Los resultados de las elecciones en el País Vasco han dado la victoria al PNV, dejado clara su hegemonía entre el electorado nacionalista. De esta manera, el partido sabiniano ha sido la fuerza más votada en Vizcaya y Álava, y ha empatado con la izquierda abertzale en Guipúzcoa. Ello implica que, aunque el partido de ETA –en esta ocasión EH Bildu– haya logrado el segundo puesto, su posición ha quedado debilitada con respecto a los anteriores comicios generales, en los que Amaiur aventajó sobradamente al PNV en dos de los tres territorios forales.
Por otra parte, el PSE ha retrocedido ostensiblemente, perdiendo más de un tercio del su electorado y de sus diputados, dejando así evidenciado el error que cometió Patxi López al forzar el adelanto electoral, a la vez que intensificaba sus guiños al electorado abertzale y se empeñaba en una política de oposición al ajuste de las Administraciones Públicas propiciado por el PP, mientras iba acumulando un déficit cuya dimensión real conoceremos en los próximos meses. Este fracaso, unido al que con una dimensión aún mayor han cosechado los socialistas gallegos, va a plantear de manera inmediata una severa crisis en la actual gobernación del PSOE.
A su vez, el PP ha tenido las pérdidas esperables con la presencia del partido de ETA en los comicios. Basagoiti ha aguantado el envite y, por tanto, nadie va a poner en cuestión su política de moderación con respecto al problema del terrorismo y de entendimiento con el nacionalismo. Además, el hecho de que el PP haya ganado sobradamente las elecciones en Galicia, reforzando de paso el liderazgo de Mariano Rajoy en la dirección nacional del partido, coloca a los populares vascos en una posición de interlocución con respecto al futuro Gobierno nacionalista del País Vasco.
Señalemos, finalmente, que Upyd ha repetido resultados, sin añadir ni restar nada a su actual ubicación marginal dentro del panorama político vasco.
Con este desenlace electoral, la cuestión que se plantea es la de la formación del nuevo Gobierno vasco y la de la orientación de su política. Es indiscutible a este respecto que el PNV va a armar y liderar ese Gobierno y, en mi opinión, va a intentar hacerlo en solitario, pactando la investidura con el PP y, eventualmente, con el PSE. Descarto la opción de un Gobierno de coalición con EH Bildu porque ello desacreditaría al PNV ante gran parte de su electorado y porque, como ha demostrado la experiencia de Eusko Alkartasuna, una operación así le haría correr el riesgo de ser fagocitado por el partido de ETA. Y descarto también la posibilidad de concertar el Gobierno con el PSE porque, en las actuales circunstancias, ello implicaría otorgar una tabla de salvación a este partido y, al mismo tiempo, una legitimación de su gestión al frente del Ejecutivo durante la pasada legislatura, entrando así en contradicción con el discurso que ha llevado a Urkullu a las puertas de la Lehendakaritza.
Al menos en una primera etapa de su acción de gobierno, el socio preferido por el PNV será el Partido Popular. Éste es, en efecto, quien tiene la posibilidad de facilitar a Urkullu la consecución de su programa en el terreno económico. Recordemos que el dirigente nacionalista ha señalado reiteradamente que la prioridad de su política, al menos durante la primera mitad de la legislatura, es combatir la crisis económica. Ello va a implicar un severo ajuste presupuestario –en línea con lo marcado por Rajoy en el conjunto nacional–, a la vez que se gestionan unas nuevas bases fiscales para el País Vasco, entrando principalmente en la gestión del IVA, y posiblemente también una ampliación de las competencias del Gobierno regional hacia el terreno fiscal, en detrimento de las facultades reglamentarias de las Diputaciones Forales. Ello supondrá la necesidad de pactar un nuevo concierto económico –a lo que el PP, debido a su orientación foralista, no es en absoluto reacio– y también una nueva Ley del Cupo –además, obligada, porque la actual se encuentra prorrogada después de que, al finalizar el año pasado, terminara su período de vigencia–.
Ambas normas son de carácter estatal y sólo podrán ser aprobadas gracias a la mayoría popular en el Congreso. En consecuencia, el nuevo Gobierno vasco va a estar muy interesado en mantener relaciones fluidas con el partido de Rajoy. El PP, a su vez, puede encontrar ventaja en dicha situación, pues aunque no necesita los votos del PNV, dada su mayoría absoluta, éstos le pueden ayudar a legitimar su política, singularmente, en el terreno económico.
Es cierto que una política concertada entre el PNV y el PP puede encontrar áreas de fricción en lo que se refiere a la cuestión del final del terrorismo. Pero creo que, en esto, seguramente las apariencias son más llamativas que la realidad y es factible llegar a algún tipo de entendimiento, siempre que las decisiones sean parsimoniosas y no se precipiten ante la presión que, sin duda, va a ejercer EH Bildu.
Señalaré, finalmente, que no olvido la vertiente soberanista del programa nacionalista, aunque creo que ésta no se manifestará con cierto empuje hasta la segunda mitad de la legislatura. Si el PNV obtiene avances llamativos en el concierto económico, es probable que los presente como parte de su aspiración a un mayor autogobierno, y que ello sea la excusa para frenar cualquier veleidad independentista. Hay que recordar a este respecto que sólo aproximadamente un tercio de los votantes nacionalistas desean la secesión del País Vasco, en tanto que son la mitad los que únicamente aspiran a la ampliación de la autonomía. Si además al cambio fiscal le acompaña una mejora, siquiera mínima, de la situación económica, entonces es probable que el discurso soberanista se modere, a la espera de unas nuevas elecciones en las que se puedan revalidar e incluso mejorar los resultados alcanzados ayer. Pero esta es una historia que sólo podrá escribirse cuando termine la legislatura que ahora comienza.