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Los presos de ETA y el 'juego del gallina' (3): ¿Qué hacer?

Los intentos de emplear la política penitenciaria para abrir una brecha en ETA y favorecer así su debilitamiento y su final, se han saldado hasta ahora con un rotundo fracaso. Por ello, ha llegado el momento de corregir radicalmente esa política.

Mikel Buesa
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¿Cómo conjurar el maleficio del juego del gallina? ¿Es posible imaginar un procedimiento que abra la posibilidad de lograr un cierto éxito mediante una política activa de reinserción de los terroristas? Lo que me propongo en esta última entrega de mi artículo es establecer los fundamentos de un diseño para esa política que modifica las condiciones de dicho juego y que se inspira en la experiencia italiana de la disociación.

Quizás convenga empezar por esta última. En 1987, ocho años después de que, por primera vez, se regulara en Italia la figura del arrepentimiento específicamente referida a los terroristas, se completó la correspondiente legislación con el reconocimiento de la disociación. Lo que había ocurrido entretanto es que los éxitos policiales en la lucha contra las Brigadas Rojas y otras organizaciones armadas habían colocado dentro de las cárceles a casi todos sus militantes activos. Los arrepentidos, los pentiti, entre quienes se contaban los principales dirigentes de las Brigadas Rojas, habían actuado como delatores –tal como exigía la ley– a fin de obtener beneficios penitenciarios, coadyuvando así a la represión del terrorismo. Pero una buena parte de los activistas detenidos tenían poco que contar porque su trabajo en la base de las actividades terroristas no les había permitido obtener demasiada información acerca de la organización. No podían ser arrepentidos, pues el arrepentimiento iba vinculado a la delación. Las autoridades italianas legislaron para amparar este tipo de casos, creando la figura de la disociación, de manera que los convictos que, además de admitir su actividad delictiva y repudiar la violencia política, se desvincularan definitivamente de las organizaciones terroristas y lo acreditaran con su comportamiento, podían ser premiados con un tratamiento penitenciario favorable. Los resultados obtenidos permitieron abrir una brecha significativa en la población carcelaria, separando a los disociados del núcleo irreductible de las organizaciones armadas. Éstas fueron derrotadas gracias a la acción policial y judicial, pero su dilución definitiva estuvo favorecida por la legislación que se acaba de mencionar.

En España, como mencioné en una entrega anterior, el arrepentimiento fue adoptado por la ley penal en 1988 como elemento necesario para que los terroristas pudieran acceder a la libertad condicional, pero los legisladores de entonces –y los que posteriormente modificaron el Código Penal– no consideraron conveniente albergar en la ley española la figura de la disociación, más allá de considerarla una circunstancia atenuante del delito, en tanto que fuente de beneficios penitenciarios. Y, sin embargo, tanto en la vía Nanclares como ahora, de una manera más explícita, en el programa abierto por Fernández Díaz, la disociación –y no el arrepentimiento– han sido las fuentes principales del otorgamiento de un tratamiento favorable a los reclusos de ETA que se han avenido a entrar en ellos. Tal cosa ha sido posible gracias a la aplicación extemporánea del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario; una norma pensada para otros casos a la que se han agarrado las autoridades del Ministerio del Interior, con la aquiescencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, como único procedimiento disponible para aplicar su política. Se ha desvirtuado así la norma y el Estado de Derecho se ha resentido. Resuena, por ello, la advertencia que, en su discurso de despedida como director de la Fiscalía de la Corona británica, pronunció, en octubre de 2008, lord Ken Macdonald: "El mejor modo de desinflar las amenazas (terroristas) consiste en fortalecer nuestras instituciones en lugar de degradarlas".

La vía para modificar la estructura del juego del gallina pasa, precisamente, por el fortalecimiento de las instituciones frente al terrorismo. Desde mi punto de vista, serían tres los pasos a dar por parte del Gobierno. El primero consiste en desactivar la utilización del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario con respecto a la política de reinserción de terroristas, de manera que se evite el exceso de discrecionalidad que se ha venido dando en los casos tratados durante la vigencia de la vía Nanclares. Los presos de ETA –y también la sociedad en general– deberían tener claras las reglas a las que puede sujetarse su reinserción y, sobre todo, deberían saber que ésta no va a estar supeditada a los avatares de la política.

