Lo más inquietante de que el club de amigos del talante», constituido en Consejo de Ministros, estudie la posibilidad de expropiar las viviendas desocupadas, es que todos hemos considerado la noticia perfectamente verosímil. España es el único país del mundo civilizado, en el que el gobierno se ve obligado a explicar públicamente que no pretende incautarse de las propiedades de sus ciudadanos. Sólo falta que Montilla convoque una rueda de prensa para aclarar que no piensa ordenar el cierre de la COPE ni la detención de sus locutores (de momento), y tendremos el cuadro completo de lo que ZP entiende por profundizar en nuestro sistema de libertades. Lo cierto es que para llevar tan sólo un año y medio al frente del país, el saldo no puede ser más elocuente.
Lo más incomprensible, al menos para algunos, es la sorpresa que esta innovación jurídica del borrador de la Ley del Suelo ha provocado entre analistas políticos y tertulianos. Tengo escrito que el gobierno surgido del 11-M no ha adaptado (aún) nuestra democracia al patrón de la «nueva experiencia venezolana», simplemente por nuestros condicionantes geopolíticos, no porque no considere al régimen chavista un modelo referencial. De hecho, el felipismo primigenio, el más piafante, fue pionero en intentar la transformación radical del régimen de libertades surgido de la transición. Recordemos: Tan sólo cuatro meses después de ganar sus primeras elecciones, el gobierno socialista, a través de quien años después se convertiría en patrono del órgano de pensamiento oficial de la derecha liberal española, nacionalizó el emporio Rumasa mediante un decreto-ley «ad casum», y dicen que también «ad hominem», suceso inédito en la historia de las democracias liberales, que probablemente se siga estudiando en las facultades de derecho político de los países civilizados, como ejemplo de aberración que jamás debe tolerar un Estado de Derecho. Esa fue la muestra palpable del respeto que el derecho de propiedad, base de la libertad, merecía al socialismo español; no es raro que la fechoría se convirtiera más tarde en el referente mítico de los socialismos tercermundistas como ejemplo a seguir.
Los socialistas, es cierto, son muy sensibles a la «función social de la vivienda». Rafael Simancas, sin ir más lejos, vendió su segundo chalet precisamente por eso, por «la cosa social», aunque tal vez influyera también en su decisión la necesidad de activar la función social de la Playstation de su hijo y que nadie pudiera acusarle de especulador del videojuego. La ministra Trujillo, por otra parte, posee una solución habitacional de trescientos metros cuadrados útiles, prácticamente inutilizados, en una lujosa urbanización de Cáceres. Y eso por no hablar de «Villameona», que es como quedó bautizada en su día la residencia de los Boyer, cuyos dieciséis retretes cumplen su función social intrínseca tan sólo muy esporádicamente por razones obvias.
En fin, que antes de provocar el nacimiento de dos o tres nuevos millones de Ruiz Mateos, la izquierda millonaria y multipropietaria debiera mostrarnos con su ejemplo cómo ha de entenderse la función social de la vivienda. Adelanto ya que en mi caso, somos cuatro de familia viviendo en una solución habitacional de setenta metros, socializados hasta el último resquicio. Quiero decir que si sorprendo algún día al comisario de viviendas desfuncionalizadas merodeando por mi barrio, del tartazo preceptivo no lo libra ni San Carrillo bendito. El que avisa...
