

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