Un cambio así tendría que estar acompañado, en segundo lugar, por la promulgación de una ley sobre la disociación en la que se establecieran con claridad los beneficios penitenciarios a los que pueden aspirar los terroristas que renuncien voluntariamente a su vinculación con la organización a la que pertenecen. De la misma manera, la referida ley debería tasar los comportamientos que se esperan en el recluso disociado y los procedimientos de verificación de su separación con respecto a ETA o cualquier otra banda terrorista. Además, para deshacer el maleficio del gallina, sería necesario que, al menos en una primera fase, la posibilidad de que cualquier preso pudiera manifestar su deseo de desvinculación tendría que limitarse temporalmente a un plazo razonable no superior a los seis meses. Ello permitiría dejar claro a los etarras o a los miembros de otros grupos terroristas que están en prisión, que el tren de la disociación sólo pasa una vez hasta tanto las organizaciones en las que se integran no se disuelvan.

Sin embargo, una vez que se haya comprobado por los servicios del Estado el definitivo final de las referidas organizaciones o que se constate que todos sus miembros se encuentran encarcelados, la aplicación de la ley de disociación podría flexibilizarse, de manera que cada dos o tres años se pudiera abrir un plazo para la admisión de nuevas demandas de reinserción. Todo ello, sin perjuicio de la aplicación ordinaria del Reglamento Penitenciario, de manera que los presos terroristas que por su comportamiento lo merezcan, pudieran progresar de grado, llegando incluso hasta la libertad condicional. No se trata, por tanto, de sustituir los procedimientos establecidos actualmente en la legislación penal y penitenciaria, sino de complementarlos con la finalidad explícita de propiciar la disolución de las organizaciones armadas.

Finalmente, el tercer paso de este replanteamiento de la política de reinserción debería ser la legitimación de las víctimas para ser parte interesada en los procedimientos administrativos y penales relacionados con los terroristas que causaron su infortunio. Ello supone dar un paso más allá de lo establecido en la vigente Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, en la que ya se establece el derecho de éstas a tener información de "todo lo relacionado con la ejecución penitenciaria (de las sentencias judiciales) hasta el momento del cumplimiento íntegro de las penas, particularmente en los supuestos que supongan concesión de beneficios o excarcelación de los penados". Se trata, por tanto, de trascender lo que en la citada Ley no es más que un procedimiento de comunicación –que, por cierto, todavía no se ha desarrollado, con lo que las víctimas ignoran actualmente lo que ocurre con sus victimarios cuando están encarcelados–, para ampliar el derecho de las víctimas a ser oídas en los casos de reinserción. Con ello no pretendo que las víctimas puedan condicionar o subordinar a sus intereses las decisiones de la política penitenciaria –pues entiendo que, en una sociedad democrática, a quien corresponde la legitimidad para desarrollarla es al Gobierno salido de las urnas–, sino más bien que esos intereses, expresados en cada caso concreto y no a través de sinuosos medios de representación, sean tomados en consideración por quienes ejercen la responsabilidad de tomarlas.

Concluyo. Los intentos de emplear la política penitenciaria para abrir una brecha en ETA y favorecer así su debilitamiento y su final, se han saldado hasta ahora con un rotundo fracaso. Por ello, ha llegado el momento de corregir radicalmente esa política, de abrir en ella la posibilidad del éxito y de conjurar el maleficio del juego del gallina que corresponde a su diseño. Los elementos analíticos que se requieren para esa tarea están ya planteados. Ahora corresponde al Gobierno hacer que no se cumpla, una vez más, lo que observó François Bizot al reflexionar acerca de su experiencia como prisionero de los jemeres rojos: "Nuestro drama en la tierra es que la vida, sometida a la atracción del cielo, nos impide corregir los errores de la víspera, como la marea en la arena lo borra todo en su retorno".

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