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Mikel Buesa

Una crisis política

La crisis política conduce a la parálisis administrativa y de gobierno. Impide que los partidos políticos lleguen a los acuerdos que demandan los ciudadanos para afrontar los devastadores efectos que la depresión está teniendo en familias y empresas.

Mikel Buesa
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La persistencia y profundidad de la crisis económica por la que atraviesa España, con un perfil diferencial con respecto a la mayor parte de los países occidentales, unida a la terquedad de un Gobierno, como el de Rodríguez Zapatero, empeñado en trastocar el sentido de la interpretación de todos los indicadores disponibles para salvar su propia imagen, ha dejado en un segundo plano, casi completamente oculta, la existencia de una crisis política que pone en cuestión el sistema institucional que, con la transición a la democracia, se plasmó en la Constitución de 1978.

Esta crisis política ha tenido su expresión más acabada en el polémico Estatuto de Cataluña, acerca del cual se espera un pronunciamiento del tribunal Constitucional que, sea cual sea su sentido, llegará demasiado tarde para enmendar una trayectoria que se emprendió mucho antes de que los nacionalistas catalanes lograran imponer un compromiso con ellos al presidente Zapatero. Porque, en efecto, la crisis política se ha ido gestando muy lentamente, a lo largo del último cuarto de siglo, a partir de la decisión que tomó el presidente Suárez de repartir el "café para todos" e imponer el sistema autonómico a todas las regiones de España, incluso a las que, por trayectoria histórica, carecían de existencia real. Aquella decisión trastocó un instrumento desafinado –el título octavo de la Constitución– que, en principio, estaba destinado a encontrar una respuesta institucional a los problemas vasco y catalán, y abrió una Caja de Pandora cuyo resultado no fue otro que el de alentar la inveterada tradición española como la de fragmentar el poder en multitud de taifas locales. Pues, en aquel momento, si bien era cierto que la pulsión nacionalista exigía hacer algo con urgencia en el País Vasco y, quizás con menos premura, en Cataluña, ello no significaba que hubiera que extender hacia todos los rincones de nuestra geografía el ímpetu disgregador de unos poderes locales que, en virtud de la letra de la Carta Magna, podían crecer sin límite.

Y crecieron. En una primera etapa muy pausadamente, pues se hacía necesario levantar las estructuras burocráticas del poder autonómico. Después, seguramente debido a que, durante los gobiernos de Felipe González, las mayorías absolutas daban a éstos una cómoda capacidad para resistir las tensiones descentralizadoras, con una clara orientación hacia las tareas administrativas y reguladoras, pero evitando la gestión de los servicios públicos propios del Estado del Bienestar. Éstos llegaron cuando, tras las elecciones de 1996, se evidenció que, para gobernar el país, era imprescindible el concurso nacionalista, pues, para entonces, ya se había consolidado un reparto de los frutos electorales que concedía a los partidos vascos y catalanes de raigambre local un poder desmesurado con respecto a su representación institucional. Y, en efecto, con los gobiernos del presidente Aznar llegó el que, en su momento, se vislumbró como un modelo definitivo de descentralización en el que no sólo se incluían las competencias ejecutivas y legislativas, sino también la participación de las comunidades autónomas en el manejo del sistema fiscal del Estado.

Pero ese modelo final no era más que una ilusión, como se desveló a partir del momento en el que asumió el poder Rodríguez Zapatero. La debilidad de su posición parlamentaria, unida a la carencia de unos principios ideológicos firmes que conducía a un relativismo práctico orientado únicamente hacia la persistencia en el poder, impulsó un salto cualitativo en el reparto del poder que suponía cuestionar los fundamentos mismos del sistema institucional. De los polvos del "café para todos" nacieron los lodos de la discusión acerca de las raíces locales de la soberanía; y, con ello, se pasó de la descentralización a la fragmentación del Estado. Tal es el sentido del Estatuto de Cataluña y, con menos estridencia, de los demás que se han reformado en estos últimos años.

