Despejada la incógnita de la reforma fiscal con el proyecto presentado por el ministro Montoro, puede decirse ya sin lugar a dudas que el impulso reformista con el que comenzó la legislatura del PP ha perdido fuelle frente a la pachorra conservadora que el presidente Rajoy ha logrado finalmente imprimir en todas las áreas del Gobierno. Constatar esa circunstancia no implica negar los evidentes logros de éste, principalmente en el terreno económico y también en la política exterior. Y no son tareas menores las de haber sacado a España de la profundidad de la crisis económica y financiera, salvando la quiebra del sistema bancario e impidiendo un default, un impago de la deuda pública, que estaba a las puertas; ni tampoco la de haber restaurado, al menos parcialmente, el prestigio internacional del país, singularmente en el ámbito europeo, donde la credibilidad de nuestras instituciones había quedado arrasada por el zapaterismo.
Sin embargo, España necesitaba mucho más que eso. La crisis económica irrumpió con su fuerza destructora de la producción y el empleo -hasta reeditar una tasa de paro que no se veía desde hace años y que ha vuelto a situar a nuestro país entre los más lastrados del continente- no sólo por el imponente impulso que llegaba del exterior con el asunto de las hipotecas-basura norteamericanas y sus derivaciones hacia la anulación de la liquidez internacional, también por los excesos políticos y económicos locales que habían conducido a un país crecientemente invertebrado -con un Estado cuyo territorio iba mermando en favor del de unas comunidades autónomas lanzadas hacia la reconstrucción de las viejas taifas, siempre añoradas por el poder oligárquico regional- e incapaz de sujetar un gasto público desbocado por todo tipo de despilfarros y corrupciones. El país necesitaba recomponer su unidad, rehacer su mercado interior, conducir sus Administraciones hacia la estabilidad presupuestaria y reencontrar una senda de conciliación entre los españoles. La agenda reformista era por ello formidable y no podía resolverse sólo con gestiones más o menos ordinarias -incluso en el terreno de lo excepcional-, sino con cambios institucionales que habían de rehacer algunos aspectos de la Constitución, sobre todo en lo que concierne a la regulación de la estructura territorial del país, al sistema electoral y a la regeneración democrática de los partidos políticos y los sindicatos.
De esa agenda reformista, casi sólo los capítulos económicos han llegado a desarrollarse -y aun así de manera limitada, pues acotados han sido los cambios en aspectos tan importantes como la regulación del mercado de trabajo, el rigor en el cumplimiento de los principios establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la recomposición de la unidad de mercado o el aumento de la capacidad recaudatoria del sistema fiscal-, mientras que los de naturaleza más política o social se han quedado casi en agua de borrajas -como la reforma de las Administraciones Públicas, el atajo a la corrupción, la regulación del aborto o el cuarto pilar del Estado del Bienestar- o se han desenvuelto en un menguado perímetro -como ha ocurrido con una reforma educativa que ha dejado casi inalterado el sistema universitario-. Y los temas institucionales de mayor calado se han quedado prácticamente en nada, pues nada es lo que se ha hecho para avanzar en la solución de los problemas territoriales -como el de la delimitación del ámbito competencial autonómico o el de la desigual financiación de los gobiernos regionales, hasta llegar al privilegio en los casos del País Vasco y Navarra-, para hacer frente al desafío secesionista de los nacionalistas catalanes, para reformar un sistema electoral que incentiva el inmovilismo, la burocratización y la desideologización de los partidos políticos -amén de no preservar el secreto del voto o de procurar una financiación a los actores electorales que los ubica en una asimétrica posición de partida en todo tipo de comicios- o para impulsar la regeneración democrática de los partidos y las organizaciones sindicales.
Es cierto que en las últimas semanas, singularmente en los actos veraniegos del PP, el presidente Rajoy ha aludido a una agenda de regeneración democrática en la que se mezclan asuntos tan dispares como la reducción del número de aforados, la elección de los alcaldes, la reducción de municipios y hasta una posible reforma constitucional. Pero no hay nada concreto y el discurso es más bien difuso. Por poner sólo un ejemplo, en el tema de la elección de alcaldes, entre los líderes populares se habla en unos casos de dar acceso a los gobiernos municipales a los cabezas de las listas más votadas y en otros de su elección directa, incluso en un sistema a dos vueltas. Ni que decir tiene que las sospechas de electoralismo sobrevuelan a las borrosas propuestas que se formulan. Lo mismo que, por cierto, ha ocurrido con la reforma fiscal, cuya limitación a los dos principales impuestos directos y cuya concreción en la modificación de los tipos impositivos se orienta con nitidez a la recuperación del voto de las clases medias asalariadas, sobre todo en su segmento de menor renta, a la vez que trata de cultivar clientelarmente a los tres millones de trabajadores autónomos que se integran en nuestra población activa. Y si la Ley Montoro es el más acabado ejemplo de la deriva reformista del PP, no cabe duda de que las tareas aún urgentes se quedarán inéditas.
Uno de mis viejos maestros en la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense comentó en cierta ocasión, siendo yo alumno, que de la reforma fiscal de don José Larraz, allá por diciembre de 1941, nació la Revolución Pendiente de la Falange Española, ya asimilada entonces por el franquismo. El prudente ministro de Hacienda pretendió con su reforma la suficiencia de los recursos del Estado, modificando con generalidad las figuras impositivas, aumentando sus tipos de gravamen y dando un especial énfasis al incremento de la imposición directa; buscaba con esta y otras medidas "la reconstrucción del país en el medio plazo", como señaló José Ángel Sánchez Asiaín en el homenaje que rindió a Larraz la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Fue entonces cuando los falangistas comprendieron que sus veleidades radicales de carácter colectivista, entre las que se incluían la nacionalización de la banca y de los grandes servicios públicos o el reparto de la tierra entre los campesinos, ya no tendrían cabida en la gestión política del Estado; y desde aquel momento se refirieron a ello con añoranza aludiendo a la revolución pendiente. Quizás sea abusar del símil histórico, pero no me resisto de momento a pensar que con la pacata reforma fiscal de Montoro ha llegado la hora del reformismo pendiente.