El Tribunal Constitucional de España acredita una trayectoria sin parangón en derecho comparado, jalonada de estropicios a cual más dañino para la nación y la libertad de sus ciudadanos. No ha habido enjuague de la clase política que el Tecé no haya sancionado con el incienso inapelable de sus dictámenes, con la virtud añadida de que sus actuaciones han sido igual de nocivas con gobiernos del PSOE y del PP. Su última tarascada a las libertades civiles ha sido la legalización de una de las franquicias de la ETA enmendando la plana al Supremo para que la mezquindad fuera completa, pero en esto también llueve sobre mojado a poco que se preste atención a la acrisolada ejecutoria de un órgano jurisdiccional, nuestro Tecé, caracterizado por el menoscabo contumaz de los principios que por mandato constitucional tiene la obligación de preservar.
Todo comenzó con la expropiación de Rumasa por los socialistas, recién llegados al poder, cuyo expolio hubo de ser validado después de varias prórrogas y muchas discusiones con el voto de calidad de su presidente, objeto de una presión política y mediática sin precedentes. García Pelayo, magistrado ejemplar hasta ese momento, dimitió al año siguiente y se exilió a Venezuela donde murió unos pocos años después. Un par de años después, y ante el serio aviso de que una alta magistratura pudiera oponerse a los dictados de González, el PSOE dejó en manos de Alfonso Guerra la ejecución pública de Montesquieu con una Ley Orgánica del Poder Judicial que consagró oficialmente el fielato político de los nombramientos judiciales.
Con Aznar en el gobierno, el Tecé consideró inaceptable que una ley liberalizara el uso del suelo acabando de paso con el principal foco de corrupción institucional, así que decidió anular la mayor parte de la norma para que ayuntamientos y comunidades autónomas, estas últimas impulsoras del recurso de constitucionalidad, pudieran seguir manteniendo esa fuente de ingresos irregulares que tanto bien ha hecho a la imagen pública de la casta.
Después llegaría la sentencia sobre el nuevo estatuto de Cataluña, dilatada adecuadamente durante varios años para que la opinión pública se fuera macerando, que dio carta de naturaleza a la demolición del orden constitucional con tan sólo unas ligeras apreciaciones de orden semántico. Faltaba la guinda final del pastel, que el Tecé ha coronado espléndidamente con la legalización de las sucesivas franquicias de la ETA, la última de las cuales podrá dirigir los destinos de la comunidad autónoma vasca en cuanto se convoquen las preceptivas elecciones.
Con esta hoja de servicios en contra de la patria, la petición de la presidenta madrileña de convertir el Tecé en una sala más del Supremo resulta muy pertinente. Ya que tenemos que contar con un tribunal de estas características, situémoslo en la escala judicial allí donde sus daños puedan ser controlados. Rodeados sus miembros por verdaderos jueces y magistrados del Supremo igual les da por actuar como tales, en lugar de seguir siendo los palanganeros de la casta política más desvergonzada que hemos padecido probablemente en varios siglos. Por pedir que no quede.