El Gobierno ha anunciado recientemente su propósito de modificar la ley electoral para que los exiliados vascos –a los que, si siguiéramos la terminología internacional consagrada por ACNUR, nos deberíamos referir como "desplazados internos"– puedan votar en las elecciones autonómicas de su región de origen, reparando así una injusticia heredada tras los largos años en los que el terrorismo de ETA, unido a otras presiones nacionalistas, ha provocado un imponente movimiento de población en el País Vasco que ha vaciado significativamente su demografía.
No entraré aquí a especular acerca de la plasmación jurídica de esta intención política, pues no soy experto en el tema, aunque sí destacaré que la del voto ha sido una reivindicación señera de los vascos del exilio que, hace ya unos cuantos años, empezaron a organizarse al amparo del Foro Ermua. Fue precisamente esta organización la primera en presentar una proposición de ley sobre el asunto que se trasladó a los grupos parlamentarios del Congreso. Parece, por ello, que esta iniciativa comienza ahora a dar sus frutos.
Pero sí me interesa aludir en este artículo a las dimensiones que ha podido alcanzar ese exilio, pues, a pesar de que los datos correspondientes se encuentran disponibles para todos, ha habido una cierta cacofonía al aludir a ellos, sin que ninguno de los políticos promotores del proyecto haya sido capaz de ponerlos en orden.
Lo primero que hay que considerar sobre este asunto es la anomalía vasca en materia migratoria. Las regiones de alto nivel de renta suelen ser receptoras netas de inmigrantes, toda vez que ofrecen oportunidades de empleo y bienestar a los ciudadanos procedentes de las regiones menos desarrolladas. Esto ha sido así, en España, desde hace más de un siglo y, por ello, llama la atención la anomalía del País Vasco durante el período que se abrió en 1976 y que parece haberse casi cerrado en 2011. En efecto, durante esas tres décadas y media, el saldo migratorio interior vasco ha sido negativo: un total de 531.650 personas, según nos señala la Estadística de variaciones residenciales del INE, se marcharon del País Vasco y fijaron su residencia en otras regiones de España; y, a su vez, hubo 340.930 españoles de otros lugares que emprendieron el movimiento inverso, yéndose a vivir al País Vasco, con lo que el saldo migratorio fue de -190.720 individuos.
La salida de los residentes vascos de su tierra fue creciente con el tiempo. En promedio, desde 1975 hasta 1985, se marcharon unos 12.000 cada año; durante el decenio y medio siguientes, hasta el final del siglo, la cifra anual se elevó a 14.000; y en la última década ha llegado hasta los 17.000. El terrorismo de ETA ha estado detrás de este fenómeno, pues al incidir muy negativamente sobre el potencial de crecimiento del País Vasco, ha provocado una importante reducción de las oportunidades de empleo, generando así un incentivo a la emigración. Además, el terrorismo ha supuesto para muchos vascos una persecución y una amenaza por razones ideológicas, dando lugar a un fenómeno de desplazamiento interior, a un exilio político.
Conviene precisar ambos fenómenos aunque, en la perspectiva estadística, permanezcan entrelazados sin que sea fácil ni seguro deslindarlos cuantitativamente. El de la contracción del crecimiento potencial de la economía vasca, provocada por la violencia terrorista, ha sido comprobado analíticamente en sendos trabajos publicados por Alberto Abadíe y Javier Gardeazábal y Rafael Myro, Alberto Colino y Patricio Pérez, este último el libro que yo edité acerca de la Economía de la secesión. A partir de sus hallazgos, se puede determinar que, como resultado de su menor crecimiento, el País Vasco dejó de generar un amplio número de empleos, lo que, por mediación de los movimientos migratorios a los que antes he aludido, acabó reflejándose en el tamaño de la población. Para que los lectores se hagan una idea, puedo señalar que los resultados de un ejercicio contrafactual que publiqué en mi libro ETA,S.A., en el que se proyectó una economía vasca sin terrorismo cuya trayectoria de desarrollo se mantenía en la senda anterior a la eclosión de este fenómeno de violencia política, señalan, para el año 2011, un empleo de 1.245.000 trabajadores en la región –es decir, 264.000 más de los 981.000 realmente existentes–, así como una cifra de población de 2.741.000 habitantes –o sea, 606.000 más de los actuales 2.135.000–. Esta cifra de seis centenares de miles de personas es la que refleja el vaciamiento demográfico que, por causa de ETA, ha experimentado el País Vasco hasta ahora.
Pero queda por aclarar la dimensión del exilio estrictamente político. Lamentablemente ninguna estadística ni ninguna encuesta nos pueden orientar al respecto, pues este fenómeno no ha sido objeto de ninguna investigación sociológica. Por ello, lo único que puede hacerse es recurrir a algún procedimiento comparativo que permita atribuir a razones políticas la residencia fuera de la región. El Censo de la población de 2001 –el último que, por el momento, se ha publicado– revela que, de todos los nacidos en el País Vasco, en dicho año, un 14,3 por ciento vivían en otros lugares de España. En las otras regiones desarrolladas del país, esa proporción era aproximadamente de la mitad, lo que viene a indicar que los vascos residentes fuera de su región de nacimiento eran el doble de lo previsible. En otras palabras, se habían visto impelidos a emigrar por razones extraordinarias, muy probablemente por motivos políticos. Unos 125.000 vascos se encontraban en esa situación.
Por tanto, con referencia al año 2001, se puede establecer razonablemente que el exilio vasco se cifraba en unas 125.000 personas –lo que se corresponde con entre 25.000 y 30.000 familias–. Si tenemos en cuenta que, desde que el fenómeno terrorista adquirió relieve a mediados de la década de los setenta, para aquella fecha se había acumulado una salida bruta de 374.000 personas, puede concluirse que alrededor de un tercio de la emigración vasca tuvo una motivación política. Y si extendemos esta proporción hasta 2011 con las cifras anotadas al comienzo de este artículo, podemos concluir que el exilio provocado directamente por el terrorismo ha podido afectar a unas 177.000 personas.
En resumen, si la ley electoral cambia para dar entrada en las elecciones autonómicas vascas a los emigrantes interiores de las últimas tres décadas y media, el censo electoral podría aumentar, como máximo, con los que hayan sobrevivido de entre los 531.000 que han abandonado el País Vasco. Y si el criterio para formar ese censo fuera más estricto y se ciñera sólo a la causación política de la migración, la cifra se circunscribiría a los supervivientes de entre los 177.000 a los que he aludido.
¿A qué opción política votarán estos vascos salidos de su tierra? Los nacionalistas temen, y así lo han expresado sin ambages, que los exiliados se inclinarán masivamente por los partidos constitucionalistas. Sin embargo, yo no estoy tan seguro de ello, pues el exilio vasco ha sido más transversal de lo que se cree y, seguramente, hay muchos nacionalistas moderados entre los emigrados, como cualquier visitante de las Euskal Etxeas puede comprobar. Por ello, merecería la pena que la investigación sociológica se adentrara en este terreno, zanjando así lo que, de momento, no son más que meras especulaciones. En todo caso, no es el sentido del voto lo relevante, pues de lo que se trata es de reparar la injusticia histórica que, para los que se exiliaron y para los que emigraron en busca de un empleo, provocó el terrorismo.