Que la descentralización ha llegado demasiado lejos lo deja claro una simple estadística comparativa. En España, antes de las últimas reformas estatutarias, casi el 36 por 100 del gasto público total correspondía a las comunidades autónomas, una cifra ésta que excede en mucho el promedio de los países federales de la Unión Europea –Bélgica, Alemania y Austria– en los que a los gobiernos regionales corresponde sólo una cuarta parte de aquella magnitud. Si se tiene en cuenta, además, que las corporaciones locales, en estos últimos años, gracias al desarrollo desmesurado de lo que en la jerga de los ayuntamientos suelen denominarse "competencias impropias" y que no corresponde sino a la invasión del ámbito competencial de otras administraciones, se han hecho con el 13 por 100 de la tarta pública, y que, además, la Seguridad Social participa en otro 30 por 100, al Estado central sólo le queda al gestión de un poco más de un quinto del total.

El Estado ha adelgazado así de una manera desmesurada quedándose casi sin margen para la aplicación de políticas discrecionales. Y si a todo ello se añade que, en virtud del desmesurado temor que suscita la colisión con los intereses autonómicos, en la práctica ha renunciado a ejercer sus competencias residuales para disciplinar el gasto de las demás administraciones o para domeñar el desenfreno regulador de éstas a través de leyes de armonización, el resultado no ha podido ser otro que el de su parálisis y, con ella, el de la incapacidad del gobierno nacional para afrontar los problemas que preocupan a los ciudadanos.

La conclusión anterior no es mera retórica. Ahí están las enormes dificultades del Gobierno de Zapatero para corregir el desequilibrio de las cuentas públicas; para lograr que los ayuntamientos dejen de recurrir al expediente de no pagar a sus proveedores para seguir manteniendo servicios que no les corresponden pero de los que se derivan suculentos réditos electorales; para articular una política nuclear desde su exclusiva competencia en la materia; para hacer avanzar la estabilización financiera en el segmento de las cajas de ahorro; para hacer que en determinadas comunidades autónomas se cumplan las leyes educativas y, de paso, lograr que la alta inspección en esta materia funcione; para interconectar los distintos segmentos de la administración de justicia; para corregir los desequilibrios hídricos que la naturaleza ha impuesto sobre el país; para evitar la creciente fragmentación del mercado interior en los sectores sobre los que inciden de una manera decisiva las regulaciones autonómicas; y, así, un largo etcétera.

La crisis política conduce, en definitiva, a la parálisis administrativa y de gobierno. Impide que los partidos políticos lleguen a los acuerdos que demandan los ciudadanos para afrontar los devastadores efectos que la depresión de la economía está teniendo en las familias y en las empresas. Ello es así porque las fuerzas mayoritarias –el PSOE y el PP– sólo pueden fiar su destino al logro de una minoría suficientemente amplia que les permita gobernar con el apoyo de alguno de los partidos de menor representación. Éstos, a su vez, se aprestan a subastar el poder que les otorga su posición en el sistema para apoyar al mejor postor de sus espurios intereses. Tal es el comportamiento habitual de nacionalistas y comunistas; y en el caso del partido de Rosa Díez ya nadie puede fiarse de ella por sus veleidades autoritarias –que le han conducido a eliminar cualquier atisbo de democracia en la gestión interna de su organización–, y su adscripción programática al Estado federal, así como por el populismo con el que ha decidido impregnar sus intervenciones políticas.

La solución a todos estos problemas no es una tarea fácil, pues no sólo habrá que suscitar la adhesión de unos ciudadanos que desconfían de los políticos hasta el punto de considerarlos, en conjunto, como uno de los principales problemas del país, sino que habrá que afrontar, simultáneamente, cambios en las instituciones y sacrificios económicos. El panorama al que nos enfrentamos no es nada alentador y, por ello, son muchos los que piensan que, como escribió el iraquí Alfred Shmueli, "debemos dejar que aquellos que asumen la responsabilidad de hacer girar esta gran rueda corran el riesgo de ser aplastados por ella". Sin embargo, podría ocurrir que, en esa rotación, todos nos viéramos implicados y que los paisajes de nuestra infancia y nuestra madurez acabaran arrasados por los acontecimientos.

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